Mientras el discurso oficial insiste en la estabilización, los números muestran otra cara: en 26 meses de gestión de Javier Milei cerraron más de 24 mil empresas y se perdieron 290 mil puestos de trabajo, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El impacto golpea de lleno al entramado productivo, con especial crudeza en el sector industrial.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, no dejó margen para el optimismo: calificó la situación como “muy crítica” para las empresas manufactureras y advirtió que “hay en riesgo 1200 industrias”. “De no adoptarse medidas urgentes para sostener la actividad, ese número de empresas podría desaparecer de aquí a junio”, aseguró.
Desde el frente empresario, las alarmas también se encienden por el avance de prácticas irregulares. Dante Do Sun Choi, dueño de la firma de electrodomésticos Peabody, fue tajante: “La ilegalidad tomó el mercado”. En esa línea, describió un escenario donde producir dejó de ser viable y hasta importar resulta inviable “salvo subfacturando”.
El diagnóstico se vuelve aún más crudo en su comparación: “A esto yo lo llamo la bolivarización de la economía argentina: en Bolivia, el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando. Ahora ocurre lo mismo aquí”, expresó, trazando un paralelismo que expone el deterioro y la distorsión creciente en el funcionamiento del mercado local.
Si estos datos y advertencias no alcanzan para encender de una bendita vez todas las alarmas, el problema ya no es sólo económico sino, como presumíamos, profundamente político: el rumbo elegido no solo enfría la actividad, sino que erosiona las reglas básicas del sistema productivo, y para peor lo realiza concienzudamente, desbarrancando a la industria, y va triturando por completo al mercado interno bajo la ley de la selva.