Lucas Ghi no concurrió al recinto y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, respondió en su representación durante una extensa sesión del HCD, atravesada por preguntas, cruces y reclamos de información.
Más de siete horas duró la interpelación realizada este jueves en el Concejo Deliberante de Morón. Una jornada extensa, por momentos áspera, en la que el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso, debió responder las preguntas de los concejales sobre prevención del delito, patrullaje, recursos municipales, funcionamiento de las fuerzas de seguridad y el futuro de la denominada Policía Municipal.
El dato político que rodeó toda la jornada fue conocido desde el comienzo: el intendente Lucas Ghi, que había sido el destinatario original del pedido de interpelación aprobado por 15 votos contra 8, no concurrió al recinto. En su lugar, el Departamento Ejecutivo designó a Cardoso, precisamente el funcionario responsable del área sobre la que giraban buena parte de los interrogantes. La convocatoria establecía que debía presentarse el intendente o el funcionario que éste designara.
No es una distinción menor. El Concejo había pedido explicaciones al jefe comunal y Ghi decidió que fuera uno de sus secretarios quien respondiera. Pero tampoco sería correcto presentar la situación como si se tratara de una modalidad inventada por la actual administración. Conviene, por aquello de la honestidad intelectual, poner sobre la mesa algunos antecedentes, antes de entrar en la discusión política.
La ausencia y el antecedente
Que un intendente no concurra personalmente cuando es convocado a una interpelación está mal. Y punto. Si bien está dentro de sus facultades, no es una decisión feliz de parte del mismo. Que otros hayan hecho lo mismo antes no transforma la ausencia en una conducta correcta ni debería servir como excusa para naturalizarla.
Pero el periodismo también tiene la obligación de contextualizar.
A partir de consultas realizadas por nuestro medio a exconcejales que integraron el HCD en distintas etapas, nuestra reconstrucción indica que, desde los tiempos de Martín Sabbatella -intendente entre 1999 y 2009- hasta la actualidad, ningún jefe comunal de Morón se presentó personalmente a responder una interpelación en el recinto. La práctica histórica ha sido que el intendente envíe a un funcionario de su gabinete, habitualmente el responsable del área involucrada.
No importa aquí la bandera política de cada administración. Tagliaferro, Ghi: la práctica se ha repetido bajo gestiones de distinto signo.
Hay, además, antecedentes públicos que permiten observarlo. En 2016, por ejemplo, Ramiro Tagliaferro fue convocado por el Concejo y no concurrió personalmente; funcionarios de su gabinete concurrieron en su representación. Incluso en abril de aquel año la prensa registraba expresamente que, conforme al régimen municipal, el intendente podía concurrir personalmente o hacerlo por intermedio de un secretario.
Y la propia gestión de Ghi ya había recurrido este año a la misma modalidad: en junio, ante otra interpelación, el intendente tampoco se presentó y Cardoso concurrió en su lugar. Esta aclaración no busca absolver a nadie. Simplemente dejar meridianamente aclarado que las cosas son como son.
Una mala práctica repetida no deja de ser mala porque haya sido utilizada por oficialistas y opositores, por intendentes “kirchneristas” o por una gestión de Cambiemos.
Precisamente por eso desde Huellas entendemos que corresponde señalar las dos cosas: Ghi no concurrió a una interpelación que originalmente estaba dirigida a él y esa ausencia puede ser cuestionada; al mismo tiempo, no se trata de una excepcionalidad histórica de esta gestión.
Contar ambas partes no es ponerse en el medio. Es, a nuestro modestísimo criterio, hacer periodismo.
Los números que llevó Cardoso
Ahora sí, volvemos a las cosas: Después de esa primera discusión, la sesión ingresó en un terreno bastante más concreto. Cardoso presentó las cifras con las que el Ejecutivo sostiene su evaluación de la política de seguridad. Según los datos expuestos por el funcionario, los robos de automotores se redujeron aproximadamente un 30% respecto de 2024, mientras que los robos de motos disminuyeron más de un 38%. También señaló que durante 2026 no se habían registrado, hasta ese momento, homicidios en ocasión de robo.
Son datos aportados por el Ejecutivo y deben ser entendidos como tales. Constituyen la explicación oficial de la administración municipal frente a un Concejo que reclamaba respuestas por la situación de seguridad.
