El intendente de Lucas Ghi anunció que en el municipio de Morón no se podrán habilitar comercios cuyos titulares registren deudas por cuota alimentaria.
La medida fue presentada en el Palacio Municipal durante una actividad compartida con la ministra de Género de la provincia, Estela Díaz, y contó con la participación de funcionarias del gabinete local vinculadas a las áreas de gestión y de políticas de género. Según se explicó, el objetivo es incorporar un requisito adicional al trámite de habilitación comercial, obligando a quienes deseen iniciar una actividad económica a acreditar que se encuentran al día con sus obligaciones alimentarias.
Durante la presentación, el jefe comunal señaló que la iniciativa surge en un contexto de confrontación y desafíos políticos, pero sostuvo que el gobierno local continuará avanzando con propuestas que fortalezcan la presencia del Estado en defensa de los sectores más vulnerables. En ese marco, indicó que al momento de solicitar una habilitación comercial o industrial en el distrito se deberá presentar un certificado que acredite no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios. De esta manera, quienes mantengan deudas por cuota alimentaria con sentencia firme o convenio homologado judicialmente no podrán completar el trámite administrativo para desarrollar una actividad económica formal en el partido.
La disposición municipal se alinea con lo establecido por la legislación provincial que regula el Registro de Deudores Alimentarios, creado por la ley 13.074 y actualizado posteriormente por la ley 15.520. Este registro tiene como finalidad identificar a aquellas personas obligadas judicialmente al pago de alimentos que incumplen con esa responsabilidad, permitiendo que diferentes organismos estatales incorporen mecanismos que incentiven el cumplimiento de dichas obligaciones. En ese sentido, la medida busca reforzar herramientas institucionales destinadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulando acciones entre el municipio y el gobierno provincial.
La actividad en la que se realizó el anuncio también incluyó jornadas de formación de la Red Orgullo para trabajadores y trabajadoras municipales, orientadas a promover estrategias de acceso a derechos para la comunidad LGBTI+. Participaron funcionarios de distintas áreas del gobierno local, autoridades educativas y representantes del ámbito legislativo.
Así, entre capacitaciones, anuncios y declaraciones de compromiso institucional, el municipio sumó una nueva política pública a su agenda de gestión, con la expectativa de que la combinación de normas, registros y buenas intenciones logre algo tan sencillo —y a veces tan esquivo— como que las obligaciones se cumplan efectivamente.
