Hay otros aspectos que nos preocupan a quienes estamos comprometidos con la EAI (Educación Ambiental Integral).

Las autoridades de los diversos niveles de gobierno no llegan a cubrir las obligaciones sobre información objetiva de los hechos.

Nunca lo han hecho. ¿Por qué se minusvalora la capacidad de comprensión de la población, y sus necesidades comunicacionales?

Los medios informativos (esos tan especiales instrumentos de operaciones incluso inconfesables) difunden aspectos (generalmente los llamados “amarillos”, es decir los que generan “intereses insanos” en los grupos etarios más bajos e indefensos de la población), pero no más que eso. En realidad, no es su función. Y sus “esponsoreadores” (¿se dirá así?) no tienen ventajas económicas por ello. A veces, tal vez, toquen intereses de anunciantes expresos (o no).

No es el caso.

Veamos algunos ejemplos de esta “vieja historia de los accidentes que ponen en riesgo a la población”. Que permanece desinformada “tiernamente”.

Aunque lo establece un instrumento legal (al menos uno) al que adherimos como nación: el tratado de Escazú (Costa Rica, 2018).

Es cierto que para la época de algunos de estos hechos, no existía ese acuerdo internacional con validez constitucional en nuestro país. Pero ahora, sí.

En las turbias épocas de la dictadura genocida (fines de 1983), tuvimos nuestro propio Chernobil en miniatura. Con un muerto. En el Centro Atómico Constituyentes. En el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, a metros de la Avenida General Paz. Por lo tanto, muy cerca de la también muy poblada Ciudad de Buenos Aires.

Creo que el grueso de la población de la zona desconoce la imprudente ubicación de esa “área nuclear”, con todos los riesgos que conlleva.

Y que hay otro espacio similar en la localidad de Ezeiza. Casualmente muy próximo a la  ciudad de Spegazzini. En la que ocurriera días atrás este incidente con explosión e incendio.

El otro hecho de triste memoria para algun@s argentin@s (pero absolutamente desconocido u olvidado por millones) es la explosión (deliberada, señaló en su momento la Justicia Federal) del depósito de armamentos de Fabricaciones Militares Río Tercero (provincia de Córdoba), en 1995.

El tratado de Escazú debiera ser más difundido (más exactamente, enseñado) a toda la población de nuestro país, justamente, porque “garantiza” (es un decir, en realidad “establece”) para toda la población “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

Tal vez haya llegado la hora de que los habitantes de nuestro país sean convocados a decidir, por ejemplo, sobre la ubicación geográfica y las medidas de prevención para protegerse ante los riesgos (los nucleares no son los únicos…) de afectación del ambiente.

Porque la idea no es (no es la nuestra ni debiera ser la de nuestros gobernantes) frenar el desarrollo nuclear de nuestro país, a causa de los riesgos que entraña.

Sino, justamente todo lo contrario: darle todo el apoyo necesario, incluyendo la preparación sobre su importancia y alcances a toda la población, y planificar la edificación de nuestras instalaciones atómicas en lugares adecuados.

Pero tal vez para eso, deberemos ser concienzudamente preparad@s los docentes (o trabajadores de la educación) para la EAI, incluyendo, obviamente el encuadre jurídico al respecto.

Noto, dolorosamente, que la propia Dirección General de Cultura y Educación “se queda afuera” (y deja afuera a su personal) de esta formación, toda vez que en su Diseño Curricular para la Formación Docente de Grado (Profesorados de Biología, Física y Química), para el Seminario “Problemáticas Socioambientales”, no incluye este tratado de Escazú entre los instrumentos históricos referidos a la temática.

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