A los 86 años y en una celda confortable, falleció el criminal de guerra nazi Dinko Sakic durante 2008, quien fuera detenido en Argentina en 1998. El jefe del campo de concentración nazi más importante de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, conocido por jactarse de su oscuro currículum, murió en el hospital de la prisión de Zagreb.
El genocida dirigió el campo de concentración Jasenovac entre 1942 y 1944, donde decenas de miles de serbios y judíos fueron ejecutados bajo el régimen ustasha, un gobierno títere del régimen nazi.
En 1998 la localización de este nazi y su detención y extradición fueron fuente de polémica, curiosamente sectores de izquierda y derecha pedían que no fuera deportado.
La derecha criolla pedía que se aplicara el criterio de amnistía e indulto que Menem había concedido a los represores propios, y del lado de la izquierda se temía que en Croacia, gobernada por una derecha nacionalista, DinKo Sakic encontrara impunidad.
Lo cierto es que el personaje de marras fue condenado en su Croacia natal. Y al analizar el tema con amigos y colegas de ese origen, la opinión fue unánime sobre que, de haber habido impunidad para el genocida, se habría roto el contrato democrático.
¿Qué es el contrato democrático?
El contrato democrático es un convenio tácito en una determinada sociedad por el cual el crimen queda afuera de cualquier acuerdo político. Esto es: los delitos de lesa humanidad no se indultan, no se amnistían, no se pueden comparar con otros delitos llamados comunes, porque se banalizan, etc.
En la película 1985 el actor Carlos Portaluppi en el papel del Juez León Arslanián, usa una expresión lapidaria: “Les vamos a dar a los militares lo que ellos le negaron a sus víctimas. Un juicio justo”.
Y en esa frase se define casi todo el concepto del acuerdo democrático: la sociedad usa todos los recursos para perseguir, juzgar y condenar los crímenes de estado, pero los recursos son los admitidos por el sistema legal.
Los condenados por crímenes de lesa humanidad fueron más de mil hasta ahora, y estos juicios que fueron suspendidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fueron retomados por Néstor Kirchner con el criterio de recuperar el pacto o contrato democrático, porque es imposible la convivencia basada en la impunidad.
También durante el gobierno de Macri se intentó destruir el contrato democrático que permite la vida en comunidad, el mecanismo fue la aplicación del 2×1 método por el cual se pretendía contar doble los años que los procesados estaban en la cárcel esperando condena, este sistema podía producir la libertad de un número importante de genocidas, pero lo impidió una gran movilización popular.
Hoy en día los genocidas condenados ya no aspiran a una amnistía o un indulto, pretenden obtener prisión domiciliaria, seis diputados/as fueron a la cárcel para discutir un proyecto en ese sentido. Dos de las diputadas que fueron allí dicen haber sido engañadas por sus propios compañeros de partido (La Libertad Avanza) lo cual ya toma ribetes escandalosos con acusaciones mutuas
El parlamento está discutiendo si sanciona a estos funcionarios; de no hacerlo, significarían una clara destrucción de pacto democrático, y nadie quiere quedar en el centro de esta tormenta.
¿Funcionarán las reservas democráticas de la sociedad? ¿O iremos hacia tiempos pasados de triste memoria?