Uno de los temas que más nos alerta es la utilización de plaguicidas en nuestro país que se hallan prohibidos en otros países del mundo. Si comparamos la Lista consolidada de plaguicidas prohibidos de PAN Internacional (PAN CL, 2024)[1] con los ingredientes activos según registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA)[2], es posible realizar las siguientes afirmaciones:

Los plaguicidas autorizados en Argentina que se hallan prohibidos o no autorizados en otros países alcanzan la cifra de 167 productos. De dicho total suman 35 (21 %) los plaguicidas prohibidos o no autorizados en otros países que son plaguicidas altamente peligrosos según los criterios establecidos por el grupo de expertos de la FAO y la OMS, y aumentan a 98 (59 %) los plaguicidas según los criterios adicionales propuestos por PAN Internacional.

Se destaca el carbofuram, que en Argentina puede utilizarse en los cultivos de papa y ajo, que se encuentra prohibido en 106 países. Por su parte, los fungicidas (productos para combatir hongos) como el benomil y el carbendazim, que se utilizan en la horticultura y fruticultura, productos químicos que pueden causar daño a nivel del ADN (información genética), se hallan prohibidos en 45 y 41 países respectivamente.

Entre los plaguicidas PAP prohibidos en otros países se destacan los herbicidas Glifosato, Alaclor y Paraquat, ya por su peligrosidad y posibilidad de generar daños en la salud de tipo crónico, como el cáncer, las disrupciones endócrinas, sino además porque en el caso del Paraquat los volúmenes utilizados se han incrementado tanto en las actividades extensivas como intensivas.

En el caso del Paraquat sobresale su utilización tanto en el cultivo de tabaco como entre las hortalizas. En el caso de los neonicotinoides como el Fipronil (49 países) e imidacloprid (29) se debe resaltar, además de su efecto en los seres humanos, su accionar sobre la vida de las abejas, poniendo en riesgo no solo a la producción apícola sino la continuidad en la prestación de servicios ecosistémicos que estos insectos realizan.

La Unión Europea (UE) es reconocida por tener uno de los sistemas regulatorios más estrictos, armonizado entre sus estados miembros, para garantizar un alto nivel de protección para la salud humana y animal, además de promover la biodiversidad, preservar los servicios ecosistémicos y garantizar la seguridad alimentaria.

Sin embargo, aquellos ingredientes activos producidos en Europa y otros países del Norte Global pero prohibidos o no aprobados para su uso en las regiones de producción se exportan a otros lugares, particularmente a países del Sur Global. Esto refleja la limitada preocupación y responsabilidad de los gobiernos y las empresas respecto a las consecuencias ambientales y para la salud humana de este comercio asimétrico. (Atreya K y otros, 2011)[3]

Para enriquecer la información brindada podemos mencionar que en una investigación realizada durante 2021, se recopilaron datos sobre ingredientes activos aprobados para uso agrícola de ocho países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

Entre los 455 ingredientes activos (IA) aprobados de forma consistente en los ocho países de LATAM encuestados, 199 (43,7 %) no estaban permitidos en la UE. Costa Rica tuvo el mayor número de IA aprobados que no estaban permitidos en la UE (140), seguido de México (135), Brasil (115), Argentina (106), Chile (99), Bolivia (87), Uruguay (86) y Colombia (57).

Independientemente del cultivo, un total de 236 IA fueron prohibidas en al menos un país de LATAM. En el caso de Latinoamérica, una región del Sur Global, estos resultados también revelan una debilidad crítica, ya que cientos de ingredientes activos (IA) perjudiciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente siguen aprobados.

Como se muestra, la aprobación de plaguicidas está condicionada por factores productivos y económicos en países cuyas economías dependen de las exportaciones agrícolas y que recientemente han experimentado un proceso de «reprimarización» económica. (de Groot, 2026) [4]

¿Usamos productos prohibidos en otros países por qué?

Una primera aproximación nos puede indicar un mejor acceso a la información de los ciudadanos (productores y consumidores) de otros países respecto al accionar de los plaguicidas y su efecto socioambiental, tal que les posibilita incidir sobre los tomadores de decisión en los parlamentos buscando su prohibición.

Más conciencia, más organización, más movilización puede incidir en la toma de decisiones. A veces los plaguicidas se prohíben porque limita a un país en la exportación de sus productos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, la prohibición del clorpirfos, durante 2021, se relacionó con las restricciones impuestas a los residuos de estos plaguicidas en las manzanas y peras.

También existe lo que se llama doble rasero o estándar: los países europeos prohíben el uso de plaguicidas en sus territorios pero continúan fabricándolos solo para exportarlos hacia los países productores de materias primas como el nuestro.

Lamentablemente, en nuestros países del Sur Global, en los últimos 40 años se continúa apostando a producir cereales y oleaginosas como parte de la generación de exportaciones para así crear divisas con las cuales aportar fondos para el presupuesto nacional.

Una matriz productiva extractivista que no abandonan los sucesivos gobiernos, la cual genera más concentración económica, hambre, desigualdades y contaminación ambiental.


[1] https://pan-international.org/pan-international-consolidated-list-of-banned-pesticides/

[2] Confeccionado en base a la comparación del listado de productos activos según registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA), fecha marzo de 2026.

[3] Atreya K, Sitaula BK, Johnsen FH, Bajracharya RM (2011). Problemas persistentes en las limitaciones del uso de plaguicidas en los países en desarrollo. Revista de Ética Agrícola y Ambiental 24, 49-62.

[4] Grecia Estefanía de Groot, otros. Desigualdades globales en la legislación sobre pesticidas: casi la mitad de los pesticidas aprobados en los principales cultivos de América Latina no están permitidos en la Unión Europea. Proc Biol Sci, 1 de enero de 2026; 293 (2063): 20250267.

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