En el crecimiento de los delitos uno de los factores que opera es el de la impunidad, un delito no castigado es el camino a que se sigan cometiendo.
En ese sentido es fundamental el rol del sistema judicial, ya que éste es el encargado de investigar los delitos y perseguir a sus autores, y además aunque de esto se hable poco, del cumplimiento de sus condenas y su reinserción en la sociedad.
La policía salvo en los casos de flagrancia (sorprender a la persona autora de un delito cuando lo está cometiendo) siempre actúa por orden judicial, o debería hacerlo.
Aquí en la Departamental Morón (Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Merlo) para un total de 1.280.000 habitantes tenemos 16 unidades fiscales contando las de menores, las descentralizadas y las de violencia familiar y de género.
Las mismas han tenido que investigar durante los años 2021 y 2022 aproximadamente 136.000 delitos o sea 8500 cada una y esto suponiendo que las UFIJ (Unidades Fiscales de Investigación Judicial) no arrastren causas de años anteriores, porque muchas causas llevan mucho más de 2 años de investigaciones.
Ante una denuncia, la fiscalía debe solicitar al juez de garantía las medidas para comprobar tanto el carácter del delito como sus autores. (Detenciones, allanamientos, pericias científicas, etc), también aquí actúa la defensa que deberá solicitar las medidas que crea necesario para demostrar la inocencia del acusado.
Juzgados de garantías existen 6 en Morón, y entonces podemos decir que durante los años 21 y 22 tuvieron que intervenir en 22.600 causas cada uno.
El juzgado de garantías es el que determina la elevación a juicio de una causa, para lo cual obviamente deberá haber comprobado un delito y tener un presunto autor.
Una vez elevada la causa a juicio, puede la misma tener dos tratamientos distintos o ir a un juzgado “correccional” si la pena es menor a 6 años o a uno criminal si la pena prevista es mayor. En Morón hay 5 juzgados correccionales y 6 criminales.
Estos juzgados no están completos en su totalidad, o sea falta designar o jueces o personal de distinto tipo, por lo tanto a la hora de actuar suelen hacerlo de manera deficiente.
Hay que decir que la mayoría de los delitos no llegan a juicio porque no se pudo determinar quién es el autor, o sea que tenemos la denuncia y el delito pero su autor es un NN.
Los casos no terminan en los juzgados llamados de primera instancia; también está la sala de los tribunales de apelación, donde tanto la fiscalía como la defensa pueden recurrir si están disconformes con las sentencias.
Este es un mapa muy acotado, pero a simple vista se puede entender que realmente los juzgados y fiscalías son muy pocos, además hay que decir que no existe una “policía judicial”, o sea que los fiscales disponen sólo de policía -la bonaerense- para hacer las investigaciones, salvo en los casos en que el juez cree que la propia bonaerense es la que está vinculada al delito, en cuyo caso puede pedir la actuación de fuerzas federales. Si esto no sucede, muchas veces la policía se investiga a sí misma.
¿Los juzgados y fiscalías son suficientes?
A simple vista hay que decir que no, y según las expresiones del personal judicial, o sea de quienes trabajan en la justicia de Morón, habría que duplicar el número de juzgados para evitar la sobrecarga de trabajo. Otro tema y uno de los menos hablado en general, es el salario del trabajador judicial, en un momento se había logrado lo que se llamaba ley de “enganche” lo que llevaba a acoplar los salarios del personal al de los jueces, pero esto fue derogado y nunca repuesto.
Conclusiones
Con un poder judicial insuficiente, sin un equipo de investigación propio y con empleados mal remunerados es imposible dar el tratamiento adecuado al delito, y por lo tanto el resultado sobre la inseguridad será negativo. Claro está que de esto se habla poco y nada.
Todo es por culpa de la ideología del kirschnerismo, despedazó todo lo que tocó, y la inseguridad principalmente