Hablar de la existencia de una dictadura durante un régimen democrático, puede resultar un oxímoron, aunque en algunos momentos de nuestra historia una elección terminó en un gobierno que prescindió de las formas democráticas para ejercer una cuasi dictadura, donde sólo tenía valor la voluntad presidencial, el poder legislativo quedó relegado a ser una simple escribanía gubernamental, mientras el poder judicial, no se animaba a cuestionar decisiones claramente inconstitucionales.
Nos hemos acostumbrado de tal manera a tolerar las arbitrariedades de los diversos gobiernos que hemos padecido, la violación flagrante del estado de derecho, la permanente delegación de facultades al poder ejecutivo por parte del Congreso, que parece que está en la naturaleza de las cosas, que debemos resignarnos al autoritarismo presidencial.
El presidente que iba a exterminar a la casta y terminó gobernando con lo peor de ella, ha tenido la necesidad de rodearse de un conjunto de subordinados que obedecen sus decisiones, que sonríen ante sus insultos y descalificaciones “porque él es así”, y a los que no les importa que se viole groseramente la Constitución y las leyes. A ellos se suma un poder legislativo, que negocia leyes, ratifica vetos, consiente arbitrariedades, se niega a investigar delitos, e invariablemente se somete a las decisiones del presidente, que ejerce su voluntad implacable contra todo aquel que se le oponga, o simplemente lo cuestione.
Desde el dictado del Decreto 70/23, donde Milei se arrogó facultades para hacer lo que se le diera la gana, hasta la Ley “Bases” destinada no a transformar al Estado, sino reforzar la decisiones unilaterales del gobierno, para destruir instituciones, modificar leyes por Decreto, y hasta pasar por encima de la Constitución Nacional, los objetivos de destruir al Estado se vienen cumpliendo inexorablemente, con la consecuencia de subordinar a los ciudadanos a que se sometan a la autoridad presidencial, que carece de límites normativos, porque los va modificando a cada paso, cuando ellos obstruyen las políticas que se ponen en ejecución.
El ejemplo del Congreso de la Nación, que ha renunciado a sus potestades, delegando en el presidente facultades que le son propias, se ha convertido en un ámbito de declaraciones, discursos banales, insultos entre legisladores, sobreactuación de algunos, y negociaciones permanentes para apoyar cualquier decisión presidencial, aunque sea violatoria de la ley. Se critican leyes, pero se las terminan aprobando, se firman proyectos y los que lo hacen después votan en contra de lo que firmaron. Los gobernadores manipulan a senadores y diputados, y todo lo que ocurre nada tiene que ver con una República donde la democracia funcione. Giorgio Agamben, en su libro “Estado de Excepción”, ya había mostrado estas nefastas prácticas políticas, donde en algún momento algo que debería ser excepcional, se convierte en una costumbre y se gobierna en consecuencia.
Sé que muchos cuestionarán que hable de la “dictadura de Milei”, pero viendo cómo se gobierna a puro decreto, cómo se difama a todo aquel que cuestione al presidente, cómo la Argentina se subordina a los EE.UU. y a Israel en los foros internacionales, se destruyen instituciones, se precariza la salud para aumentar el superávit fiscal, se daña la salud de los ancianos al restringir medicamentos, mientras se aumentan los fondos para el espionaje interno; se promocionan estafas, y se negocia con legisladores para que no se la investigue, se vuelve a endeudar al país como único recurso para allegar dólares al Banco Central, el FMI monitorea la economía porque así lo ha determinado la decisión del presidente, y se reprime indiscriminadamente cualquier acto de protesta a través de escuadrones que sólo se veían en las épocas de la dictadura militar, no se puede llegar a otra conclusión. Y ahora con el Decreto 383 de días atrás, donde se le otorga plenos poderes a la Policía Federal para actuar sin control alguno, patrullando las redes para buscar disidentes, donde se podrá detener a cualquiera por la sospecha que pueda cometer algo ilegal, se dispone la detención para buscar antecedentes de las personas, se consagra definitivamente la arbitrariedad en el ejercicio del poder policial, es consolidar un sistema represivo y persecutorio propio de las dictaduras
Sé que es difícil enfrentar a un gobierno dictatorial, porque los recursos que tenemos los ciudadanos son casi inexistentes, si el poder judicial se compromete con el poder político, pero no existe otra alternativa si queremos que la Nación no se degrade más. Y a pesar de los obstáculos, hay que denunciar, movilizarse en defensa de nuestros derechos y fundamentalmente NO CALLAR, porque el silencio puede ser tomado como aquiescencia a lo que se hace, dándole armas al poder Ejecutivo para que siga adelante con su anunciada política de destrucción del Estado.
Cómo no recordar en estos momentos cuando don Miguel de Unamuno en su “Vida de Don Quijote y Sancho” dice “¿Tropezáis con uno que miente?, gritadle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba? gritadle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta? gritadles: ¡estúpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!”. “La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo.”