Actores sociales en pugna sobre el derecho a vivir en un ambiente sano (Buenos Aires). (Fase 3)
En el último número de Huellas comentamos como el Juez Villafuerte Ruzo resolvió en 2019 ampliar las medidas precautorias que suspenden provisionalmente las pulverizaciones con plaguicidas, estableciendo un límite restrictivo de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aéreas en todo Pergamino.
Ante esta situación el sector más proclive a no restringir el uso de plaguicidas determinó sus propias tácticas y estrategias. Ante presiones de organizaciones de productores y un recurso de amparo presentado por el gobierno municipal, la Cámara Federal de Rosario confirmó la continuidad de la medida cautelar y amplió su alcance al gobierno provincial de Buenos Aires(1).
“La Cámara Federal de Rosario confirmó la decisión judicial que el año pasado prohibió la fumigación terrestre y aérea en Pergamino y zonas urbanas y amplió la medida cautelar al gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
En cuanto al cumplimiento de las normativas, tres productores agroindustriales fueron procesados penalmente por fumigar con agrotóxicos cerca de centros poblados, siendo acusados de contaminación ambiental peligrosa para la salud pública.
“La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de tres productores agroindustriales en el Partido de Pergamino (Buenos Aires) por fumigaciones con agrotóxicos cerca de un centro poblado. Se elevó la causa para resolver los recursos de apelación interpuestos por las defensas de José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini, contra la resolución del 31 de julio de 2020… coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos…”(2)
Por su parte, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, presentó un recurso para impedir la aplicación de estas restricciones, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó las distancias de exclusión establecidas, rechazando el recurso y respaldando la lucha iniciada por Sabrina Ortiz.
Así “… el alto tribunal rechazó el recurso de amparo presentado por el intendente de esa ciudad bonaerense, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz, que se recibió de abogada para afrontar su lucha contra las pulverizaciones que afectaban a su familia y vecinos…”(3).
En respuesta a la problemática ambiental, productores agroecológicos del distrito organizaron la Feria Verde, espacio donde se comercializan productos de huertas, frutas, huevos y miel, entre otros.
Varios productores han sido certificados como agroecológicos por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.
Los participantes de la feria declararon: “No usamos ningún tipo de matayuyo porque con el tiempo nos afecta” (Productora agroecológica, comunicación personal, 5 de diciembre de 2024).
Estas familias combinan actividades agrícolas con ganaderas, como la cría de aves, ovejas y ganado vacuno.
También hay productores de trigo agroecológico que elaboran y venden harina, prepizzas y panes.
Cabe señalar que algunos productores convencionales están comenzando a planificar transiciones hacia la agroecología, incorporando cultivos de árboles y arbustos nativos, con miras a planes de adaptación y mitigación frente al cambio climático, incluyendo iniciativas relacionadas con bonos de carbono.
Los productores agrícolas convencionales y las empresas químicas han reaccionado con oposición a las restricciones impuestas por ordenanzas y fallos judiciales que limitan la aplicación de plaguicidas.
Consideran que estas medidas afectan gravemente la producción agraria, especialmente en un contexto que exige aumentar la producción para enfrentar el hambre mundial.
Critican la falta de plazos claros, planificación y monitoreo en la implementación de dichas restricciones.
Desde el sector empresarial se promueve la mejora en las prácticas de aplicación de plaguicidas, en lugar de imponer limitaciones estrictas.
Un representante vinculado a empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos señaló: “Debemos hacer hincapié en cómo se aplican los productos, hay que hacerlo bien y no poner límites a la utilización. Hay que capacitar más”.
En respuesta a las restricciones, los productores presentaron una propuesta de ordenanza municipal que establece una zona de amortiguamiento de 100 metros alrededor de las zonas urbanas, donde se prohíbe la aplicación de productos catalogados en las categorías toxicológicas I y II (los más tóxicos según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).
Asimismo, respaldan investigaciones que intentan demostrar una baja contaminación de los recursos hídricos.
Presentando estudios que minimizan los niveles de plaguicidas encontrados en el agua, asegurando que estos no representan riesgos para la salud.
Un caso destacado fue la colaboración entre científicos de la Universidad de Buenos Aires (Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica), funcionarios de Pergamino, el ministro de Ciencia de Buenos Aires, Jorge Elustondo, y empresas del agronegocio.
Bajo la promesa de realizar estudios científicos en la población, omitieron analizar los químicos denunciados (glifosato, atrazina, 2-4-D), ocultaron conflictos de intereses, negaron resultados a la población afectada y minimizaron la contaminación basada en análisis sesgados: “Son niveles muy bajos de plaguicidas, no representan ningún tipo de riesgo”.
Esta maniobra fue celebrada por empresas e instituciones agrupadas bajo el sello “Agrolimpio”, que incluye a la Sociedad Rural, la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), la Cámara de Agroquímicos (Casafe), el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA), empresas de aeroaplicación, la Federación de Distribuidores de Insumos y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (Aiamba).
A las 48 horas, el Municipio y los científicos presentaron los resultados ante el Concejo Deliberante, indicando que encontraron niveles “bajos” de glifosato en el agua, basándose en parámetros internacionales que establecen un nivel máximo de 700 PPB (microgramos por litro).
Sin embargo, no aclararon que no existe consenso científico sobre dicho límite: mientras Estados Unidos permite 700 PPB, la Unión Europea establece un límite mucho más estricto de 0,1 PPB.
Reconocieron la existencia de casos con niveles elevados, atribuyéndolos a “excepciones puntuales de contaminación”.
En general, sostuvieron que “los niveles son muy bajos y no representan riesgo”.
Respecto al agua de consumo humano, indicaron que se detectó glifosato en algunas muestras, pero también a niveles bajos(4).
Por su parte, el gobierno municipal se manifestó en contra de las restricciones, argumentando que estas limitan la producción agrícola y, por ende, los ingresos de productores y del estado.
Consideran que la extensión de las restricciones a zonas no vinculadas a la producción carece de respaldo científico suficiente.
Profesionales y organizaciones vinculadas a la actividad agraria han rechazado la imposición de zonas de restricción, insistiendo en la promoción de Buenas Prácticas Agrícolas.
Los medios de comunicación locales también han apoyado limitar las restricciones, privilegiando la producción agrícola.
Un medio local informó: “Para los especialistas, esto implicaría desechar unas tres mil hectáreas productivas en el Partido de Pergamino y generar un cordón de 100 metros de ancho alrededor de los pueblos, donde crecerían malezas y abundarían roedores. También se cuestiona si esas tierras sin uso seguirán tributando impuestos”(5).
4https://lavaca.org/notas/operacion-pergamino-la-verdad-de-la-mentira/
Mi admiracion y un sólo renglón.
Al pan, pan y al vino, vino.