El oficialismo impulsa una ley que endurece controles, restringe beneficiarios y habilita suspensiones preventivas en pensiones por invalidez. Organizaciones denuncian estigmatización y un ajuste encubierto.
El Gobierno decidió que el problema no es la precariedad del sistema (ni la corrupción estructural y a gran escala que forma parte inescindible de su propia cartera), sino quienes dependen de él para sobrevivir. Con una prolijidad casi quirúrgica, el proyecto “contra el fraude” redefine la discapacidad bajo una lógica brutal: si podés trabajar, aunque sea en condiciones marginales o intermitentes, entonces no merecés asistencia. Traducido: la inclusión laboral deja de ser un derecho para convertirse en causal de exclusión.
La iniciativa no sólo reduce el universo de beneficiarios; instala un principio de sospecha permanente. Suspensiones “preventivas” ante cualquier inconsistencia, léase: burocracia errática o malintencionada, papeles mal cargados o criterios arbitrarios… y un rempadronamiento masivo que, en los hechos, funciona como filtro. El mensaje es claro: probá que existís, probá que sufrís, probá que lo merecés… o desaparecé del sistema.
Mientras tanto, el recorte avanza sin disimulo. Se eliminan adicionales por zona desfavorable, como si vivir en contextos más hostiles no agravara la situación, y se le quita al Ejecutivo la posibilidad de otorgar aumentos específicos. Ajuste con nombre técnico, despojo con firma oficial.
Sin duda alguna, contará con ingentes apoyos de otros tantos malnacidos que le hacen la corte en el Congreso nacional. Y después que no vengan a hablarnos de «respeto por las instituciones». Sinvergüenzas. Parecen ser los Miguel Ángel Vicco del siglo XXI, pero mucho peor aún: con la aquiescencia electoral de una parte de la ciudadanía.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advierten lo evidente: el proyecto no resuelve nada, pero sí desplaza la discusión. No se habla de pagos atrasados, ni de prestaciones en riesgo, ni del colapso de instituciones. Se habla de fraude. Porque es más cómodo construir sospechosos que asumir responsabilidades.
La actriz Lola Berthet lo pone en términos menos elegantes y más reales: hay instituciones que cierran, medicamentos que no llegan y un Estado que se corre. Pero claro, en la narrativa oficial eso probablemente también sea “irregularidad”.
Como si fuera poco, familiares de personas con discapacidad llevaron el asunto a la Justicia. Denuncian a Milei y a su círculo -incluidos Mario Lugones, Alejandro Vilches y Diego Spagnuolo- por abandono de persona, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La causa cayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde deberá decidirse si esto es política pública… o negligencia con consecuencias humanas. Y la magistrada, dicho y sea de paso, deberá demostrar si pretende reverdecer sus laureles que alguna vez supo conseguir para alcanzar tamañas alturas, o si sigue experimentando la dilación en muchas de sus decisiones, de acuerdo diría Tato Bores, hacia donde caliente el sol.
Pero quizás lo más incómodo para el oficialismo no sea la denuncia, ni las críticas, ni siquiera la evidencia del deterioro. Lo verdaderamente irritante es que, detrás del discurso anticorrupción, asoma algo más viejo que cualquier déficit fiscal: la idea de que hay vidas que cuestan «demasiado». Y que, en tiempos de motosierra, algunas parecen encabezar la obscena lista de descarte que toda esa camándula dirigencial ya ni siquiera parece ocultar por mero decoro.