Pasma la facilidad con la que algunos dirigentes invocan la necesidad de construir consensos, recuperar el diálogo y abandonar las diferencias en nombre de un supuesto interés superior. Asombra precisamente porque lo hacen con una solemnidad casi religiosa, como si pronunciar determinadas palabras alcanzara para modificar las relaciones de poder, corregir las desigualdades o reparar los destrozos que ellos mismos, o sus propios espacios políticos, contribuyeron a producir. La política argentina tiene una particular habilidad para convertir las contradicciones en argumentos, los oportunismos en pragmatismo y las defecciones en gestos de responsabilidad institucional. Después se sorprenden de que una parte considerable de la sociedad los mire desde una distancia que ya no es solamente ideológica, sino también emocional.

La reciente visita papal dejó una postal multitudinaria, conmovedora para millones de personas que encontraron allí una oportunidad para expresar sus necesidades de pertenencia, esperanza y contención. Sería mezquino desconocer esa dimensión popular y esencialmente humana, como también lo sería descalificar el trabajo cotidiano de tantas comunidades religiosas que, desde sus territorios, acompañan a quienes el Estado y buena parte de la dirigencia abandonan a su suerte. Pero una cosa es reconocer el valor de semejante manifestación colectiva y otra, bastante diferente, pretender que esa conmoción espiritual pueda convertirse automáticamente en una transformación política.

La emoción puede reunir multitudes, despertar sensibilidades y devolver momentáneamente cierta confianza a quienes la habían perdido; lo que no puede hacer por sí sola es resolver los intereses enfrentados, distribuir de otra manera la riqueza ni convencer a los beneficiarios de un orden injusto de que renuncien “graciosamente” a sus privilegios.

En ese sentido, las invocaciones papales a la solidaridad, la fraternidad, el cuidado de los más vulnerables y la necesidad de poner límites a un individualismo que se devora cualquier noción de comunidad merecen algo más que aplausos y fotografías. Porque mientras se multiplicaban las declaraciones de adhesión a esos principios, el país continuaba transitando una realidad bastante menos edificante: salarios que pierden capacidad de compra, jubilaciones degradadas, tarifas que se llevan porciones cada vez mayores de los ingresos familiares y una economía que parece encontrar su principal virtud en demostrar cuánto sufrimiento social puede administrarse sin que se desmorone el relato oficial. Ni que hablar de un poder Judicial al servicio de licuar, dilatar o aliviar cuanta tropelía incurran funcionarios del oficialismo, y que como ya pasó en tiempos pretéritos, saldrá debidamente todo a la luz en cuanto caiga del todo la imagen pública de los libertarios.

La estabilidad de determinadas variables macroeconómicas puede resultar funcional para las planillas de los funcionarios, pero difícilmente constituya una buena noticia para quienes hacen malabares para llegar a fin de mes.

Y aquí aparece una de las grandes hipocresías de esta época: quienes gobiernan pretenden presentar como un logro colectivo un modelo cuyos beneficios se concentran y cuyos costos se distribuyen entre los mismos de siempre. La retórica del sacrificio nacional tiene una curiosa particularidad: nunca parece alcanzar a los sectores que cuentan con mayores recursos para soportarlo. Se exige paciencia a quienes ya no tienen margen, se reclama comprensión a quienes resignan derechos y se predica libertad mientras se reduce la capacidad material de millones de personas para decidir sobre sus propias vidas. Después, cuando la realidad desmiente la propaganda, siempre aparece algún funcionario dispuesto a explicar que los números deben interpretarse con otra metodología, que el indicador verdaderamente importante es otro o que los resultados llegarán cuando la sociedad termine de comprender las bondades del tratamiento. Una suerte de acto de fe económico en el que los creyentes ponen el bolsillo y los sacerdotes del mercado administran el sacrificio desde sus despachos.

Cierto es que podría resultar demasiado cómodo limitar el problema a las extravagancias de quienes hoy ocupan el Gobierno. Hay una responsabilidad mucho más extendida en una dirigencia que ha hecho de la adaptación permanente una doctrina y de la ausencia de convicciones una destreza profesional. Una y otra vez, en oficinas, despachos y ámbitos donde se cocinan las decisiones públicas, aparece la misma explicación, pronunciada con una naturalidad que pretende clausurar cualquier discusión: «La política es así, Dany». Como si estuviéramos frente a una ley de la naturaleza, una fatalidad inevitable o una condena que obliga a aceptar que las convicciones tengan fecha de vencimiento y que los principios puedan modificarse según la dirección del viento. Es el viejo recurso de quienes confunden la flexibilidad con la falta de escrúpulos y el pragmatismo con la conveniencia personal.

