Este jueves, y tras 14 años, un jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de los Estados Unidos, William Burns. Visitó el país. Estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien con posterioridad partió a Casa de Gobierno para dar una conferencia de prensa junto al titular de Defensa, Luis Petri.
En la misma, Bullrich y Petri anunciaron que, a pedido del presidente Javier Milei, van a enviar al Congreso distintas propuestas para modificar el Código Penal. El tema central del envío será introducir un cambio radical en la Ley de Seguridad Interior.
Según lo definió Petri, el gobierno busca modificar los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas. Con estas modificaciones podrán actuar en seguridad interna, algo que tenían vedado salvo dos casos excepcionales como el Estado de sitio.
Las FF.AA estarán habilitadas para hacer patrullajes, control de personas, vehículos e instalaciones, al mismo tiempo que podrán detener en flagrancia a quienes cometan delitos. Para “tranquilizar” con la información Petri explicito que «Se posibilita la actuación de usar medios coercitivos pero se va a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las fuerzas dónde es imprescindible la proporcionalidad y gradualidad». «Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas bajo cumplimiento del deber», gracias a instrucciones brindadas por el presidente. Serán las provincias las que soliciten su intervención llegado el caso.
Por su parte, Bullrich anunció también que se enviará a ambas cámaras el proyecto de ley Antimafias, que se inspira en el Código Penal Antimafia de Italia, la ley RICO de Estados Unidos y las leyes implementadas en El Salvador para el combate de las maras. «El hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte y son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal», explicó la ministra de Seguridad. Se aplicará este nuevo cambio para los delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, explotación sexual infantil y terrorismo. «Ya no va a regir la ley nacional sino esta ley narco”.
Este es el paquete de leyes a enviar contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.
Sobre la Ley Antimafias, Bullrich agregó que «va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia». Según la Ley de Reiterancia, «si reiterás el delito, vas preso», detalló y advirtió: «Con esto cortamos la impunidad que siente la gente».
Teniendo en la mira a la protesta social y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, apuntará a modificar el artículo 194 del Código Penal, ampliando las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
También explicó una iniciativa dirigida directamente a organizaciones gremiales como Camioneros, a la que está históricamente enfrentada. «Proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años», señaló.
Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
«Vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?». Agregó, teniendo en la mira al Congreso.