Una vez más denunciamos las amenazas que se ciernen sobre la continuidad en el uso de las semillas nativas y criollas, pilares de la identidad de los pueblos y de la soberanía alimentaria.
El gobierno actual de la Argentina, como ha sucedido con los anteriores en los últimos 30 años, quiere modificar la ley de semillas a fin de adaptar nuestras normativas al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV). La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20,247 de 1973, enuncia en su Artículo 27, que no lesiona el derecho de propiedad quien reserva y siembra semilla de su propia cosecha, permitiendo que el agricultor tenga independencia del mercado en cada ciclo productivo. Una ley que lleva establecida 53 años y que no ha impedido, dados los derechos de obtentor anteriores al UPOV91, continuar mejorando las semillas, así como posibilitar el derecho de los productores a su conservación y mejoramiento.
Como lo expresamos, desde los años ‘90 pero con énfasis desde 2012, los sucesivos gobiernos de la Argentina han buscado modificar la ley a fin de evitar que los productores conserven sus semillas. Se busca crear mecanismos por los cuales los productores paguen por el reúso, con lo cual se incrementan los costos de producción, transfiriéndose recursos a las empresas semilleras. El pretexto esgrimido es que se recrearían condiciones para que las empresas inviertan en investigación tecnológica para así incrementar los rendimientos agrícolas, las exportaciones y las divisas que ingresan al país. Los mismos argumentos de siempre. Se olvida que la expresión del rendimiento es resultado de una conjunción de la incidencia de variables como el clima, los suelos, la diversidad agrícola, las tecnologías aplicadas, etc.
Cabe acotar que bajo UPOV 91, el uso propio deja de ser un derecho inalienable para convertirse en una «excepción» que el Estado puede o no conceder, y que las empresas exigen que sea oneroso (pagando regalías en cada siembra).Además, el Acta de 1991 permite que los obtentores reclamen derechos no solo sobre la semilla, sino también sobre la cosecha y sus productos derivados (como harina o aceites).
Cabe mencionar que en la Argentina más de 1.200 organizaciones de diverso tipo continuamos luchando, aun dentro del ámbito judicial, para evitar que se siga cultivando trigo transgénico. El trigo HB4 fue desarrollado por la empresa argentina Bioceres y posee tolerancia al herbicida glufosinato de amonio y resistencia a la sequía. Sin embargo, se ha cuestionado su posibilidad de ser efectivamente resistente a la sequía, tanto por especialistas del ámbito académico como desde el ambiental y productivo, y por poner en riesgo al trigo convencional, atesorado por productores agroecológicos, por la probable contaminación cruzada. Este transgénico, cuyas semillas son más caras, no solo amenaza la soberanía alimentaria al afectar la calidad de las semillas, sino que posee un menor rendimiento. Además, la utilización de glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro, conlleva riesgos para la salud humana y de otros seres vivos, por ser un perturbador de la reproducción y afectar gravemente el sistema neurológico.
Por último Argentina, al igual que muchos países de Latinoamérica, se ha expandido la investigación, incluso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en lo que se denomina edición génica, un tipo de ingeniería genética que produce cambios específicos en el ADN de una célula u organismo en condiciones de laboratorio a fin de que los cultivos expresen una característica distintiva, como la de resistir a los herbicidas o por contener un alto contenido de fibra. El resultado es un organismo genéticamente editado (OGE)con la tecnología CRISPR/Cas9, que no deja de ser un organismo modificado genéticamente (OGM). En la actualidad se está investigando en trigo, papa, adaptación de los cultivos al cambio climático, también la empresa Chilena Neocrop Technologies (brazo tecnológico para empresas del rubro semillero público/privado) en alianza con la semillera nacional Chile agro industry Seeds Center-Campex Baer (Empresa Erik Von Baer Von Lochow, y la compañía argentina Buck semillas), con acceso a fondos públicos, tienen permiso del Servicio Agrícola Ganadero SAG, de Chile y CONABIA de Argentina para desarrollar trigo harinero editado genéticamente con la técnica biotecnológica CRISPR/CAS9. En Chile, la semilla de trigo editada genéticamente fue clasificada por el SAG como convencional, es decir, como una variedad de trigo producida mediante prácticas agrícolas estándar. Por tanto, se ha permitido su avance a ensayos de campo y validación comercial como lo haría un trigo convencional certificado, lo que permitirá su desarrollo sin restricciones adicionales durante un tiempo ilimitado. Sin embargo, los OGE pueden presentar más riesgos que los transgénicos porque al estar clasificados como cultivos convencionales, están exentos de evaluaciones de riesgo, medidas de seguridad, aislamiento, confinamiento, trazabilidad, destrucción obligatoria de residuos, etc.
Entre los riesgos para la salud derivados de la edición genética se encuentra la posible contaminación de genes extraños en el proceso, incluidos genes de resistencia a antibióticos, lo que presenta un riesgo para la salud pública debido a que enfermedades comunes como la neumonía, la salmonelosis, la tuberculosis, entre otras, se vuelvan resistentes e imposibles de curar. En la agricultura, las nuevas técnicas genéticas, NTG-GM, ponen en peligro no solo la diversidad genética y biológica, sino también las estrategias agrícolas–ecológicas que se necesitan con urgencia para enfrentar el cambio climático y para producir alimentos saludables mientras se regeneran los ecosistemas.
Cabe destacar que, en este momento histórico, la dependencia de los productores hacia los fertilizantes nitrogenados se mantiene extremadamente alta, llegando a representar el 50% del costo operativo en algunos cultivos. Además, el precio se ha elevado desde el ataque de Estados Unidos a Irán. Dependencia que podría evitarse si estos insumos se reemplazaran por prácticas que abonen de manera integral a los suelos.
Como lo manifestamos, en distintas jurisdicciones del país y sin distinciones de partidos políticos (el caso del presidente J. Milei en la Nación y de varios gobernadores, como A. Kicillof en la provincia de Buenos Aires, M. Orrego en San Juan y R. Jalil en Catamarca) se continúa con los procesos extractivos que limitan la toma de decisiones y la autonomía, así como el derecho humano a alimentarse de manera saludable.
Seguiremos luchando por las semillas libres en manos de productores libres y autónomos
María Elena Rozas
Coordinadora administrativa de comunicaciones RAPAL
Javier Souza Casadinho
Un texto clarito que nos hace pensar en el día a día de nuestras vidas. Procesos que nos alejan de la salud. Enmascarados y silenciosos. Tomar conciencia exige que nos despabilemos.
En este caso dos científicos , de Argentina y Chile,hermanados, nos ayudan y mucho .
Gracias Huellas !