La marcha será en DEFENSA de la EDUCACIÓN PÚBLICA. La última vez que ocurrió algo parecido fue hace 55 años, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en tiempos del llamado Cordobazo.

En medio de las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei con respecto a la educación, los representantes de las 73 universidades públicas integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una «Gran Marcha Universitaria» a Plaza de Mayo para el martes 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario.

La decisión de convocar a la manifestación fue tomada la semana anterior, luego de que se realizara el 91º Plenario de Rectoras y Rectoras del CIN, quienes advirtieron que la «situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave» y se necesita la respuesta urgente de los poderes del Estado nacional.

También señalaron que en febrero aprobaron una declaración manifestando «preocupación por la falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas».

En ese sentido, añadieron: «Con sólo nombrar esas dificultades que afrontamos, podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)», que fue dado de baja por la Administración libertaria y forma parte del salario docente”.

«Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria», sostuvieron en el escrito.

Por último, pidieron a la sociedad en general que se sume al reclamo para defender el derecho a acceder a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre y que cualquier acuerdo a nivel nacional priorice la cuestión educativa.

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