Algunas decisiones judiciales producen más ruido por lo que desplazan que por lo que resuelven. La del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pertenece a esa categoría.
Con un fallo que seguramente recorrerá varias instancias de apelación, el magistrado decidió apartar a todos los querellantes de la causa que investiga la presunta estafa vinculada al token LIBRA. El argumento fue técnico: ninguno de los denunciantes habría acreditado un perjuicio directo ni la titularidad de los activos suficientes para mantener su condición de querellante.
La resolución hizo lugar al planteo formulado por la defensa de Mauricio Novelli y dejó el expediente sin la participación activa de quienes venían impulsando buena parte de las medidas de investigación.
Los abogados de los cinco querellantes ya anticiparon que recurrirán la decisión. Ahora serán los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes deberán definir si esas querellas recuperan su lugar dentro del expediente.
Mientras tanto, la causa queda exclusivamente en manos del cuestionado fiscal Eduardo Taiano. Y allí comienza el verdadero problema político.
La oposición no tardó ni un minuto en interpretar el fallo como una señal de alarma. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que durante más de un año la investigación avanzó a paso de tortuga, denunciando demoras en las medidas de prueba y la ausencia de declaraciones testimoniales o indagatorias. La diputada Sabrina Selva fue todavía más lejos: afirmó que la Justicia «sigue garantizando impunidad» y advirtió que, sin querellas que impulsen el expediente, la investigación corre el riesgo de diluirse.
Desde la UCR, Pablo Juliano volvió a desentonar con el colaboracionismo de buena parte del radicalismo. Cuasi solitariamente, en medio de un vasto bloque de remadores de la nave libertaria, el diputado denunció un supuesto acuerdo entre el Gobierno y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Según planteó, la reciente designación de la esposa del magistrado y el apartamiento de los querellantes del caso LIBRA conforman una secuencia que merece, como mínimo, severos interrogantes. Una postura que contrasta con el silencio o la cautela de numerosos correligionarios, cada vez más cómodos remando a favor de la corriente oficialista que ejerciendo el viejo oficio radical de controlar al poder.
Juan Grabois, quien además de diputado es abogado patrocinante de cuatro de los querellantes, calificó la resolución como «una gran noticia para Milei» y sostuvo que fueron precisamente las querellas las que permitieron incorporar elementos relevantes a la investigación, como las reuniones previas al lanzamiento del token y la participación del Presidente en ese entramado. También vinculó el fallo con presuntos acuerdos políticos recientes. En la misma línea, el socialista Esteban Paulón calificó la decisión como «insólita y preocupante» y advirtió que «se prepara el terreno para la impunidad de Javier y Karina».
Naturalmente, todas esas afirmaciones pertenecen al terreno de la disputa política y deberán encontrar respaldo probatorio si pretenden trascender el plano de la denuncia pública. Pero también es cierto que las percepciones sobre la Justicia no se construyen únicamente con sentencias: se alimentan, sobre todo, de los tiempos.
Y los tiempos judiciales, cuando coinciden demasiado con las conveniencias del poder, suelen despertar más sospechas que confianza.
Porque una causa de semejante impacto institucional, sin querellantes y con una investigación cuya lentitud viene siendo objeto de fuertes cuestionamientos, difícilmente contribuya a fortalecer la credibilidad del Poder Judicial. Más bien se constituye en el último ladrillo para terminar de consolidar un muro levantado a pura mierda.
La escena, además, tiene una ironía imposible de ignorar: en una causa originada por una presunta estafa millonaria, la Justicia termina discutiendo si existen damnificados con derecho a impulsar la investigación. Como si el problema principal fuera quién puede preguntar y no qué fue exactamente lo que ocurrió. Es el viejo truco de correr el arco para que el partido termine empatado por abandono.
En definitiva, el expediente LIBRA vuelve a ofrecer una fotografía demasiado conocida para la Argentina: una investigación de enorme repercusión pública que parece avanzar con la velocidad de un caracol anestesiado. La Justicia no siempre necesita cerrar una causa para garantizar tranquilidad; a veces alcanza con envolverla en una lenta ceremonia de expedientes, plazos y tecnicismos, hasta que el escándalo envejezca y la memoria colectiva haga el resto. Después de todo, en ciertos despachos el mejor aliado de la impunidad nunca fue el secreto: siempre fue el calendario.