Este recorrido culmina, al menos en esta fase, en el juicio que lleva adelante la Dra. Sabrina Ortiz contra siete productores rurales y dos funcionarios municipales, por las afecciones en su salud y en la de miembros de su familia.

Los ciudadanos -al menos una parte de ellos- del distrito de Pergamino, ubicado en la provincia de Buenos Aires, han logrado establecer judicialmente límites y zonas de restricción a la aplicación de plaguicidas utilizados en actividades agrarias. Este proceso abre un camino hacia una transición agroecológica.

El distrito se ubica en la región pampeana, específicamente en la pampa ondulada y la cuenca del arroyo Pergamino. Aproximadamente el 95% de su superficie está destinada a la producción agropecuaria, principalmente agrícola.

Pergamino se destaca por su cercanía al puerto de Rosario, en la Región Pampeana Húmeda, y por encontrarse en una de las áreas de mayor producción agrícola del país. Sus suelos de excelente calidad y su conexión con las principales ciudades nacionales consolidan su importancia productiva.

El incremento histórico de la superficie sembrada y el paradigma técnico-productivo predominante han impulsado un consumo creciente de plaguicidas, acompañado por un aumento en la generación de envases vacíos.

En los últimos 50 años, la superficie sembrada ha crecido de manera constante. En la campaña 2017/2018, Pergamino alcanzó su máximo histórico con 295.000 hectáreas sembradas, de las cuales 275.000 (93%) correspondieron a cultivos anuales.

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El cultivo de soja, introducido en los años setenta, domina desde los años noventa el mercado y el paisaje agrícola del distrito.

El uso de plaguicidas genera efectos socioambientales complejos y puede derivar en conflictos que trascienden las pulverizaciones aéreas, aunque estas sean las más visibles públicamente.

En las actividades agrarias, los plaguicidas se aplican tanto de forma terrestre como aérea. Los productos químicos, las condiciones de aplicación, las condiciones de vida y trabajo de productores y trabajadores, y la exposición de residentes rurales y periurbanos confluyen en la aparición de enfermedades agudas y crónicas asociadas a la intoxicación.

Las aplicaciones, la limpieza de equipos en cursos de agua y la disposición inadecuada de envases contaminan el ambiente. Esto afecta la salud humana, los alimentos, los cultivos familiares y las fuentes de agua.

Las pulverizaciones cercanas a escuelas, dentro o fuera del horario escolar, impactan en espacios frecuentados por niños -patios, parques, huertas-, quienes resultan más vulnerables por su desarrollo y su régimen alimentario.

En el distrito de Pergamino se destacan las acciones de la familia Ortiz, cuyos miembros padecieron consecuencias directas de la exposición a plaguicidas. Entre ellas, un aborto, alta presencia de estos tóxicos en sangre y alteraciones genéticas.

Esta situación promovió la organización ciudadana para limitar la aplicación de estos productos y difundir la agroecología.

Las acciones del grupo ambientalista -heterogéneo en su composición- surgieron a partir de la visibilización del cambio en el uso del espacio, la aplicación de plaguicidas y la aparición de síntomas de intoxicación, especialmente en niños.

Como reacción, otros actores -productores agrícolas, proveedores de insumos, empresas agroquímicas y profesionales del sector- conformaron grupos para impedir restricciones al uso de plaguicidas.

Un participante del sector ambiental señaló: “Las acciones comenzaron a partir de una convocatoria abierta, donde se plantearon las problemáticas y se comenzó a trazar un camino a seguir desde el conocimiento que cada uno trajo consigo… la problemática de los agroquímicos y sus efectos en la salud y el ambiente”.

En el distrito, el problema ambiental se transformó en un conflicto ambiental: una disputa entre actores con distintas ideas, aspiraciones e intereses en relación con el ambiente.

Estos conflictos involucran acciones colectivas que enfrentan diferentes cosmovisiones, percepciones, valores e intereses respecto a la ordenación del territorio, la posesión y titularidad, así como el uso, la conservación y el control de los bienes naturales.

Ante un conflicto ambiental surgen reacciones e intereses contrapuestos entre los actores involucrados.

Los actores y las dinámicas en disputa en Pergamino incluyen a productores rurales -especialmente los más capitalizados-, comercializadores de granos, empresas fabricantes y comercializadoras de plaguicidas, y asociaciones que las representan a nivel nacional e internacional, como CASAFE, CIAFA y Croplife.

También participan técnicos y profesionales vinculados a la actividad agraria, como la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) y empresas de aeroaplicación.

Este conjunto de actores defiende el modelo agrícola vigente y rechaza cualquier restricción a la aplicación de plaguicidas. Sostienen que el problema no radica en los productos, sino en la forma en que se aplican.

En su discurso, presentan a los plaguicidas como herramientas esenciales para la modernidad y el progreso agrícola, y promueven las Buenas Prácticas Agrícolas como solución, sin modificar el modelo productivo de base.

Por otro lado, se encuentra el grupo de comunidades afectadas por los plaguicidas. Se trata de un colectivo diverso que incluye estudiantes, trabajadores de la educación, apicultores, productores ecológicos, organizaciones ambientalistas, ciudadanos, sindicatos docentes y vecinos de la zona.

También lo integran antiguos residentes comprometidos con la preservación de su entorno y en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Un integrante de este grupo expresó: “Integramos la asamblea de vecinos de la ciudad con una ideología diversa, donde el fin común fue abordar la problemática ambiental vinculada al uso de plaguicidas en la actividad agrícola”.

Una de sus principales demandas es establecer límites al uso de plaguicidas en áreas cercanas a zonas urbanas, con el objetivo de proteger la salud pública, la biodiversidad y las actividades productivas sostenibles.

En 2013 se creó la Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente, conformada por estos vecinos.

En Pergamino, las comunidades que buscan restringir el uso de plaguicidas han desplegado diversas modalidades de acción:

a) Acciones de sensibilización y difusión de información. Se busca llegar a sectores de la población con menor acceso al tema mediante comunicados de prensa, charlas, talleres, boletines y presentaciones en radios y televisión locales y nacionales.

b) Acciones de denuncia. Se expone la vulneración de leyes y ordenanzas, recurriendo tanto a la presencia en medios como a medidas de protesta, como cortes de rutas o bloqueos de accesos.

c) Acciones de incidencia política. Se provee información a autoridades y tomadores de decisión -intendentes y concejales- mediante notas y pedidos de informes, con el objetivo de sancionar o reglamentar ordenanzas sobre el uso de plaguicidas.

Algunas organizaciones han presentado sus propias propuestas de ordenanza, con resultados diversos.

d) Acciones legales. Se presentan recursos de amparo y demandas preventivas por daño ambiental de incidencia colectiva.

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