La Argentina libertaria continúa ofreciendo un espectáculo difícil de disimular detrás de las habituales celebraciones oficiales: mientras el Gobierno insiste en presentar su programa económico como el camino inevitable hacia la prosperidad, los indicadores sociales y laborales describen una realidad brutalmente distinta. El empleo registrado retrocede, la informalidad avanza, la desigualdad se profundiza y las expectativas de una generación entera parecen quedar atrapadas entre la incertidumbre económica y el deterioro de sus condiciones de vida. Al parecer, el sacrificio que tanto reclama la administración de Javier Milei tiene destinatarios bastante definidos… y un puñado de «héroes» siempre intocables.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que el empleo registrado cayó un 0,9% desde la sanción de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. En paralelo, la informalidad pasó del 43,2% al 45% de la población ocupada en apenas un año, según cifras del INDEC. El Instituto Argentina Grande advirtió, además, que el empleo privado registrado acumula trece meses consecutivos de caída y que, desde el comienzo de la gestión libertaria, se perdieron 241.200 puestos de trabajo.

La reforma laboral, presentada como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo, convive así con una realidad que contradice buena parte de sus promesas, tal como era absolutamente de esperar. La flexibilización de las condiciones laborales no parece estar produciendo una expansión del empleo registrado, sino que se desarrolla en un escenario de destrucción de puestos de trabajo y crecimiento de la informalidad. Una modernización bastante peculiar, en la que los derechos parecen ser considerados un obstáculo y la precariedad una oportunidad.

La distribución de los ingresos tampoco ofrece motivos para el festejo. El INDEC reveló que el 10% más pobre de la población recibe apenas el 1,8% de los ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 32%. La distancia entre ambos extremos no es una abstracción estadística: expresa una estructura económica en la que los beneficios y los costos del modelo se distribuyen de manera profundamente desigual.

La brecha también tiene una dimensión de género. El 66% de las personas ubicadas en el sector de menores ingresos son mujeres, mientras que el 62% del segmento más rico está compuesto por varones. En promedio, las mujeres perciben un 26,78% menos que los hombres, una diferencia vinculada tanto con las dificultades de acceso a empleos mejor remunerados como con la distribución desigual de las tareas de cuidado. Una realidad que difícilmente pueda corregirse con discursos sobre el mérito individual mientras se desatienden las condiciones materiales que determinan las oportunidades.

En semejante escenario, tampoco sorprende que los indicadores financieros enciendan nuevas señales de alarma. El riesgo país llegó a los 805 puntos básicos, su nivel más alto del año, después de registrar una suba del 2,3% respecto del viernes. Por primera vez en 2026 superó la barrera de los 800 puntos. Mientras el Gobierno insiste en exhibir la confianza de los mercados como certificado de aprobación de su gestión, semejante indicador vuelve a recordar que la economía argentina continúa expuesta a una incertidumbre que no se resuelve con discursos triunfalistas.

Una generación bajo presión

La situación económica también se convirtió en la principal preocupación de los jóvenes. Un relevamiento del Instituto de Periferias determinó que el 64% identifica a la economía como su mayor inquietud. Dentro de ese universo, el 38,5% señaló el desempleo y el 20,4%, las deudas.

El deterioro no se limita al bolsillo. Cuatro de cada diez jóvenes experimentan frecuentemente ansiedad, angustia o tristeza. El 78% no recibió atención de salud mental durante los últimos meses, el 45,4% carece de cobertura de salud y el 53,7% no busca ayuda frente al malestar que atraviesa. Detrás de los porcentajes aparece una generación que debe proyectar su futuro en medio de la inestabilidad laboral, las dificultades económicas y un acceso insuficiente a herramientas de acompañamiento y atención.

Mientras tanto, en el otro extremo de la escala social, las grandes operaciones patrimoniales siguen encontrando terreno fértil. Un grupo de socios y directivos de Adecoagro, encabezado por su CEO, Mariano Bosch, adquirió a título personal unas 900.000 hectáreas pertenecientes a la familia Benetton, una superficie equivalente a la de Puerto Rico. Los campos están distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La operación, realizada por fuera de Adecoagro como empresa, representa la salida de la familia Benetton del negocio agropecuario argentino, en el que participaba desde 1991. El movimiento confirma, además, la continuidad de un proceso de concentración de enormes extensiones de tierra en manos de grandes capitales privados, en un país donde el acceso al trabajo, la vivienda y los ingresos dignos constituye una dificultad creciente para amplios sectores de la población.

Así transcurre otra jornada en el país de las promesas libertarias: trabajadores que pierden sus empleos, familias que ven deteriorarse sus ingresos, mujeres que cargan con las desigualdades estructurales, jóvenes que no encuentran demasiadas razones para mirar el futuro con tranquilidad… y grandes propietarios que siguen moviendo sus fichas sobre millones de hectáreas.

La cofradía de los malditos continúa con su devastadora misión. A eso vinieron, y eso es lo que están llevando a cabo con debilísima oposición parlamentaria real. Y aunque desde el Gobierno pretendan presentar cada sacrificio social como una estación necesaria hacia una prosperidad que siempre parece estar un poco más adelante, los números exponen una historia bastante diferente. Una historia en la que los costos del experimento libertario se socializan, mientras las oportunidades de acumular riqueza permanecen, como casi siempre, bastante mejor repartidas entre quienes menos necesitan preocuparse por llegar a fin de mes.

Por c2002403

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