El crimen de Agostina expone una cadena de omisiones, complicidades y negligencias que vuelve a colocar en el centro del debate el papel de la Justicia frente a la violencia de género
Hay frases que, sin proponérselo, terminan retratando una época. Mientras Córdoba y gran parte del país intentaban procesar la conmoción por el asesinato de Agostina, una adolescente de apenas 14 años, el fiscal a cargo de la investigación eligió destacar el trabajo de los perros que hallaron el cuerpo de la joven y sugirió que merecían una medalla.
La escena tiene algo de símbolo involuntario. Porque mientras el Estado celebra haber encontrado un cadáver, miles de familias se preguntan por qué no hizo lo necesario para encontrar con vida a quien había desaparecido. La diferencia no es menor.
La pregunta que sobrevuela el caso Agostina no tiene que ver con lo ocurrido después del hallazgo. Tiene que ver con todo aquello que ocurrió antes. O, más precisamente, con todo aquello que no ocurrió.
¿Por qué la Justicia demoró medidas elementales cuando ya existían indicios concretos? ¿Por qué no se actuó con la urgencia que requería la desaparición de una menor? ¿Por qué los antecedentes del principal sospechoso no alcanzaron para encender todas las alarmas?
Las respuestas oficiales no logran disipar esas dudas. Por el contrario, las profundizan. Y mientras tanto, los degenerados gozan del tiempo necesario para hacer todo lo que hacen.
Porque Claudio Berrelier no apareció de la nada en esta historia. Un año antes había sido denunciado en una causa gravísima. Su expareja logró escapar semidesnuda y maniatada de la misma vivienda que hoy ocupa un lugar central en la investigación por el asesinato de Agostina. A pesar de la gravedad de los hechos, recuperó la libertad pocas semanas después. Con adecuada banca política mediante.
Esa decisión judicial no pertenece al terreno de las especulaciones. Es un hecho. Como también es un hecho que hoy una adolescente está muerta.
Naturalmente, nadie puede afirmar qué habría ocurrido si aquella causa hubiera tenido otro desenlace. Pero tampoco puede ignorarse una pregunta inquietante: ¿cuántas tragedias podrían evitarse si el sistema judicial actuara con la misma velocidad para prevenir que para justificar sus errores?
La discusión excede a un fiscal, a un juez o a una causa particular. Pero los agrupa bajo el mismo maremágnum de mierda por ellos mismos creada.
Desde hace años, los movimientos de mujeres vienen denunciando un patrón que se repite con alarmante frecuencia: cuando una mujer denuncia violencia, cuando una familia denuncia una desaparición o cuando alguien advierte una situación de riesgo, la primera reacción institucional suele ser la sospecha sobre la víctima y no sobre el victimario.
Se piden más pruebas. Más testimonios. Más certezas. Mientras tanto, el tiempo corre.
Y en muchos casos, como ocurrió con Agostina, el tiempo termina siendo el recurso más valioso que se pierde.
Por eso la indignación social no se dirige únicamente contra quien está acusado de haber cometido el crimen. También apunta hacia una estructura que parece incapaz de aprender de sus propios fracasos.
Y es allí donde aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas Agostinas más necesita esta sociedad para asumir la verdadera dimensión del problema?
Tal vez seguimos siendo una comunidad demasiado inmadura frente a la violencia machista. De otro modo, hace tiempo que habríamos tomado definiciones mucho más firmes, profundas y definitivas respecto de quienes secuestran, torturan, violan o asesinan mujeres y niñas. Porque cada nuevo femicidio vuelve a demostrar que estamos ante algo más que simples infractores de la ley: estamos ante individuos capaces de destruir deliberadamente una vida, una familia y una comunidad entera.
La crudeza de los hechos obliga también a nombrar la crudeza de las emociones que generan. No son pocos quienes sienten que estos monstruos representan lo más degradado, y seamos claros, irrecuperables, que puede producir la cloaca de una sociedad. Sujetos que, después de acumular antecedentes, amenazas, privaciones de la libertad o agresiones, vuelven a encontrar puertas abiertas mientras sus víctimas encuentran puertas cerradas. Esa sensación de hartazgo colectivo no nace de la intolerancia; nace de la repetición insoportable de tragedias que pudieron evitarse.
Cada femicidio reactualiza entonces una discusión que la dirigencia política, judicial y social parece empeñada en esquivar: cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de colocar la protección de las potenciales víctimas por encima de cualquier otra consideración. Porque mientras seguimos debatiendo procedimientos, formalidades y excusas institucionales, hay familias que entierran hijas que jamás debieron morir.
A esa dimensión judicial se suma otra inevitablemente política: Las vinculaciones del acusado con sectores de poder cordobeses, los respaldos que recibió en el pasado y la red de relaciones que lo rodeó, alimentan interrogantes que difícilmente puedan descartarse como simples coincidencias. No porque constituyan pruebas de encubrimiento, sino porque ayudan a comprender cómo funcionan ciertos privilegios en la Argentina real, esa donde no todos enfrentan a las instituciones en igualdad de condiciones.
Como presagiaba George Orwell en su eterna «Rebelión en la Granja»: «Todos los animales son iguales… pero algunos son más iguales que otros».
El caso ocurre además en un contexto nacional particularmente putrefacto
Mientras organizaciones sociales y colectivos feministas reclaman más herramientas para prevenir la violencia de género, sectores importantes del oficialismo nacional impulsan discursos que relativizan el problema. Se cuestiona la figura del femicidio, se instala el debate sobre las llamadas falsas denuncias y se desacreditan políticas públicas construidas durante años de lucha social.
En ese escenario, la muerte de Agostina adquiere una dimensión que trasciende lo policial.
Porque no se trata solamente de una adolescente asesinada.
Se trata también de una advertencia.
La advertencia de que cuando las denuncias no son escuchadas, cuando los antecedentes son minimizados y cuando las instituciones actúan tarde, las consecuencias, en la mayoría de los casos, terminan siendo irreversibles.
Las organizaciones que volverán a movilizarse en las calles mañana no reclaman privilegios. Reclaman algo bastante más elemental: que una denuncia sea tomada en serio antes de que sea demasiado tarde. Que una desaparición active todos los mecanismos disponibles. Que los antecedentes de violencia no sean archivados como simples episodios domésticos.
Y que ninguna familia tenga que escuchar explicaciones burocráticas cuando lo que esperaba era encontrar viva a una hija.
Lo que todavía está en discusión es si el Estado argentino seguirá reaccionando frente a los femicidios cuando ya son una noticia consumada, o si alguna vez decidirá actuar con la urgencia necesaria para impedirlos.
Lo que debería estar en máxima discusión y observación… es si en este y en muchos otros aspectos, el Estado argentino aún merece ser considerado como tal.