Hay gobiernos que llegan para administrar un país. Otros llegan para transformarlo. Y existen aquellos cuya verdadera misión consiste en desarmarlo. La diferencia no es menor. Administrar supone gestionar una herencia. Transformar implica disputar un rumbo. Desarmar significa desmontar las piezas que hacen posible la existencia misma de una Nación. Y para este gobierno, la nación claramente ya es un estorbo al que hay que descartar lo más rápido posible.
«¿De qué me río? De todos nosotros me río.»
Mónica Villa, en su personaje de Esperando la Carroza (Alejandro Doria, 1985).
Lo que queda de nuestro país atraviesa este último proceso. Mientras la opinión pública se consume en la polémica cotidiana, en la provocación de turno o en la próxima pelea de las redes sociales, avanza una modificación mucho más profunda. No se trata solamente de un ajuste económico. Tampoco de una reforma del Estado. Lo que está en marcha es un programa de transferencia sistemática de ingresos hacia los sectores más concentrados, de patrimonio hacia intereses privados y de soberanía hacia actores extranjeros. Y chocolate por la noticia: Son partes de un mismo proyecto.
Por eso resulta ingenuo analizar cada medida por separado. El desfinanciamiento de la universidad pública, la demolición del sistema científico, el vaciamiento de organismos estratégicos, el deterioro de la salud, la paralización de la obra pública, la apertura indiscriminada de importaciones, el ataque permanente a la industria nacional y ahora el intento de terminar de liberar la extranjerización de la tierra responden a una misma lógica. Nada ocurre por casualidad.
La tierra nunca fue simplemente tierra
Es agua dulce, alimentos, minerales estratégicos, biodiversidad, energía, fronteras y capacidad futura de decidir sobre el propio destino. Quien controla la tierra controla mucho más que un título de propiedad. Controla recursos cuya importancia crecerá exponencialmente en un mundo atravesado por la crisis climática, la disputa por los bienes naturales y la inseguridad alimentaria.
Por eso resulta obsceno presentar como una simple defensa de la propiedad privada un proyecto que elimina los pocos límites que todavía subsisten para impedir el avance del capital extranjero sobre el territorio nacional. El nombre elegido por el oficialismo constituye, en sí mismo, una operación política. Nadie discute la propiedad privada. Lo que está en discusión es si la Argentina conservará alguna herramienta para decidir quién puede apropiarse de sus recursos estratégicos.
No deja de ser llamativo que semejante debate transcurra con una apatía social inquietante. Más allá de los loables varios cientos de miles que probablemente nos movilicemos a lo ancho y largo del país este jueves venidero… lo cierto es que Argentina está conformada por 47 millones de seres humanos. Quienes nos movilizamos somos, más allá de la acuarela bonita de las plazas desbordadas de almas, una harto minoría. Intensa, sí. Pero marcada minoría, al fin y al cabo. Para no perder, jamás, el sentido de realidad, aunque siga doliendo. E incluso decepcionando.
Quizás porque el Gobierno ha demostrado una notable capacidad para monopolizar la agenda pública, cada provocación desplaza a la anterior. Cada escándalo tapa el precedente. La discusión nunca alcanza a posarse sobre aquello que realmente importa. Cuando finalmente se advierte el alcance de una decisión, otra ya ocupa el centro de la escena.
Sin embargo, los datos empiezan a perforar incluso ese blindaje comunicacional.
La propia Fundación Pensar, el laboratorio de ideas que durante años alimentó intelectualmente al PRO, acaba de publicar un diagnóstico que describe una sociedad fracturada. No proviene de un centro de estudios de la oposición. Tampoco de un sindicato ni de una organización social. Proviene de un espacio que difícilmente pueda ser acusado de simpatizar con el populismo.
Su conclusión resulta demoledora: la mitad de los argentinos ya integra la clase baja. Otro cuarto de la población pertenece a una clase media que pierde poder adquisitivo, acumula deudas y sobrevive gracias al pluriempleo. En el otro extremo, apenas una pequeña minoría concentra los beneficios del modelo. Ése es el verdadero mapa de la Argentina libertaria.
Como lo señalé en un pésimo francés la semana pasada: Es el mapa de una Argentina de mierda que ya dieron a nacer y avanza a toda velocidad.
