La posible modificación de la Ley de Tierras reabre el debate sobre la concentración de la propiedad rural, la extranjerización, el deterioro de los suelos y sus consecuencias para la soberanía alimentaria y los bienes naturales.
«Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano…
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra, parte a parte,
a dentelladas secas y calientes…
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera.»
(Fragmento de «Elegía», de Miguel Hernández).
Estamos en un momento clave respecto de las discusiones sobre la modificación de la Ley de Tierras (N.º 26.737), sancionada en 2011. Esta normativa limita, entre otras cuestiones, la compra de campos y zonas rurales por parte de personas o empresas extranjeras, protegiendo así la soberanía nacional y los bienes naturales.
Mientras el Gobierno busca reunir los votos necesarios y continúa ofreciendo prebendas a los gobernadores para modificar la ley —de modo de facilitar la venta de tierras a inversores extranjeros y considerar esas adquisiciones como inversiones—, las comunidades, las organizaciones de productores y la sociedad civil resisten, se organizan y proponen alternativas.
No sólo procuran impedir la extranjerización de la tierra, sino también abordar otros conflictos que hoy atraviesan el territorio rural.
Antes de analizar estos procesos, conviene entender el territorio como un espacio complejo, denso y conflictivo, donde los seres humanos, junto con otros seres vivos y en un ambiente determinado, vivimos, crecemos, nos relacionamos, nos organizamos y desarrollamos nuestras actividades, aunque no siempre de manera pacífica y armónica.
Los puntos clave para analizar son:
- La concentración y el acaparamiento de la tierra, es decir, cada vez menos productores y más concentración en pocas manos.
- La expansión del alquiler de tierras y del contratismo.
- El sobreuso del suelo sin respetar sus ciclos y procesos naturales.
- La tenencia o titularidad efectiva de la tierra y su vínculo legal.
- El traspaso de la propiedad a inversores extranjeros.
Todos estos procesos se vinculan, se contienen y se retroalimentan, provocando que existan cada vez menos productores agropecuarios en el país y que los suelos pierdan sus características físicas, químicas y biológicas, aquellas que permiten producir alimentos de alta calidad sin recurrir masivamente a fertilizantes y plaguicidas.
1. La concentración
Tomando los censos agropecuarios de 1988, 2002 y 2018, es posible afirmar que desaparecieron cerca de 172.000 unidades productivas en casi todas las regiones agrarias del país.
Son familias que venden o son despojadas de sus tierras y migran hacia otros territorios llevando consigo sus prácticas, saberes, sueños e ideas. Este proceso alimenta la concentración de población en las ciudades, con todos los problemas conocidos: transporte, alimentación, acceso a la salud, educación y vivienda.
Los productores agropecuarios cuidan el territorio rural como parte de su propia historia. En contrapartida, la concentración determina que quienes toman decisiones sobre qué, cómo y cuánto producir ya no residan ni conozcan el territorio sobre el cual deciden, afectando su dinámica y las relaciones entre quienes lo habitan.
2. El contratismo
Los propietarios de la tierra, por distintas razones, muchas veces deciden no producir directamente y ceden sus campos a terceros para que definan las cuestiones centrales de la producción.
El fenómeno no es nuevo. Existen antecedentes desde comienzos del siglo XIX en las primeras experiencias agrícolas del actual Gran Buenos Aires y, décadas más tarde, desembocó en el Grito de Alcorta, origen de la Federación Agraria Argentina.
Los contratos de arrendamiento, especialmente cuando son de corta duración, suelen derivar en un manejo inadecuado del suelo y en su progresivo deterioro.
Además, los contratos breves impiden planificar a mediano y largo plazo, incorporar actividades ganaderas o realizar rotaciones agrícolas. Para afrontar alquileres cada vez más costosos, aumenta la presión sobre los bienes comunes naturales.
3. El deterioro del suelo
El suelo es un organismo vivo cuya estructura sostiene múltiples relaciones entre todos sus componentes.
Como ya se mencionó, factores como el costo de los insumos, los contratos breves de arrendamiento y el incremento de los precios de producción generan una mayor presión sobre el suelo, expresada en prácticas como el laboreo excesivo, la ausencia de rotaciones y el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados.
Estas estrategias provocan la pérdida de materia orgánica, reducen la capacidad del suelo para nutrir a las plantas y deterioran la estabilidad de los agregados, así como la infiltración y retención del agua, situación especialmente grave en un contexto de cambio climático.
4. La titularidad
El vínculo legal entre los productores y la tierra resulta fundamental, no sólo por una cuestión de identidad, sino también por el sentido de pertenencia y el compromiso con el cuidado de la naturaleza.
Una tenencia estable fortalece ese vínculo y favorece la protección de la tierra como bien común.
Las prácticas propias de la producción agroecológica, como el aumento de la biodiversidad o la nutrición integral de los suelos, difícilmente puedan desarrollarse cuando la relación con la tierra es precaria. Un vínculo jurídico sólido permite planificar mejor y proyectar el trabajo a largo plazo.
También cabe pensar que ese vínculo fortalece una dimensión espiritual: un espíritu que circula, nos une y otorga sentido de trascendencia al tiempo y al espacio que habitamos.
5. La extranjerización
La concentración de la tierra en pocas manos constituye, por sí misma, un problema. Si además esas manos son extranjeras, el conflicto adquiere una dimensión aún mayor.
La extranjerización profundiza todos los procesos antes mencionados y suma cuestiones geopolíticas, de identidad nacional y de preservación de los bienes comunes.
Si ya resulta difícil incidir sobre las decisiones acerca de qué y cómo producir, más complejo será cuando quienes toman esas decisiones no pertenezcan al país ni residan en él.
En esas condiciones, la sustentabilidad, la equidad y la resiliencia de los sistemas agrícolas corren el riesgo de dejar de ser prioridades.
Desde nuestras diferentes cosmovisiones, la tierra puede entenderse como un insumo, un factor de producción o un bien común.
La manera en que la concebimos determina la relación que establecemos con ella. Considerarla solamente un factor productivo conduce a una mirada instrumental, donde la utilización prevalece sobre la conservación. En cambio, entenderla como un bien común de todos los seres vivos nos acerca a su protección y al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, inseparables del respeto por los derechos humanos.
Somos tierra. De ella venimos; de ella provienen nuestros alimentos, nuestras medicinas y los materiales con los que construimos nuestras viviendas. Y también, más allá del estado en que lleguemos, será nuestra última morada.