Docentes y no docentes paran en dos etapas por pérdida salarial y recorte presupuestario durante el gobierno de Javier «jamoncito» Milei.
El paro en las universidades nacionales no es una postal más del conflicto sindical: es la evidencia de un sistema empujado al límite. Con una pérdida del 34% del salario real desde noviembre de 2023 y un recorte del 30% en el presupuesto, docentes y no docentes iniciaron una medida de fuerza escalonada que amenaza con dejar al desnudo algo más profundo que una simple disputa salarial: el vaciamiento progresivo de la educación pública.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios no se anduvieron con rodeos: para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios deberían aumentar un 50%. Pero el dato que incomoda, y mucho, es otro: una ley de financiamiento universitario vigente hace 146 días sigue sin aplicarse, como si el tiempo institucional fuera un lujo que el Gobierno decidió congelar mientras los ingresos docentes se derriten.
“Con estos salarios no podemos vivir”, disparó Clara Chevalier, sintetizando una realidad que ya no admite maquillaje. Endeudados, sin margen para ajustar gastos y con un “plan de lucha inédito”, los trabajadores universitarios advierten que lo que está en juego no es solo el calendario académico, sino la supervivencia misma de una institución clave. Cuando la universidad pública entra en crisis, lo que se resquebraja no es solo el presente, sino además todo el futuro de nuestra sociedad y proyecto de país… si es que aún lo hay.