Avanzando siempre sobre los más débiles, el recorte en los fondos que se destinan a los comedores populares plantea nuevos desafíos importantes para las organizaciones sociales, y para aquellos que dependen de estos servicios en momentos de grandes necesidades.
El Ministerio de Capital Humano, no conforme con su absurda decisión de paralizar la entrega de alimentos, decidió ahora apuntar a reducir los fondos asignados a las cocineras y trabajadores que se desempeñan en las organizaciones comunitarias. El salario de alrededor de 226 mil personas, de acuerdo con datos oficiales, se verá afectado.
Hasta ahora, recibían un monto que se basada en una ley que los equiparaba con el salario mínimo vital y móvil.
Se supo que luego de transferir el programa de asistencia social, Potenciar Trabajo, a la Secretaría de Trabajo y a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recortando los planes, ahora se busca un nuevo ajuste, esta vez mediante el recorte del salario de quienes trabajan en cocinas de los centros comunitarios.
Mientras hay personas que vuelven a revolver los basurales en busca de poder llevarse algo a la boca, en que muchos se saltean alguna comida y los comedores no pueden dar respuesta a todos, el Gobierno decide, en vez de plantear soluciones, complicar aún más este contexto.
En cuanto al recorte salarial, es importante destacar que aquellos que trabajan en los comedores reciben un salario mínimo, vital y móvil en virtud de la ley “Cocineras”. El proyecto, presentado en mayo de 2023 y que se convirtió en la «ley Cocinera” reconoce a quienes trabajan en las cocinas de los comedores populares, ámbito en el cual realizan la tarea de alimentar a más de 10 millones de personas.
Muchas organizaciones sociales han presentado recursos de amparo en la Justicia, por lo que consideran una “grave crisis humanitaria” en los barrios populares y, en especial, en los comedores comunitarios, que hoy se encuentran con escasez de recursos.