Un informe lapidario expone cómo la política de Javier Milei pulveriza jubilaciones, dispara la morosidad y hunde el consumo popular.
Tras más de treinta meses con la tijera en alto, la gestión de Javier Milei sigue coleccionando marcas trágicas que pulverizan el tejido social. Mientras el Gobierno celebra superávits de cartel y entrega rutas a manos privadas, la realidad de las calles y los hogares muestra un panorama de asfixia económica generalizada.
Por un lado, el brutal impacto sobre los haberes previsionales se traduce en una urgencia dramática: unas 22.000 personas mayores de 66 años se vieron obligadas a volver al ruedo laboral en el último año, y casi 69.000 buscan desesperadamente reinsertarse en el mercado de trabajo. No es para menos: con una jubilación mínima -incluyendo el magro bono extraordinario- que apenas roza los 489.700 pesos, cubrir las necesidades básicas es una quimera. Un jubilado necesita al menos 1,8 millones mensuales para subsistir, donde los medicamentos (más de medio millón) y los alimentos devoran los ingresos en tiempo récord.
El ahogamiento financiero no distingue edades. El consumo de carne vacuna se derrumbó un 12% interanual y cada argentino come casi cinco kilos menos que el año pasado, reflejando el desplome histórico de las ventas en supermercados en casi todo el país. En paralelo, la morosidad trepa sin pausa: el 92,3% de los hogares acumula deudas, y más del 62% de las tarjetas de crédito ya se destina exclusivamente a comprar comida, reemplazando el crédito al consumo por la mera supervivencia.
Mientras tanto, en una suerte de remake de la patria menemista, la administración libertaria continúa rifando los bienes comunes: acaba de adjudicar a manos privadas otros ocho corredores viales por dos décadas, sumando más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales entregadas al sector privado. El ajuste recae con crueldad sobre las grandes mayorías, mientras la desregulación y la entrega avanzan a paso firme.