El problema es que las estadísticas generales no alcanzaron para cerrar el debate. Porque después llegaron las preguntas sobre la calle.
Cuarenta y dos, ciento cuatro y diez
Uno de los capítulos más concretos de la interpelación fue el referido a los móviles.
Cardoso informó que el Municipio cuenta con 42 vehículos propios, mientras que existen 104 móviles de la Policía Bonaerense y 10 de Gendarmería vinculados al despliegue de seguridad en el distrito. También señaló que el Municipio realiza aportes para el combustible de los vehículos de Gendarmería.
El concejal Diego Spina quiso saber cuánto dinero se había destinado a combustible durante agosto y entre el 1° y el 10 de septiembre.
La respuesta fue que esa información no estaba disponible en ese momento con el grado de discriminación solicitado, porque no se encontraba todavía procesada contablemente.
Así las cosas, no sorprendió a nadie que la discusión comenzara a subir de tono.
Spina insistió en que, si Cardoso concurría en representación del intendente, debía poder obtener durante la propia interpelación los datos requeridos. El secretario respondió que había concurrido con la información correspondiente a la política de seguridad y que otros datos debían solicitarse a las áreas municipales respectivas.
La diferencia puede parecer administrativa, pero detrás hay una discusión política de fondo: qué significa rendir cuentas cuando un funcionario se presenta ante el órgano legislativo para responder por una gestión.
Fragmento de uno de los tantos momentos picantes en el debate entre el concejal Diego Spina y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
Los 294 policías
Algo similar sucedió con las horas adicionales de la Policía Bonaerense: Spina preguntó cuánto había pagado el Municipio durante agosto y entre el 1° y el 10 de septiembre, cuántos agentes habían percibido esas horas y qué monto representaban.
Cardoso respondió que el Municipio contrata mensualmente a 294 efectivos policiales para prestar servicios. Explicó que se distribuyen en tareas de patrullaje, móviles de Seguridad Ciudadana, centros de monitoreo, dependencias municipales y otros dispositivos de prevención. Pero reconoció que no tenía en ese momento el monto total abonado en horas adicionales.
El intercambio entre ambos fue uno de los momentos más tensos de la sesión. Spina reclamaba respuestas inmediatas. Cardoso sostenía que determinados datos debían ser requeridos a otras áreas de la administración. Ninguno de los dos estaba hablando exactamente de lo mismo.
Uno reclamaba el dato como parte de una interpelación. El otro respondía desde el alcance de la información que había llevado al recinto.
Y en esa diferencia quedó expuesta una de las zonas grises de la jornada: varias preguntas importantes no quedaron necesariamente resueltas durante las siete horas de sesión.
GPS, patrullaje y cuadrículas
La discusión volvió sobre el episodio ocurrido en las inmediaciones del colegio Emaús, que había dado origen al reclamo político y posteriormente al pedido de interpelación.
Spina reclamó los registros de GPS de los móviles que, según la información del Ejecutivo, se encontraban en la zona. El objetivo era determinar dónde estaban efectivamente los vehículos y cuál había sido el despliegue de patrullaje. También se puso el foco sobre el combustible y las horas adicionales, cuestionando que esos recursos se hubieran destinado efectivamente a la prevención en los lugares donde eran necesarios.
Actualmente funcionan 20 cuadrículas de patrullaje. Según se informó durante la sesión, anteriormente habían llegado a ser 31. La cifra, por sí sola, no demuestra una política acertada o equivocada. Pero sí permite formular una pregunta razonable: por qué se redujo la cantidad de zonas de patrullaje y cómo esa reducción se relaciona con los recursos disponibles y con la estrategia actual de prevención.
La Policía Municipal, todavía con interrogantes
Otro de los temas centrales fue la futura Policía Municipal. Cardoso afirmó que sus integrantes no utilizarán armas de fuego y que estarán habilitados para utilizar dispositivos de menor letalidad. La definición generó discusión porque días antes Ghi había formulado declaraciones sobre la posibilidad de que determinados agentes conservaran su estado policial y utilizaran armas particulares.
Más allá de la diferencia entre ambas posiciones, quedó expuesto que todavía existen aspectos relevantes de la futura estructura que generan preguntas.