No, señores. La política no es así. Así la hacen, y la degradan, ustedes.

La construyen quienes saltan de una vereda a otra sin mayores explicaciones, quienes descubren nuevas convicciones cuando cambian las posibilidades de acceder a un cargo, quienes ayer denunciaban aquello que hoy justifican y quienes encuentran siempre una argumentación suficientemente sofisticada para disimular que, en realidad, están defendiendo su propia supervivencia. Oportunistas, arribistas y saltimbanquis que han convertido la representación pública en un interminable sainete de lealtades transitorias, discursos intercambiables y acuerdos cuya única permanencia parece ser la conveniencia de sus protagonistas. Después se permiten pontificar sobre la necesidad de recuperar la confianza ciudadana, como si el descrédito hubiera descendido desde alguna nube misteriosa y no fuera, en buena medida, el resultado acumulado de sus propias conductas.

Por eso resulta tan poco convincente la convocatoria al diálogo cuando no se explicita qué intereses están dispuestos a poner en discusión, qué privilegios pretenden revisar y qué derechos se proponen defender.

¿Dialogar para acordar qué? ¿Para encontrar una salida compartida o para conseguir que los perjudicados acepten con buenos modales la continuidad de su propio deterioro?

La política no puede ser una mesa de armonía permanente, ni una fotografía de dirigentes sonrientes, ni una ceremonia de reconciliación entre quienes tienen intereses antagónicos. Es el terreno donde esos intereses se expresan, se confrontan, se negocian y, eventualmente, se transforman. Pretender borrar esa dimensión conflictiva bajo una pátina de concordia es desconocer deliberadamente la naturaleza misma de la disputa por el poder.

La consecuencia de semejante degradación no se agota en el enojo de quienes todavía conservamos alguna expectativa sobre la vida pública. Su expresión más preocupante se encuentra en esas mayorías silenciosas que, cansadas de asistir al mismo espectáculo, comienzan a retirarse de la discusión colectiva. No necesariamente porque hayan dejado de tener necesidades, ideas o aspiraciones, sino porque han perdido la confianza en que exista una correspondencia entre lo que se promete desde los escenarios y lo que finalmente sucede en sus vidas. La indiferencia, tantas veces interpretada como apatía ciudadana, también puede ser el resultado de una decepción sistemática, de una acumulación de frustraciones y de la certeza amarga de que, cambien los nombres, las consignas o los colores, buena parte de las cosas seguirá funcionando exactamente igual.

Y ese es, quizás, el triunfo más peligroso de quienes han convertido la política en una representación de sí mismos: conseguir que la sociedad termine creyendo que no hay nada que valga la pena disputar. Porque cuando la ciudadanía se convence de que todos son iguales, de que las convicciones son apenas un decorado y de que participar no modifica nada, los verdaderos beneficiarios del estado de las cosas pueden dormir bastante tranquilos. No necesitan convencer a nadie; les alcanza con que nadie espere demasiado. Y el posibilismo reina con manto púrpura.

La esperanza que millones de personas expresaron durante la visita papal merece algo más que convertirse en una anécdota multitudinaria, una oportunidad de marketing político o una colección de discursos tan piadosos como hipócritas por partes iguales. Merece encontrar representación en decisiones concretas, políticas públicas y compromisos verificables; en una dirigencia capaz de entender que la solidaridad no se proclama mientras se desprotege al que menos tiene, del mismo modo que la justicia social no se defiende con declaraciones si después se negocia milimétricamente en los despachos.

Porque la política no está condenada a ser este cambalache de conveniencias que algunos pretenden naturalizar. Lo que está en crisis no es la política como herramienta de transformación colectiva, sino una dirigencia que parece haber olvidado para qué existe y que, en demasiadas ocasiones, utiliza esa herramienta para perpetuarse a sí misma.

Y mientras sigan explicándonos que todo esto es simplemente parte del juego, habrá que recordarles que la disyuntiva no pasa porque la sociedad haya dejado de creer en la política. El drama radica en que demasiados políticos llevan demasiado tiempo haciendo méritos para que el pueblo deje de creer en ellos.

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