Escasos días antes a la hecatombe electoral bonaerense del reciente domingo, las huestes de jamoncito ya habían adelantado este desenlace, con numerosas palizas parlamentarias en su contra… y más
Por caso, el Senado frenó con más de los dos tercios el veto de Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad. Obtuvo 63 votos a favor de distintos bloques. Sólo 6 senadores de La Libertad Avanza y una del PRO bancaron a Milei. La norma, ahora vigente, obliga a actualizar aranceles, garantizar pagos a prestadores y reformar el sistema de pensiones no contributivas.
Frente a tamaño acontecimiento, familiares de personas con discapacidad y organizaciones sociales celebraron frente al Congreso el freno al veto de Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad. Llevaron adelante una jornada en la que combinaron música, banderas y consignas como “Por nuestros hijos y los que vendrán”.
La senadora Cristina López, de Unión por la Patria, dijo en el Senado: «¿Saben qué está gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué está cantando la gente en la calle? ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’. Y la verdad que tienen razón», y se puso a cantar el hit, sin mayores preámbulos. «Milei insiste en que no hay plata. ¿Sabe qué, presidente Milei? Le tiramos una idea. ¿Qué le parece si hacemos un proyecto de ley financiando a la Agencia de Discapacidad? Sería el 3% que le podríamos sacar a los más ricos y ese impuesto se podría llamar ‘impuesto Karina’”, propuso.
El senador José María Carambia, del bloque Por Santa Cruz, le advirtió a Milei: “Si usted no cumple esta ley (Emergencia en Discapacidad), soy el primero en presentar un juicio político”. “Cuando preguntan ‘¿de dónde sacan los recursos?’ le puedo dar una idea al señor presidente: Por ejemplo, con el decreto 563 le sacó las retenciones a la industria minera, que es la que más rentabilidad genera”, aseguró en el Congreso.
El senador Martín Lousteau, titular de la UCR, cuestionó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -la misma que el domingo a la noche hacía todos los esfuerzos por salir lejos de Milei ante las cámaras de televisión- por ordenar el allanamiento del canal de streaming y los periodistas que difundieron audios de Karina “Jefe” Milei: “Debería impedir que graben a los funcionarios» en vez de «amedrentar» a la prensa. «Cuando el presidente insulta a un niño autista de doce años, es un acto de libertad de expresión constitucionalmente protegida, pero cuando un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno, dice que es una conspiración internacional de dimensiones monumentales. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto?”
El contraataque imparable es en toda la línea: El jefe del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, solicitó que Diputados promueva un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por atacar a los periodistas que denuncian la corrupción en el gobierno, lo que constituye un “grave intento de censura” comparable al escándalo Watergate. _“Nixon se fue en helicóptero por mentirle al pueblo. Aquí se intenta tapar un hecho de corrupción atacando la libertad de expresión”,_ planteó.
En simultáneo, los sopapos fueron más hasta la raíz del entuerto vigente: El Senado dio media sanción a un proyecto que pone límites a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La iniciativa establece que si los DNU no reciben aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días corridos, quedarán automáticamente sin efecto. También habilita que un rechazo de cualquiera de las dos cámaras haga caer el decreto; y además obliga a que cada DNU se aplique a un área específica. El proyecto recibió 56 votos a favor, 8 en contra (de La Libertad Avanza, del PRO y un monobloque) y 2 abstenciones (del Frente Renovador de la Concordia misionero).
Y contra la «parte corrupta» de la justicia, también: El fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, junto a María Eva Koutsovitis, Claudio Lozano y Marcos Zelaya, presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de remoción del juez Alejandro Patricio Maraniello por mal desempeño, tras haber censurado la difusión de los audios de la hermana presidencial, Karina “Jefe” Milei. Calificaron al fallo del juez como un acto de “censura previa inconstitucional”.
En el mismo marco y al mismo módico precio, Diputados aprovechó la ola a su favor, y rápidos de reflejos, prospusieron la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado, en una maniobra impulsada por La Libertad Avanza, a pesar de los pedidos de “acción inmediata” por parte de familiares de víctimas.
Como síntoma de la descomposición terminal de los libertarios, en medio de todo lo arriba enumerado, la diputada Marcela Pagano, que abandonó La Libertad Avanza para formar el bloque Coherencia, presentó una denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no haber denunciado ante la Justicia un supuesto intento de golpe de Estado en el que estarían implicadas ella y su compañera de bloque Lourdes Arrieta: “Estando obligado a denunciar hechos delictivos de los que toma conocimiento, omite hacerlo», indicó en la denuncia, luego de que Francos sostuviera que ambas diputadas «pretenden voltear al gobierno de Milei».
La cuenta regresiva ha comenzado.