Con respecto a los aspirantes, el Secretario de Seguridad explicó que son sometidos a evaluaciones psicológicas y aseguró que ninguno de los que actualmente se están formando fue exonerado de una fuerza de seguridad, frente a lo cual el citado Spina volvió a arremeter y solicitó la nómina de esos aspirantes. Cardoso respondió que no contaba con ella durante la sesión y que podía entregarla posteriormente. Otra vez, una respuesta quedó acompañada por un pendiente.
Cuando la discusión dejó de ser institucional
Así las cosas, el edil cuestionó al funcionario en términos cada vez más duros y reclamó respuestas sobre los recursos destinados a la seguridad. Cardoso, por su parte, sostuvo que había concurrido con información vinculada específicamente con el área y defendió las políticas implementadas. El intercambio terminó adquiriendo un tono marcadamente político. En tal marco, Spina sostuvo que no estaba interpelando al secretario sino al intendente, y que Cardoso debía responder como representante del jefe comunal. También afirmó que la administración atravesaba una situación de deterioro y cerró su intervención con una fuerte crítica al funcionamiento del área.
El video de la sesión permite observar que el intercambio fue más áspero que una simple discusión de números: hubo interrupciones, gestos de fastidio y momentos de evidente tensión. Pero sería demasiado sencillo convertir las siete horas de interpelación en ese único episodio. La sesión fue bastante más que un cruce entre dos dirigentes.
Territorio en permanente disputa
La discusión sobre la seguridad de Morón viene siendo utilizada, naturalmente, como terreno de disputa política. El oficialismo tiene su explicación de los números y de las políticas implementadas. La oposición tiene sus cuestionamientos y sus propias interpretaciones sobre la situación del distrito, y las voces de no pocas comunidades que reclaman airadamente por estas problemáticas de inseguridad en sus barrios.
Y reiteramos para fortalecer el marco desde el cual nos posicionamos: corresponde decir que Lucas Ghi no concurrió personalmente a una interpelación que había sido aprobada para que brindara explicaciones. Y también corresponde decir que enviar a un funcionario del área es una modalidad que tiene antecedentes en distintas gestiones municipales y que el propio Ghi ya utilizó este año.
Corresponde informar los números que presentó Cardoso. Y también señalar cuáles fueron los datos que no pudo aportar en el momento.
Corresponde registrar los cuestionamientos de Spina. Y también evitar que sus afirmaciones sean presentadas automáticamente como hechos que el citado funcionario no pudiera llegar a explicar.
Lo que queda después de siete horas
La interpelación no resolvió el problema de la inseguridad en Morón. Tampoco podía hacerlo. Pero dejó una fotografía bastante más interesante que la que ofrecen los titulares políticos del día siguiente.
Hay una administración que exhibe determinados indicadores delictivos como resultados positivos y que defiende las herramientas que viene implementando. Hay concejales que cuestionan la cantidad y distribución de los recursos, reclaman documentación y ponen en duda que esos recursos estén llegando efectivamente donde deberían.
Hay 42 vehículos municipales, 104 móviles provinciales y 10 de Gendarmería. Hay 294 policías contratados mensualmente. Hay 20 cuadrículas de patrullaje, frente a las 31 que llegaron a funcionar en otro momento. Hay una futura Policía Municipal cuya estructura, funciones y equipamiento todavía generan serios interrogantes. Y esto sosteniendo la mesura en nuestros propios considerandos al respecto.
Y por sobre todas las cosas, tras esta nueva interpelación, hay información que continuó quedando pendiente.
Quizás sea justamente allí donde termine estando la verdadera importancia de la interpelación. No en quién levantó más la voz. No en quién consiguió el titular más contundente. Ni tampoco en quién logró quedar mejor parado frente a los micrófonos.
La verdadera medida de una interpelación está en lo que ocurre después: si los datos prometidos aparecen, si los números pueden comprobarse, si las decisiones explicadas se traducen en resultados y si el Concejo vuelve a preguntar cuando las respuestas no alcanzan.
Está más que claro que la seguridad ciudadana no se resuelve en siete horas de recinto. Así como tampoco se puede gestionar, ni controlar adecuadamente, sin aceptar dar respuesta a las preguntas del caso.