Mientras el Gobierno profundiza su programa de desregulación, la producción automotriz retrocede, los hogares recortan alimentos para pagar la vivienda, Flybondi termina en concurso preventivo y la discusión por la tierra vuelve a los tribunales. Del otro lado, la oposición necesita encontrar catorce diputados para conseguir quórum. La épica, por ahora, a duras penas intenta caminar con calculadora en mano.
En ciertas épocas, las noticias parecen competir entre sí para determinar cuál consigue primero el premio a la peor de la semana o el mes, según corresponda. Esta es una de ellas, aunque convendría aclarar que no estamos frente a una catástrofe natural ni ante un fenómeno extraordinario que haya caído sobre la Argentina sin que nadie pudiera preverlo. Se trata, en buena medida, de las consecuencias económicas y sociales de decisiones políticas concretas, mientras una parte de la dirigencia opositora continúa intentando reconstruir mayorías parlamentarias que le permitan, al menos, discutir algunos de los instrumentos con los que el Gobierno viene pulverizando muy concienzudamente al país.
El 15 de octubre, la oposición buscará reunir quórum en Diputados para rechazar el DNU 70/2023 y avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas destinadas a familias endeudadas. Necesita 129 diputados y, hasta ahora, tiene 115 confirmados: le faltan 14. Otros 113 aparecen alineados con el oficialismo y 29 todavía no definieron su posición. Entre estos últimos hay representantes de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, el MID y bloques unipersonales; además, 17 responden a gobernadores, lo que convierte a las negociaciones provinciales en una pieza decisiva.
La escena tiene algo de grotesco, aunque el asunto sea demasiado serio como para tomarlo a la ligera: mientras el Gobierno continúa avanzando con su programa de reformas, la oposición necesita hacer cuentas, conseguir voluntades y esperar que determinados gobernadores decidan cuánto están dispuestos a confrontar con la Casa Rosada. La política institucional, en este caso, se parece bastante menos a una batalla de principios que a una búsqueda minuciosa de los 14 números que faltan para completar una planilla.
Y Groucho Marx, para variar, desde donde se encuentre, sonríe de parabienes porque esta sociedad y estas dirigencias no paran de honrarlo en una de sus más emblemáticas definiciones: “Estos son mis principios… si no le gustan, tengo otros!”
Mientras tanto, el DNU sigue dejando su huella.
La derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a ocupar el centro de la discusión judicial después de que fuera rechazada una medida interina solicitada por Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros. El juez Enrique Alonso Regueira consideró que los legisladores no acreditaron una urgencia que justificara resolver la cuestión sin escuchar previamente al Gobierno y le otorgó cinco días al Ejecutivo para presentar un informe antes de decidir sobre la cautelar.
En Río Negro permanece además pendiente desde 2024 otro amparo contra la derogación de la Ley de Tierras, impulsado por comunidades mapuches, organizaciones ambientalistas y la legisladora Magdalena Odarda. Después del rechazo de la presentación del CECIM sin abordar el fondo de la cuestión, los demandantes reclamaron que el expediente vuelva a Bariloche y continúe su trámite. Así, una discusión que involucra soberanía territorial, propiedad de la tierra y protección ambiental permanece atrapada entre expedientes, recursos y decisiones judiciales, mientras el régimen que eliminó las restricciones de la legislación anterior continúa vigente.
Pero si alguien recién venido de Narnia (ese universo paralelo tan superpoblado de compatriotas de todas procedencias) supone que, al menos, la economía productiva está ofreciendo buenas noticias para compensar semejante panorama, conviene mirar hacia las fábricas. La producción automotriz cayó 15,6% interanual en septiembre, con 39.747 vehículos fabricados, 7.361 menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros nueve meses del año la caída acumulada llegó al 16,9%. Hubo un dato favorable en las exportaciones, que crecieron 6,8% interanual durante septiembre, pero incluso ese registro positivo convive con un mercado interno que continúa mostrando debilidad. La fotografía completa, por lo tanto, se parece bastante menos a una recuperación industrial que a una economía que encuentra algunos respiraderos mientras mantiene una caída significativa en su producción.
Y entonces aparece Flybondi, aquella empresa de harto dudosos orígenes, que llegó al mercado como uno de los emblemas de la denominada “revolución de los aviones” y que ahora se presentó en concurso preventivo de acreedores después de 57 días sin volar. La compañía, que comenzó a operar en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, busca renegociar sus deudas en medio de embargos, cancelaciones e incumplimientos. El episodio no demuestra por sí mismo que todo el modelo de desregulación haya fracasado, pero sí ofrece una postal bastante incómoda para quienes alguna vez presentaron la expansión de las low cost como una demostración casi automática de las virtudes de dejar actuar al mercado.