Un país donde la riqueza se concentra mientras la producción se estanca. Donde las actividades extractivas multiplican ganancias, pero generan escaso empleo. Donde el comercio, la industria y la construcción -los sectores que históricamente sostuvieron el trabajo argentino- permanecen asfixiados. Un país que produce excelentes balances para unos pocos y una creciente incertidumbre para millones.
Y no se trata de un efecto no deseado, no seamos tan ingenuos, dicho muy elegantemente a pesar de ya portar una mente demasiado cansada: Es el corazón mismo del programa económico. Porque la concentración del ingreso no constituye un accidente del modelo. Es el modelo. Y cuando la riqueza comienza a concentrarse de semejante manera, el paso siguiente consiste en facilitar también la apropiación de los activos estratégicos. Primero se concentran los ingresos. Después los recursos. inalmente, el poder. Todo encaja. Y después, a llorar al campito.
La reprimarización de la economía, la apertura indiscriminada, la desindustrialización, la entrega de los bienes naturales y la desarticulación del Estado no son debates independientes. Son las distintas caras de una misma arquitectura política. Una arquitectura que necesita un país con menos capacidad de decidir y una sociedad con menos capacidad de resistir.
Mientras tanto, buena parte del campo nacional y popular continúa atrapado en una discusión que hace rato se convirtió en obscena.
Las tribus del peronismo discuten nombres cuando deberían discutir un proyecto. Se multiplican los cálculos electorales mientras el país experimenta una transformación estructural cuyos efectos podrían extenderse durante décadas. Resulta difícil comprender semejante desconexión. No porque las diferencias internas no existan, aunque a la hora del reparto de cargos y posicionamientos en las listas, muy probablemente capuletos y montescos aparezcan abrazados para la circunstancial foto en la que ya ningún ciudadano con dos dedos en la frente cree. Sino porque la magnitud del desafío histórico debería volverlas secundarias.
Si los propios referentes de los distintos espacios reconocen que no existen diferencias ideológicas sustanciales, cuesta explicar por qué todavía no logran construir una alternativa política capaz de disputar el rumbo del país antes de que el desmantelamiento alcance un punto de no retorno.
Punto de no retorno del que estamos muchísimo más cerca de lo que todos podemos suponer.
La historia enseña que las naciones no desaparecen de un día para otro. Primero renuncian a decidir sobre su economía. Después resignan el control de sus recursos. Y finalmente descubren que ya no les queda demasiado por gobernar.
Estamos a la mitad de dicho sendero.
En este marco, las advertencias ya no provienen solamente del campo nacional, del sindicalismo, de las fuerzas de izquierda, de las universidades públicas o de quienes vienen denunciando desde hace tiempo el rumbo del Gobierno. Empiezan a surgir desde ámbitos donde nadie podría sospechar simpatías por el estatismo ni nostalgias por el Estado de bienestar.
Por caso: En un encuentro organizado por la Universidad de St. Gallen junto a Clarín y La Nación, el sacerdote jesuita y politólogo Rodrigo Zarazaga se permitió decir, frente a algunos de los empresarios más poderosos del país, algo que sonó casi como una herejía dentro de ese auditorio.
«Un consenso que deja afuera al 50% de la población no puede ser socialmente sustentable ni políticamente estable». No habló de justicia social. Habló de supervivencia. No apeló a la solidaridad. Apeló a la inteligencia. Les recordó algo elemental: tampoco Vaca Muerta podrá convertirse en el gran motor económico argentino si termina siendo una isla de riqueza rodeada por un océano de pobreza.
Ningún inversor serio apuesta a un país permanentemente tensionado. Ningún proyecto de desarrollo prospera sobre una sociedad rota. Ningún modelo económico resiste cuando la mitad de su población queda condenada a sobrevivir.
Hasta quienes históricamente defendieron la lógica del mercado empiezan a comprender que la estabilidad también es un activo económico. Que la cohesión social no es una concesión ideológica. Es una condición para que exista un país, ni más ni menos.
El problema es que quienes hoy gobiernan parecen convencidos de exactamente lo contrario. Confunden gobernar con dinamitar. Confunden libertad con desregulación absoluta. Confunden soberanía con mercancía. Y confunden Estado con enemigo.
