El juez Raúl Ojeda suspendió puntos clave de la reforma impulsada por el Gobierno nacional por posible inconstitucionalidad. La CGT celebra y Pettovello promete apelar mientras acusa conspiraciones.
En un fallo que cayó como un baldazo de realidad sobre la épica desreguladora del oficialismo, el juez Raúl Ojeda decidió suspender más de 80 artículos de la reforma laboral libertaria al advertir una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores. La medida cautelar, solicitada por la CGT, no es definitiva, pero alcanza para desactivar al menos de momento, el corazón de una norma que venía a reescribir las reglas del mundo laboral con una generosidad llamativa… hacia el sector empresario.
El fallo deja en pausa modificaciones sensibles como el cálculo indemnizatorio, la limitación del cómputo de la antigüedad y la eliminación de la presunción de relación laboral por la mera prestación de servicios —una suerte de “si trabajás, no necesariamente sos trabajador”, versión siglo XXI. También se frena el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otra de las piezas del engranaje reformista.
Pero hay más: la resolución de Ojeda también suspende la ampliación de servicios mínimos en huelgas y la ambigua categoría de “actividades de importancia trascendental”, que amenazaba con licuar el derecho a la protesta. En el plano sindical, el fallo deja sin efecto restricciones a asambleas, recortes al crédito horario de delegados, podas a la tutela sindical y hasta la posibilidad de sancionar organizaciones gremiales con la pérdida de personería. Lo que en buen romance apuntaba (y sigue apuntando) a concretar una «poda fina de derechos».
La motosierra también había avanzado sobre la vida cotidiana de los trabajadores: fraccionamiento obligatorio de vacaciones, banco de horas por acuerdo individual -léase, negociación en soledad frente al empleador- y la exclusión de trabajadores de plataformas digitales del régimen laboral, empujándolos a la intemperie de la “independencia” forzada. Todo eso, por ahora, queda en suspenso.
Como si fuera poco, la cautelar también bloquea la quita de competencias a la Justicia Nacional del Trabajo, la reducción de intereses en juicios laborales y la posibilidad de pagar sentencias en cómodas cuotas, como si los derechos vulnerados fueran electrodomésticos en oferta.
Del otro lado del mostrador, la muy escasamente presentable ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no tardó en reaccionar: anunció que apelará el fallo y disparó contra quienes -según su relato- buscan “obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”. Una lectura curiosa: cuando la Justicia pone límites constitucionales, para el oficialismo parece tratarse más de una molestia que de un equilibrio de poderes.
Desde la CGT, en cambio, el tono fue de reivindicación. El cosecretario general Cristián Jerónimo afirmó que la resolución “demuestra que los sindicatos tenían razón” y adelantó nuevas presentaciones judiciales. “No nos equivocamos en ningún paso: agotamos todas las instancias administrativas, hablamos con todos los espacios políticos, hicimos las medidas de fuerza y después fuimos a la instancia judicial”, sostuvo, marcando un recorrido que el Gobierno eligió ignorar… hasta que apareció un juez.
En la misma línea, Héctor Daer celebró que la Justicia haya “puesto un límite constitucional a la Reforma Laboral” y recordó un concepto que parece fuera de moda en ciertos despachos oficiales: “Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la protección de las leyes: la progresividad de los derechos sociales y laborales es la razón última del desarrollo económico de las naciones”.
Y si hubiera que sintetizar la escena en una imagen -porque a veces la realidad pide metáforas más elocuentes que los discursos- bien podría pensarse en un cuadrilátero de box y con estética cinematográfica: de un lado, los dirigentes sindicales levantando los brazos, transpirados pero enteros, celebrando un round que no daban por ganado de antemano; del otro rincón, el presidente y su ministra, extenuados, buscando aire mientras un coro de funcionarios los abanica con toallas blancas, como si el ajuste también incluyera el oxígeno político. Un cuadro casi didáctico: cuando la pelea se da en el ring de la Constitución, no siempre alcanza con gritar más fuerte desde la tribuna.
Por ahora, la historia sigue abierta. Pero el mensaje es claro: incluso en tiempos de fervor «reformista», la Constitución todavía tiene algo que decir. Y no siempre coincide con el libreto libertario.