La otra fotografía inquietante está en los hogares. Según Hábitat para la Humanidad, el 83% de los argentinos redujo al menos un gasto durante el último año para afrontar los costos vinculados con la vivienda. El 38% recortó alimentos y compras esenciales, el 37% recurrió a ahorros o fondos de emergencia y el 35% sumó trabajos o más horas laborales. Es decir, para una porción enorme de la población, sostener el techo exige resignar otras necesidades, consumir los ahorros acumulados o trabajar más.
Resulta difícil no advertir cierta ironía cuando semejante escenario convive con un discurso oficial construido alrededor de la libertad económica. Porque la libertad, vista desde el presupuesto familiar, puede adquirir una forma bastante menos grandilocuente que la de los discursos presidenciales: elegir qué gasto dejar para después, qué alimento reemplazar, cuánto ahorro consumir o cuántas horas adicionales trabajar para llegar a fin de mes. La macroeconomía podrá explicarlo mediante porcentajes, pero las familias suelen descubrirlo de una manera mucho más concreta cuando hacen las cuentas frente a la góndola del supermercado o delante de la factura del alquiler.
El problema, entonces, no es solamente la sucesión de indicadores negativos, sino la acumulación de señales que aparecen simultáneamente en distintos sectores. La producción automotriz cae, una aerolínea emblemática de la apertura del mercado entra en concurso preventivo, los hogares recortan consumos esenciales para sostener la vivienda y la discusión por la tierra continúa abierta en los tribunales, mientras el Gobierno mantiene su programa de desregulación y la oposición intenta encontrar los votos suficientes para ponerle algún límite parlamentario.
Y allí vuelve a aparecer el pequeño detalle de las 14 bancas que faltan.
Porque para rechazar el DNU 70/2023 no alcanza con denunciar sus consecuencias; hace falta reunir 129 diputados. Para prorrogar la emergencia en discapacidad no alcanza con explicar su necesidad; hace falta que el recinto tenga quórum. Y para convertir una crítica política en una modificación concreta de las reglas de juego no alcanza con comunicados, conferencias de prensa o indignación en redes sociales. Hay que conseguir los votos.
El oficialismo, mientras tanto, no necesita que la oposición sea particularmente torpe ni particularmente brillante. Le alcanza con que no consiga reunir los números. Y ahí reside buena parte de la fragilidad de quienes pretenden funcionar como contrapeso: una oposición que debe negociar voto por voto con sectores ligados a gobernadores que, a su vez, mantienen sus propias conversaciones y transas a granel con el Gobierno nacional, termina exhibiendo una capacidad de resistencia bastante más limitada que la que suele anunciar desde sus tribunas.
La Argentina sigue acumulando paradojas. Se habla de libertad mientras las familias reducen alimentos para pagar la vivienda; se habla de modernización mientras una de las compañías que simbolizó la apertura aerocomercial intenta reestructurar sus deudas; se habla de crecimiento mientras la producción automotriz acumula una caída del 16,9% en nueve meses; se discute la propiedad extranjera de la tierra mientras la Justicia analiza cautelares y amparos; y se anuncia la voluntad de poner límites al Gobierno mientras quienes pretenden hacerlo todavía están contando hasta 129.
No hace falta agregar demasiado dramatismo cuando los propios números se encargan de producirlo. El Gobierno tiene una hoja de ruta y la está ejecutando. En su siniestro derrotero, demasiado bien le han venido saliendo los planes. Sus adversarios tienen argumentos, reclamos y proyectos alternativos, pero todavía deben demostrar que pueden convertirlos en mayorías políticas capaces de modificar… algo. O alguito.
Mientras tanto, la economía real sigue haciendo su trabajo silencioso: fábricas que producen menos, empresas que buscan reestructurar deudas y familias que recortan gastos para sostener la vivienda. El discurso oficial podrá seguir hablando de libertad, eficiencia y transformación, y la oposición podrá continuar preparando sesiones y negociando votos. Pero, por ahora, entre unos y otros queda una realidad bastante menos discursiva: un país donde cada vez más gente necesita hacer malabares con la plata para sostener aquello que antes parecía una cuestión elemental, como comer, trabajar y tener un techo.
Y quizás ahí esté la noticia más difícil de maquillar: mientras el Gobierno avanza y la oposición calcula, hay una sociedad que paga la cuenta. Absolutamente nada que no conozcamos ya de memoria, mientras el tiempo no para, y las soluciones de fondo jamás terminan de aparecer. Porque, según dicen los entendidos, nunca es “el momento” para patear tableros y comenzar a reconstruir todo de raíz.