Mientras avanzan la flexibilización laboral y las empresas en crisis, el salario mínimo recibe un aumento tan modesto que casi requiere lupa.
Mientras el Gobierno nacional acelera la implementación de la reforma laboral y exige la adecuación de convenios colectivos de trabajo, la economía real parece empeñada en arruinar el relato. Porque mientras desde los despachos oficiales se habla de modernización, competitividad y eficiencia, las estadísticas empresariales y los ingresos de los trabajadores cuentan una historia bastante menos glamorosa.
Tras la publicación de la normativa que reglamenta la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo puso en marcha el proceso para revisar alrededor de 150 convenios colectivos vencidos. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimó a empresarios y dirigentes sindicales a actualizar cláusulas vinculadas a las condiciones laborales y a los aportes pactados entre las partes.
La iniciativa se presenta como un avance hacia un mercado laboral más flexible y dinámico. Una definición elegante para describir un esquema que, en la práctica, vuelve a colocar sobre la mesa derechos conquistados durante décadas por los trabajadores argentinos.
La Secretaría cuenta con 30 días hábiles para habilitar el proceso reglamentario. La velocidad del trámite no parece casual. Cuando se trata de modificar condiciones laborales, el Estado libertario demuestra una eficiencia administrativa que difícilmente exhibe para resolver otros problemas que afectan a millones de argentinos.
Los efectos concretos de la reforma ya comenzaron a aparecer. La fabricante de electrónica y autopartes Mirgor se convirtió en una de las primeras empresas en aplicar el denominado «banco de horas», una de las herramientas contempladas en la nueva legislación. El acuerdo, suscripto junto al Smata, comenzará a regir desde julio en las plantas de Escobar y Baradero.
El sistema prevé un banco de 200 horas administradas a lo largo de un período de doce meses. Dicho de otro modo, se habilitan mecanismos de flexibilización de la jornada laboral bajo el argumento de adecuar la producción a las necesidades empresariales. La flexibilidad, como suele ocurrir, siempre parece orientarse en una sola dirección.
Sin embargo, mientras se promueven nuevas herramientas para mejorar la competitividad empresaria, los números muestran una realidad bastante menos alentadora para el sector productivo.
Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, durante el primer trimestre del año se registraron 92 concursos preventivos de acreedores en la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de disminuir, la cantidad de empresas que recurren a este mecanismo viene creciendo desde la llegada de Javier Milei al poder.
Los datos son contundentes: durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos, frente a los 82 contabilizados en 2023. El incremento alcanza el 131,7 por ciento. Más aún, la propia Cámara advirtió que la crisis empresaria se profundizó durante el inicio de 2026.
Resulta curioso. Se flexibilizan condiciones laborales para impulsar la actividad privada, pero las empresas continúan cayendo en dificultades financieras a un ritmo cada vez mayor. Tal vez el problema no estuviera en los convenios colectivos, ni en los salarios, ni en los derechos laborales. Tal vez el mercado no sea ese mecanismo mágico que algunos prometieron durante la campaña electoral.
Y mientras trabajadores y pequeñas empresas intentan sobrevivir en medio de la recesión, el Gobierno exhibe como logro una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Desde junio, el salario mínimo para trabajadores mensualizados que cumplen una jornada completa de 48 horas semanales será de 367.800 pesos. El incremento respecto de mayo asciende a la impactante suma de 4.800 pesos mensuales.
Sí, 4.800 pesos.
Una cifra que difícilmente alcance para cubrir algunos viajes en transporte público durante más de un fin de semana, pero que desde los escritorios oficiales aparece presentada como una recomposición salarial.
La Resolución 9/2025 establece además incrementos escalonados hasta alcanzar los 376.600 pesos en agosto. Luego deberá convocarse nuevamente al Consejo del Salario.
Mientras tanto, la inflación acumulada, el aumento de tarifas, los costos de los servicios esenciales y el deterioro general del poder adquisitivo continúan avanzando con bastante más velocidad que los ingresos de quienes viven de su trabajo.
Así, el experimento libertario ofrece una postal cada vez más nítida: convenios laborales bajo revisión, jornadas flexibilizadas, empresas concursadas en aumento y salarios mínimos que crecen a ritmo de propina.
Una combinación que, lejos de anunciar el despegue prometido, parece consolidar un modelo donde los sacrificios siempre recaen sobre los mismos sectores. Los trabajadores ponen el esfuerzo, las empresas ponen las dificultades y el Gobierno pone los discursos… y los gases en las calles. El problema es que, hasta ahora, los números siguen negándose obstinadamente a acompañarlos. Y el tiempo no para.