Mientras el debate público se concentra en condenar de modo recurrente a determinados protagonistas de los años ’70, el verdadero legado estructural del régimen cívico militar permanece casi intacto. Entre esas herencias sobresale la Ley de Entidades Financieras, columna vertebral de un modelo económico pensado para la especulación, la fuga y la dependencia.
Nos detenemos por un minuto en la complejidad del revisionismo de los ‘70.
Existe un dato histórico tan incómodo como revelador: centenares de leyes dictadas por la última dictadura cívico-militar continúan plenamente vigentes en el ordenamiento jurídico argentino. Normas pensadas, escritas y aprobadas bajo la firma de la Junta Militar siguen formando parte del andamiaje legal que regula aspectos centrales de nuestra vida económica, política e institucional.
Lo notable es que, a lo largo de cuatro décadas de democracia -incluidos gobiernos que se reivindicaron nacionales y populares, como el kirchnerismo- ese cuerpo normativo heredado del terrorismo de Estado casi nunca fue objeto de una revisión política profunda; mucho menos con la intención de debatirlo para luego esclarecer al conjunto sobre el tema, aspecto esencial para comprender materialmente nuestros niveles de dependencia.
Es decir, se condenó con justicia el horror del régimen, se hizo toda una tarea política virtuosa con los DD.HH., pero el sistema legal que ayudó a estructurar buena parte de la arquitectura de la dependencia económica permaneció prácticamente intacto.
En ese sentido, cabe preguntarse si la insistencia en demonizar figuras como Isabel Perón o José Ignacio Rucci -presentándolas una y otra vez como la antesala inevitable de la noche más oscura- no cumple también otra función política menos confesada: la de evitar discutir aquello que sí permanece vigente.
Porque mientras esas figuras se convierten en objeto permanente de condena histórica por los sectores de nuestra progresía, centenares de leyes sancionadas por la dictadura continúan regulando aspectos centrales de nuestra vida institucional y económica sin haber sido siquiera revisadas en profundidad.
La pregunta incómoda entonces aparece sola: ¿no será que ese trastoque en el relato de lo histórico, ese foco obsesivo sobre ciertos episodios y protagonistas del pasado, funciona en parte como una forma de disimular la falta de coraje político para cuestionar el andamiaje jurídico heredado del régimen militar? ¿No será que resulta más sencillo condenar retrospectivamente a determinados dirigentes que abrir el debate sobre leyes que aún hoy llevan la firma de la Junta Militar?
A propósito de lo antes descripto, veamos la siguiente problemática irresuelta
La permanencia de la Ley de Entidades Financieras en democracia refleja una derrota cultural profunda, ya que la aceptación tácita del modelo financiero dictatorial por los gobiernos posteriores -incluso por aquellos de raigambre popular- muestra la incapacidad política de construir una hegemonía alternativa al servicio del bienestar popular.
El modelo de democracia liberal formal, sin contenido económico soberano, fue naturalizado al punto de que ya ni siquiera se percibe que la ley fundamental del sistema financiero argentino proviene de una dictadura que anuló todos los derechos a puro secuestro, tortura, robo, muerte y desaparición.
Mientras esta ley permanezca vigente, la Argentina seguirá atrapada en una estructura financiera funcional a la especulación, la fuga y el endeudamiento externo, y no al crédito, la producción y el trabajo. Derogar o reemplazar esta ley no es sólo una cuestión técnica, sino un imperativo político, económico y cultural si se quiere avanzar hacia un verdadero país soberano.
Comencemos por poner el tema en debate, pues. Derogarla sería un acto patriótico para empezar a llenar la democracia de contenido nacional real. En otras palabras, sería comenzar a desarmar, en serio, la herencia estructural del 24 de marzo de 1976.
Es cierto: cuestionar la Ley de Entidades Financieras implica confrontar directamente con el poder económico real —bancos, medios, organismos internacionales, pulpos financieros y sectores aliados con dominio de mucho poder económico—. Evidentemente, los costos políticos serían altos: ruptura con el establishment, fuga de apoyos empresariales, presión mediática y financiera, y un constante riesgo de desestabilización.
Pero hay que saber que arriesgarse a limar las bases estructurales del poder antinacional, animarse a darle pelea a la dependencia, supone costos muchísimo menores que la naturalización de su permanencia. Los resultados de nuestra impotencia política están a la vista.
A ver si empezamos a merecer todo el odio que nos profesan, porque por tibios están a punto de pisarnos la cabeza.