Donald Trump tiene defensores que justifican su tropelías, otros que no las justifican pero las disculpan, los más que ignoran que tiene varias acusaciones judiciales por diversos ilícitos, y una condena por 34 casos de falsificación, y si no las ignoran al menos las disimulan por cuestiones ideológicas.
Resulta difícil aceptar sus muchas acciones políticas, sus contradicciones, sus numerosas mentiras. El gran escritor español Javier Cercas lo ha graficado así: «Trump es básicamente un impresentable, un sinvergüenza –dicho sea con el máximo respeto-, un tipo con quien nadie con dos dedos de frente se tomaría un café. ¿Qué otra cosa puede decirse de un ególatra furioso, un narcisista de manual, un evasor de impuestos, un delincuente convicto, un mentiroso redomado, un tipo cuyo entusiasmo por la democracia es perfectamente descriptible, el principal responsable de un intento de golpe de Estado, un hombre capaz de insultar a diestra y siniestra, de burlarse de personas con discapacidad o de alardear de un machismo inigualado por aquellos hitos del séptimo arte protagonizados por Fernando Esteso y Andrés Pajares.”
A pesar de estas características, los cultivadores de la negación no las ven y siempre buscan algún artilugio dialéctico para justificarlo.
Su desprecio al estado de derecho puede tomar dimensiones asombrosas, y hoy me interesa mostrar uno de los tantos ejemplos de la miserabilidad de quien hoy ejerce la Presidencia de los EE.UU. ya que acabo de leer una nota, donde se muestra a los extremos que puede llegar en su desprecio a la vida humana y a la violación de la ley. Sintetizo parte de la misma.
Una persona nacida en El Salvador, llamada Kilmar Abrego García, vivía en los Estados Unidos desde el 2011 con un estatus otorgado por un juez migratorio, aunque esa condición era precaria, era legítimo ya que su vida corría peligro si era deportado al Salvador. Vivía pacíficamente con su mujer y un hijo autista de 5 años, hasta que el 12 de marzo las autoridades consideraron revocar ese estatus debido a una -no probada- imputación de pertenecer a los pandilleros del MS-13. A pesar de la inconsistencia de la denuncia, fue apresado y deportado a El Salvador, siendo encerrado en la CECOT, la cárcel de máxima seguridad, orgullo del presidente Bukele. Para reforzar las incriminaciones penales, se lo acuso de formal parte de un cartel terrorista venezolano.
No se le pudo probar nada porque Abrego es inocente de las falsas imputaciones fabricadas para encerrarlo y justificar la políticas represivas de Trump y de Bukele. Y esas falsedades no pasaron de decisiones de las autoridades, porque no hubo acusación judicial, ni derecho a defenderse, teniendo que convivir en condiciones extremas con asesinos, mafiosos, traficantes y pandilleros de la Mara Salvatrucha. Es decir que fue deportado por el gobierno norteamericano, aunque no existía el menor elemento en su contra, mostrando como la tan proclamada «democracia» del norte puede desconocer los principios generales del derecho, y disponer de la vida de una persona inocente.
La esposa de Abrego se presentó en los tribunales para reclamar por la vida y la detención de su marido, y la jueza distrital del estado de Maryland, ordenó al gobierno de Trump “facilitar y efectuar el retorno de Abrego García a Estados Unidos antes del 7 de abril de 2025”. Como a gobiernos como el de Donald Trump le repugna el estado de derecho porque su aplicación limita sus arbitrariedades y delitos, trataron de que se modificara. La Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de un fallo ejemplar, ratificó la decisión judicial, diciendo además que la administración Trump había admitido que la deportación se trató de un error administrativo, y se ordenó el inmediato regreso de Abrego a EE.UU. Para no hacer tan irritante el fallo al gobierno, ya que se sabe el carácter violento de Trump, se aclaró que la decisión se debía efectuar con el máximo respeto a la conducción del gobierno en lo que hace a las relaciones exteriores.
A pesar de tan claras decisiones, el mentiroso serial del presidente no quiso quedar en falta y debido a eso el asesor presidencial Stephen Miller declaró a cantidades de periodistas y al presidente salvadoreño Nayib Bukele, que el caso había resultado a favor del gobierno, y que eso de “facilitar” sólo debía entenderse como no impedir su vuelta a los EE.UU, si la República de El Salvador decía enviarlo de vuelta, a lo que Bukele se había negado minutos antes, desconociendo así la orden judicial, y permitiendo que Abrego continuara siendo violentado con una prisión injusta.
Hubo muchas voces que se alzaron para protestar, pero sabemos cómo operan los regímenes dictatoriales y violentos, y como muchos no tienen vocación de héroes se trató de silenciar los reclamos que se hacían. El Secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la política exterior era resorte del presidente y el poder judicial no podía meterse en tales decisiones.
Esto que acaba de ocurrir muestra, a lo que pueden llegar los regímenes que desprecian el estado de derecho y pretenden que todo se someta a su omnímoda voluntad. Las libertades individuales, el debido proceso, todo aquello que significa un conjunto de libertades públicas que deben regir en un gobierno democrático, no pueden depender de las decisiones violentas e irracionales de un jefe de estado, aunque haya sido ungido por la voluntad popular. Cómo no recordar la expresión del Ministro Devanter de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que al explicar el significado del debido proceso ajustado a la ley ( due process of law ) decía que ella requiere “que la acción del estado, sea compatible con los principios fundamentales de la libertad y la justicia que se hallan en la base de todas nuestra instituciones civiles y políticas y que con frecuencia son designados como “la ley de la tierra” (Hebert vs. Louisiana, 372 US 312, 1926).
Aunque hay voces que se están alzando contra la iniquidad ocasionada a este ciudadano salvadoreño, alcanzado por las iras conjuntas de Trump y Bukele, habrá que ver cómo va a terminar todo, ya que existen de momento pocas esperanzas de una reversión. Y conociendo esto, ¿Cómo no acordarse del caso Dreyfus, y la canallería del Estado Mayor del Ejército francés, y de un conjunto de funcionarios que sin prueba alguna lo condenaron a años de prisión en un lugar siniestro en la Guayana francesa?
Sujetos como Trump, son los que hoy pretenden impartir lecciones de cómo deben comportarse las naciones, y los ciudadanos de ellas, para evitar que descargue sus represalias indiscriminadas, como lo hemos visto ya muchas veces.