Material escrito conjuntamente por Agustina Souza Casadinho, Bárbara Dufty y nuestro columnista, Ing. Agr. Javier Souza Casadinho
A partir de los cambios drásticos en los modos de planificar y realizar actividades agrícolas que derivan en la expansión de monocultivos, que se expresa en la reducción en la diversidad biológica, natural y cultivada, junto a la pérdida en la capacidad nutritiva de los suelos, los plaguicidas se han constituido en una tecnología de amplia utilización en las unidades productivas. Estos son una fuente de contaminación a nivel de los suelos, el aire y el agua, con una utilización que se incrementa año tras año, incluyendo compuestos altamente peligrosos para la salud socioambiental.
Los productores/as agropecuarios, los/as trabajadores/as, así como los ciudadanos residentes en las cercanías a los predios donde se aplican plaguicidas, se hallan expuestos a estos productos y a padecer casos de intoxicación agudas y crónicas.
La definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP – según el nuevo Código de Conducta sobre Manejo de Plaguicidas adoptado por la FAO y la OMS en 2013), es la siguiente: Plaguicidas altamente peligrosos significa plaguicidas conocidos por presentar niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico para la salud o el medio ambiente, conforme a los sistemas de clasificación aceptados a nivel internacional, como los de la OMS o del SGA, o por estar incluidos en acuerdos o convenios jurídicamente vinculantes.
En forma adicional, los plaguicidas que aparecen como causantes de daño grave o irreversible a la salud humana o al medio ambiente, en las condiciones de uso en un país, pueden ser considerados y tratados como altamente peligrosos.
La Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), desde 2015, propone una serie de criterios adicionales para definir a los plaguicidas altamente peligrosos: que la toxicidad sea fatal o irreversible si es inhalado, si constituye un perturbador endocrino, que sea muy bioacumulable, muy persistente en el agua, en el suelo o en los sedimentos, muy tóxico en organismos acuáticos y, por último, muy tóxico para las abejas.
La Argentina es un país agrícola-ganadero, recientemente se potenciaron las actividades mineras y petroquímicas. La dependencia de ingresos, vía impuestos diversos, derivados de estas actividades hace que los diversos gobiernos que han dirigido el país fomenten estas actividades vía diversas políticas como las cambiarias, impositivas, tecnológicas y financieras.
En las últimas tres décadas, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció de 19.000.000 de hectáreas en 1990 a 41.182.000 hectáreas en 2023, lo que representa un aumento del 117%. En el mismo período, la producción pasó de 38.200.000 toneladas a 140.893.000 toneladas, un incremento del 269%.
El uso de plaguicidas en Argentina se incrementó de manera exponencial en las últimas décadas, pasando de 35 millones a 580 millones de kg/litros entre 1990 y 2022, lo que representa un aumento del 1.657%.
La adopción de cultivos genéticamente modificados (GM) es considerable, con un crecimiento del 8,3% en 2024, alcanzando 23,8 millones de hectáreas y posicionándose grandes productores. La soja transgénica domina con 16,2 millones de hectáreas, y el maíz GM constituye el 99% del maíz cultivado. También cabe mencionar el cultivo de trigo transgénico tolerante al herbicida glufosinato de amonio. En nuestro país, la adopción de cultivos GM ha estado asociada a un incremento significativo en la aplicación de plaguicidas.
La Argentina carece de una ley nacional que regule la producción, comercialización y uso de plaguicidas. En este caso, las provincias y municipios cuentan con normativas propias sobre plaguicidas de uso agrícola, que complementan la legislación nacional.
Si bien las normas nacionales establecen un marco general, las jurisdicciones subnacionales tienen competencia para reglamentar aspectos específicos dentro de sus territorios. Las resoluciones Nº 458/25 y 843/25 refieren al registro y categorización de los plaguicidas. Las mismas establecen los criterios de inscripción legal, los ensayos, importación de productos, clasificación toxicológica y tipos de marbetes para la información en los envases.
Comparando las listas de Plaguicidas registrados y utilizados en la Argentina con la lista internacional de PAN Internacional es posible decir que, de los 430 ingredientes activos registrados en la Argentina, 139 de ellos se hallan incluidos en la lista de PAN.
