Denuncian encubrimiento y piden apartarlo mientras el caso salpica cada vez más alto… y la cloaca ya desborda por doquier
El escándalo de la criptomoneda Libra dejó de ser solo un caso incómodo para convertirse en un campo de batalla institucional abierto. Esta vez, el blanco es el fiscal Eduardo Taiano, a quien diputados de la Comisión Investigadora decidieron denunciar ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal, con un objetivo claro: correrlo de la causa.
Las acusaciones no son menores ni sutiles. Hablan directamente de entorpecimiento a las facultades del Poder Legislativo y de encubrimiento. En otras palabras, sugieren que quien debía investigar podría estar, en cambio, contribuyendo a que ciertas piezas del rompecabezas nunca encajen del todo.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, no eligió eufemismos. Definió el caso Libra como “una estafa y hecho de corrupción millonario”, y fue más allá al hablar de una “clara malversación de la investidura presidencial”. Una frase que, por su peso político, no solo busca describir un hecho, sino instalar un clima: el de una crisis que ya no puede maquillarse como simple controversia técnica.
Pero el avance no se detiene en el terreno judicial. Ferraro también anunció un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a Karina Milei, con la mira puesta en un punto tan sensible como explosivo: las reuniones y comunicaciones previas y posteriores a la difusión del token Libra.
La pregunta que sobrevuela, y que nadie parece poder disipar, es si hubo participación directa desde las más altas esferas del poder en un entramado que huele cada vez menos a innovación financiera y cada vez más a maniobra turbia.
Así, el caso Libra escala. Ya no se trata solo de una criptomoneda bajo sospecha, sino de un posible circuito de responsabilidades que atraviesa despachos, fiscalías y oficinas clave del Estado. Y cuando las sospechas trepan tan alto, lo que está en juego deja de ser un expediente: pasa a ser la credibilidad misma del sistema.