El Municipio terceriza por más de 400 millones de pesos una tarea que realizaban trabajadores municipales, en tanto crece entre éstos la incertidumbre sobre su futuro.
Hay decisiones administrativas que parecen pequeñas hasta que uno mira la letra chica. Repartir una boleta municipal podría parecer apenas una cuestión logística, casi una tarea menor dentro de la gigantesca maquinaria de un Municipio. Pero cuando esa tarea, realizada durante años por trabajadores municipales, pasa a manos privadas y compromete más de 400 millones de pesos proyectados para un año, la discusión deja de ser sobre sobres y domicilios para convertirse en un eje que amerita pensarse con suma honestidad intelectual: ¿qué perfil de Estado municipal es el que, realmente, se está construyendo en Morón?
Así las cosas, gobierno de Lucas Ghi decidió tercerizar la impresión y distribución de las boletas correspondientes a las Tasas por Servicios Generales (TSG), Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) y folletería municipal. El contrato adjudicado a ALBA Postal SA alcanza los $136,5 millones por cuatro meses, entre septiembre y diciembre, una cifra que proyectada a doce meses llevaría el costo anual a unos $409,5 millones. Hasta ahora, buena parte de esa tarea estaba en manos del área de Promotores, dependiente de la Dirección de Atención a la Ciudadanía.
Y ahí aparece la pregunta que, por estas horas, más preocupa a los trabajadores, ya de por sí como es de público conocimiento, paupérrimamente remunerados: si el Municipio ya tenía personal para realizar esta tarea, ¿por qué ahora necesita pagarle cientos de millones a una empresa privada para hacerla? La pregunta no implica por sí misma afirmar que exista una irregularidad en la contratación, pero sí obliga a discutir la conveniencia de una decisión que compromete recursos públicos y, al mismo tiempo, deja en una zona de incertidumbre a quienes venían desempeñando esa función.
El asunto llegó al Concejo Deliberante de la mano del bloque de Fuerza Patria, que presentó un proyecto de resolución para conocer los detalles del procedimiento y reclamar información sobre el futuro del personal de Promotores. El pedido apunta, entre otras cuestiones, a conocer el expediente administrativo, las condiciones de la contratación, la empresa adjudicataria y el monto comprometido, pero también a obtener precisiones sobre qué ocurrirá con los trabajadores que hasta ahora tenían entre sus funciones el reparto de las tasas municipales.
Porque las boletas, naturalmente, van a seguir llegando. Lo que no está claro es quiénes seguirán trabajando para que lleguen. Y esa diferencia no es para nada menor. En un contexto de preocupación entre los empleados municipales, la ausencia de precisiones oficiales sobre una eventual reubicación alimenta la incertidumbre y abre un interrogante que el Ejecutivo debería responder antes de que la tercerización se convierta en un hecho consumado.
La tercerización como respuesta para todo
Hay una palabra que en los últimos años se volvió casi una contraseña de la administración pública: “tercerización”. Suena prolija, técnica, razonable. Y, apelando a una elegancia de sombrero bombín y bastón inglés: muy poco nacional y popular.
El concepto en cuestión, “tercerización”, presentar como una simple reorganización aquello que, en definitiva, supone que una función que antes realizaba el Estado pasa a ser ejecutada por un privado. Y volvemos a subrayar este otro aspecto: No necesariamente significa que exista una irregularidad, pero sí que la decisión merece ser examinada más allá de la comodidad de una licitación y de la firma de un contrato.
Sobre todo cuando no se trata de incorporar una prestación que el Municipio nunca tuvo, sino de reemplazar una capacidad que ya existía dentro de su propia estructura. El Estado municipal conserva la obligación de recaudar, necesita que las tasas lleguen a los contribuyentes y seguirá siendo responsable frente a ellos. Lo que cambia es quién realiza una parte del trabajo y cuánto se paga por hacerlo.
Por eso resulta inevitable mirar también el otro lado de la ecuación: los trabajadores. El Municipio deberá explicar qué destino tendrán quienes durante años realizaron esas tareas y si serán reubicados dentro de la estructura comunal. El sindicato municipal ya expresó su preocupación y realizó presentaciones para obtener respuestas, mientras el proyecto de Fuerza Patria intenta llevar esas dudas al ámbito institucional.
Cuatrocientos millones y varias preguntas
Hay algo que no debería perderse de vista entre expedientes, procedimientos y tecnicismos: los 136,5 millones de pesos del contrato por cuatro meses salen de las arcas municipales. Es decir, de recursos que aportan los vecinos de Morón mediante sus tasas y que deberían ser administrados con criterios de eficiencia, transparencia y prioridad pública.
Por eso también corresponde preguntar por qué se eligió esta alternativa, qué empresas participaron del procedimiento, qué ofertas realizaron y cuáles fueron los argumentos para seleccionar a ALBA Postal SA. Una contratación puede cumplir formalmente con las reglas y, al mismo tiempo, ser susceptible de una discusión política sobre su conveniencia. La legalidad es un requisito indispensable, pero no alcanza para responder si una decisión resulta razonable para el interés de la comunidad.
El proyecto presentado en el Concejo, en definitiva, pone sobre la mesa algo bastante sencillo: información. Y la información, cuando se trata de varios cientos de millones de pesos y de trabajadores municipales cuyo futuro aparece comprometido, no debería ser considerada una molestia ni una maniobra opositora. Debería ser parte natural de cualquier administración que tenga algo para explicar. Aunque en la práctica… silenzio stampa, diría Basile Coco.
Tal vez la discusión más profunda no sea, entonces, quién reparte las boletas. La verdadera discusión es quién decide qué tareas debe conservar el Estado, cuáles puede entregar a un privado y cuánto estamos dispuestos a pagar por esa decisión. En Morón, por ahora, las boletas tienen destinatario, empresa adjudicataria y precio. Lo que todavía falta es una respuesta clara para los trabajadores y una explicación convincente para los vecinos que, finalmente, pagan la cuenta.