O no confunden un carajo de todo lo anterior, y simplemente vinieron para hacer exactamente todo lo que están llevando a cabo. Desde esta última alternativa, se podría argüir que la gestión de Jamoncito está siendo extremadamente exitosa.
Por eso cada semana aparece una nueva iniciativa destinada a desprenderse de alguna herramienta pública, flexibilizar algún control estratégico o facilitar otro negocio privado. El Estado deja de ser el garante del interés nacional para convertirse en un simple escribano que certifica operaciones de transferencia.
Primero fueron las empresas públicas. Después la ciencia. Luego las universidades. Más tarde los organismos de control. Ahora la tierra. Siempre hay un argumento diferente. El resultado, sin embargo, es siempre el mismo. Una Argentina cada vez más pequeña.
Se supone que un país posee la capacidad de decidir sobre su economía, sus recursos, su producción, su conocimiento, su energía y su futuro. Cada vez que una de esas decisiones pasa a depender exclusivamente del mercado o de intereses extranjeros, el país pierde una cuota de soberanía, aunque conserve la bandera, el himno y la escarapela. Ah, y la selección de fútbol.
Nos quieren convencer de que la entrega es modernización. Que la dependencia es eficiencia. Que resignar instrumentos de política pública constituye una demostración de madurez institucional. Y que defender el patrimonio nacional equivale a una extravagancia ideológica.
La historia argentina conoce demasiado bien ese libreto, así como también conoce sus consecuencias.
Cada ciclo de valorización financiera, apertura indiscriminada y desindustrialización terminó exactamente igual: más deuda, menos producción, más desigualdad y una sociedad fracturada.
Lo novedoso de esta etapa es la velocidad: nunca antes un gobierno había intentado desmontar tantos consensos históricos en tan poco tiempo. Nunca antes se había naturalizado con semejante desparpajo la idea de que el mercado debe decidir incluso sobre aquello que compromete la soberanía nacional.
Y en ello, arremete la resignación
La peligrosa costumbre de asistir como espectadores a decisiones que modificarán durante décadas la estructura económica y territorial del país ya parece moneda corriente. Mientras se discute el próximo escándalo de las redes sociales, la próxima pelea televisiva o el próximo exabrupto presidencial, avanzan transformaciones mucho más profundas. Algunas serán reversibles. Y otras ya no podrán serlo. Habrá industrias que podrán recuperarse. Habrá salarios que podrán recomponerse. Organismos públicos que podrán reconstruirse. Pero la soberanía territorial que se entregue, difícilmente volverá en las mismas condiciones.
La historia demuestra que los países rara vez pierden su independencia de un solo golpe. La van cediendo en cuotas. Primero es una ley. Luego, un decreto. Una privatización. Una desregulación. Una concesión. Una hectárea. Hasta que un día descubren que ya no deciden sobre aquello que les pertenece.
Ese es el verdadero debate que la Argentina debería estar dando. No se trata solamente de discutir un presupuesto, una elección o una candidatura.
Se trata de decidir si queremos seguir siendo una Nación o resignarnos a convertirnos en una plataforma de extracción administrada desde afuera y habitada por una sociedad cada vez más desigual.
Mientras algunos siguen entretenidos administrando internas, calculando candidaturas o especulando con encuestas, el oficialismo avanza sobre transformaciones estructurales que pueden condicionar al país durante generaciones. O para siempre al menos de lo que las generaciones actualmente existentes puedan llegar a observar a futuro.
La historia será implacable con quienes hoy confunden mezquindad con estrategia. Porque cuando finalmente llegue la hora de reconstruir la Argentina, quizá descubramos que ya no sólo habrá que recuperar salarios, industrias o universidades.
Tal vez haya que recuperar algo mucho más difícil. La reestructuración total y completa de un país al que previamente lograron que deje de ser.
El concepto de Patria es un proyecto colectivo. Y los proyectos colectivos no se rematan. Se defienden, entendámonos de una vez: A como dé lugar. Incluso aunque ni por asomo conformemos suficiente masa crítica para tan delicado y definitivo propósito.