La anulación de las elecciones metalúrgicas desató una ola de repudios sindicales y volvió a encender las alarmas sobre el avance judicial contra el movimiento obrero organizado.
La intervención judicial sobre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) no fue leída en el sindicalismo como una discusión técnica ni como una elegante preocupación institucional por la transparencia electoral. Nadie compra ese decorado. La decisión de anular las elecciones nacionales del gremio y desplazar a su secretario general, Abel Furlán, fue interpretada directamente como un avance político contra uno de los sindicatos más importantes del país.
Los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González firmaron el fallo tras una denuncia de la lista Naranja por supuestas irregularidades en la seccional Campana y designaron como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá seis meses para organizar nuevos comicios.
La noticia cayó como una bomba en el universo sindical. Y no precisamente porque alguien creyera estar ante un heroico acto republicano. Los mismos jueces habían quedado bajo cuestionamiento por restablecer la reforma laboral impulsada por Javier Milei, lo que terminó de consolidar la percepción de que existe una ofensiva coordinada contra las organizaciones gremiales que todavía conservan capacidad de resistencia.
Desde el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) hablaron sin eufemismos: denunciaron una “persecución política, grosera y direccionada” y remarcaron que “no es casual este ataque”. La frase sintetiza el clima que atraviesa hoy al movimiento obrero: mientras el ajuste pulveriza salarios y derechos laborales, ciertos sectores judiciales parecen actuar como una escribanía de lujo para domesticar sindicatos.
La federación aceitera elevó todavía más el tono y convocó a discutir un plan de lucha nacional con paro por tiempo indeterminado. En su comunicado sostuvo que el fallo “pretende desconocer la voluntad de las y los afiliados metalúrgicos” y constituye “un ataque directo contra la democracia sindical”. Traducido al lenguaje real: cuando los trabajadores organizados conservan fuerza propia, aparecen jueces dispuestos a intervenir lo que las urnas ya resolvieron.
La Confederación General del Trabajo también repudió la medida y rechazó “cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero”. La central obrera fue contundente: “Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. Una definición elemental que debería ser obvia en democracia, aunque ciertos tribunales parezcan sentirse más cómodos administrando gremios que impartiendo justicia.
El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, anunció una movilización a la sede nacional de la UOM y aseguró que lo que ocurre “es propio de las dictaduras militares”. Además, llamó a una huelga general por tiempo indeterminado para enfrentar el avance sobre las organizaciones sindicales.
En paralelo, el bloque de diputados de Unión por la Patria calificó el fallo como “absolutamente arbitrario y antidemocrático” y sostuvo que el objetivo es “llevarse puesto al movimiento obrero organizado” para facilitar la precarización laboral y profundizar el ajuste.
La intervención de la UOM no aparece aislada ni inocente. Forma parte de un clima político donde disciplinar sindicatos parece haberse convertido en política de Estado para sectores del poder económico, mediático y judicial. Porque cuando las recetas de ajuste generan hambre, caída salarial y despidos, el problema para arriba nunca es el desastre social: el problema siempre son los gremios que todavía conservan capacidad de pelea.