Se destaca la utilización de herbicidas como glifosato, 2,4 D, metribuzim, acetoclor, glufosinato de amonio, trifluoralina y diuron. Esta situación se correlaciona con la expansión de la frontera agrícola, la aparición de resistencia en especies silvestres y en el desarrollo de los monocultivos.
En el caso de los insecticidas sobresale la utilización de lambdacialotrina, imidacloprid y cipermetrina en los cultivos extensivos, mientras que el metomil, dimetoato y carbaril se utilizan en los cultivos de frutales y hortalizas.
La categoría toxicológica, sumada a las condiciones de exposición, los torna sumamente riesgosos para los trabajadores, productores y vecinos expuestos a los predios pulverizados.
En referencia a las características de los plaguicidas y su relación con la salud humana, de los 139 plaguicidas PAP autorizados y utilizados en actividades agrarias en la Argentina, 13 de ellos, un 9%, poseen una toxicidad aguda elevada. 31 de ellos, un 22%, son mortales al ser inhalados.
Respecto a la toxicidad crónica, se hallan autorizados 33 plaguicidas probables causantes de cáncer en humanos (24% del total de PAP), según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), más 2 considerados probables carcinógenos humanos según la IRAC, 3 son considerados carcinógenos humanos según UE SGA (1A, 1B), sustancias cancerígenas para el ser humano, confirmadas o presuntas (grupos 1A o 1B), según el SGA de la UE o de Japón.
Un 22 (16%) de los plaguicidas pueden ser clasificados según el SGA como carcinógenos de categoría 2 y tóxicos para la reproducción de categoría 2, de conformidad con el SGA de la UE o de Japón.
Por su parte, 13 plaguicidas son considerados como perturbadores endocrinos (9,5%) según criterios del Sistema Global Armonizado aceptados por la Unión Europea; 26 plaguicidas que son tóxicos a la reproducción (19%) y cuatro (3%) que son mutagénicos.
Los plaguicidas autorizados en Argentina que se hallan prohibidos o no autorizados en otros países alcanzan la cifra de 167 ingredientes activos, la lista total de productos puede consultarse en el anexo 1 de este trabajo.
De dicho total suman 35 (21%) los plaguicidas prohibidos o no autorizados en otros países que son plaguicidas altamente peligrosos según los criterios establecidos por el grupo de expertos de la FAO y la OMS, y aumentan a 98 (59%) los ingredientes activos según los criterios adicionales propuestos por PAN Internacional.
La cercanía de los plaguicidas, ya sea en el ámbito laboral como en el doméstico, determina la ocurrencia de casos de intoxicación a edades tempranas que, aunque en muchos casos pasen desapercibidas en el diagnóstico, incidirán en las posibilidades de gozar de una vida plena.
También los niños por nacer se hallan expuestos a una serie de productos tóxicos, ya que son capaces de provocar intoxicaciones agudas y crónicas en las futuras madres y padres.
En los diferentes territorios de la Argentina, las comunidades que buscan prohibir y/o restringir el uso de plaguicidas han desplegado diversas modalidades de acción. Una de las primeras acciones es organizarse y realizar acciones de sensibilización y transmisión de información, de denuncia, de incidencia política y de tipo legal.
Si bien una parte de ellas se analizan en este trabajo, se destaca la descripción de 7 juicios realizados en diferentes territorios de la Argentina. El trabajo da cuenta de 10 de las iniciativas presentadas en parlamento nacional y provincial para restringir el uso de plaguicidas.
Por último, este documento realiza un análisis de la agroecología, como paradigma, a fin de que, desde la nutrición integral de los suelos y la diversidad biológica y cultural, se puedan establecer agroecosistemas sustentables, viables y equitativos.
En este sentido, se presentan análisis de caso de sistemas agroecológicos desarrollados en diferentes territorios del país. También se presentan iniciativas presentadas en el parlamento nacional y provinciales para promover la agroecología.
Por último, se describen iniciativas de la sociedad civil organizada, como las escuelas de la agroecología, las ferias y casas de semillas que persiguen el objetivo de lograr una visión diferente de la relación de los seres humanos en, y con, la naturaleza para, desde allí, establecer agroecosistemas sustentables que, prescindiendo del uso de plaguicidas, produzcan alimentos de alta calidad nutritiva.
[1] Una versión completa de 270 páginas podrá ser consultada a partir del día 7 de octubre en www.rap-al.org