Una denuncia ante el Tribunal de Cuentas señala omisiones en el Boletín Oficial y plantea interrogantes sobre el acceso a la información pública.
Hay una vieja costumbre de la política que consiste en pronunciar la palabra transparencia con solemnidad, mientras se administra la información pública con una generosidad bastante más selectiva. En tantísimas regiones pasan esta clase de situaciones. Como en las mejores familias, dirían nuestras nonas. Y es el caso de Morón, donde una investigación presentada por el exconcejal de la Coalición Cívica Francisco Mones Ruiz ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires volvió a poner aquella contradicción bajo la lupa.
Los números que aporta no son precisamente un detalle administrativo para despachar entre expedientes, sellos y escritorios: hablan del presupuesto municipal, las contrataciones, los subsidios, las designaciones de personal y hasta de la reglamentación de la denominada Policía Municipal.
La presentación, registrada bajo el número 19606-2026 y dirigida contra el Departamento Ejecutivo que conduce Lucas Ghi, denuncia presuntos incumplimientos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la Ordenanza 4492/02, que regula la publicación del Boletín Oficial local. El planteo es concreto: según el relevamiento de Mones Ruiz, la información difundida por el Municipio durante 2026 presenta omisiones que dificultan conocer el contenido completo de distintos actos de gobierno y, por lo tanto, ejercer el control ciudadano sobre decisiones que comprometen recursos públicos.
El trabajo examinó 18 ediciones del Boletín Oficial, entre ordinarias y especiales, y detectó 30 actos administrativos cuyos anexos no fueron publicados. En doce de esas ediciones aparecía una explicación que ya merece, como mínimo, una pregunta elemental: los documentos faltantes debían solicitarse en la Dirección de Asuntos Técnicos por «razones de espacio». La expresión sería comprensible en la época de los antiguos boletines impresos, cuando cada página costaba papel y dinero. En un documento digital, sin embargo, la excusa pierde buena parte de su poder de convicción. No estamos hablando de una biblioteca sin estanterías ni de un archivo municipal al borde del colapso, sino de información que debería poder consultarse íntegramente en el portal oficial.
Pero así no estaría sucediendo. Y, claro está, nos enfrentamos a un problema. Como Houston.
Así las cosas, a partir de ahí comienza el problema de fondo. Entre los anexos omitidos, la investigación identifica planillas del Presupuesto 2026 aprobado por un monto de más de 279.377 millones de pesos; detalles de modificaciones presupuestarias por casi 3.900 millones; montos asignados a cajas chicas municipales; nóminas de beneficiarios de subsidios; escalas salariales; designaciones de personal; cuadros tarifarios y documentación vinculada con obras públicas. No son papeles secundarios ni adornos burocráticos. Son precisamente los documentos que permiten pasar de la declaración general de un gasto a la posibilidad de examinar cuánto se gastó, con qué finalidad, bajo qué condiciones y quiénes resultaron alcanzados por determinadas decisiones.
La ironía señalada por Mones Ruiz tiene una contundencia difícil de ignorar: el propio Municipio publicó boletines especiales de más de cien páginas con las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Para cobrar tasas, al parecer, el espacio alcanza. Cuando se trata de exponer ciertos detalles de la administración del dinero público, en cambio, aparece la limitación. La pregunta no es si un gobierno tiene derecho a resumir sus comunicados políticos, sino si puede aplicar el mismo criterio a documentos cuyo conocimiento resulta indispensable para controlar su actuación. La respuesta jurídica deberá establecerla el organismo competente, pero la pregunta política ya quedó harto planteada.
Hay, además, una segunda observación que agrava el cuadro. Según el relevamiento, de los 1.638 decretos incluidos en los boletines ordinarios de 2026, un total de 1.020 fueron publicados en forma sintetizada: el 62 por ciento. En esas versiones se omitirían elementos como los vistos, los considerandos, los números de expediente, las firmas y los refrendos. Es decir, no sólo faltarían anexos: en una parte mayoritaria de los decretos relevados tampoco se habría difundido el texto completo que permite conocer los antecedentes y fundamentos de cada decisión.
El argumento de la extensión documental vuelve a tropezar con una dificultad evidente. Si la publicación digital permite alojar el boletín, ¿Qué justifica que el vecino reciba una versión resumida cuando necesita conocer los fundamentos de un acto administrativo? La publicidad de los actos de gobierno no debería depender de la paciencia del ciudadano, de su capacidad para redactar una nota administrativa ni de sus contactos dentro de la estructura municipal. La transparencia no puede convertirse en una ventanilla con horario incierto, detrás de varias puertas, donde la información pública se transforma en una concesión que alguien debe gestionar. Esto, claro está, trasciende largamente al ámbito estrictamente distrital en cuestión, y es un concepto que, desde la estricta teoría, debería ser atendido y tomado en cuenta con absoluto rigor. Pero… no suele ser la moneda corriente.
Al respecto, en su denuncia Mones Ruiz también afirma que, durante su etapa como concejal, se le negó inicialmente el acceso a un anexo del Boletín Oficial cuando se presentó en la sede municipal para consultarlo. Según su relato, debió realizar gestiones adicionales hasta conseguir una copia. La denuncia agrega antecedentes de reclamos formulados desde 2023 y 2024, cuando el ex edil impulsó iniciativas y presentó memorándums para reclamar el cumplimiento de las normas que regulan la publicación oficial. También recordó que, en 2024, había advertido sobre un período de diez quincenas sin publicación del boletín. Si esa secuencia documental confirma la persistencia de los incumplimientos señalados, ya no estaríamos ante una dificultad ocasional, sino frente a una cuestión institucional que merece una explicación precisa del Ejecutivo.
Uno de los puntos más sensibles del relevamiento concierne al Decreto 1519/2026, mediante el cual se creó el Programa Municipal Integral de Prevención, Proximidad, Protección Comunitaria y Convivencia Ciudadana, conocido como Policía Municipal de Morón. La investigación sostiene que el reglamento incorporado como Anexo I no fue publicado, pese a que el propio decreto condiciona su vigencia a la publicación. Según el denunciante, allí se encuentran disposiciones relativas a la organización, el ingreso de personal y cuestiones tan delicadas como el uso de la fuerza y la aprehensión de personas. De confirmarse la omisión en los términos expuestos, la discusión excedería largamente el terreno contable: también comprometería el conocimiento público de las reglas bajo las cuales debe actuar una estructura con incidencia directa sobre los derechos ciudadanos.
Conviene ser rigurosos: una denuncia no equivale a una sentencia, y corresponde al Tribunal de Cuentas examinar los antecedentes, requerir la documentación y determinar si existieron incumplimientos y responsabilidades. No obstante ello, esa prudencia que desde Huellas optamos históricamente por utilizar como camino ético profesional, no nos obliga en tanto periodistas a mirar hacia otro lado ni convierte la exigencia de explicaciones en una exageración opositora. Por el contrario, cuando están en juego miles de millones de pesos, decisiones administrativas y derechos de los vecinos, la respuesta institucional debería ser la documentación completa, la claridad y la posibilidad efectiva de control. No el silencio, la fragmentación ni la invitación a golpear una puerta para averiguar lo que debería estar publicado.
El oficialismo municipal tiene la oportunidad de responder, explicar el procedimiento y garantizar el acceso íntegro a los documentos cuestionados. Si sostiene que la publicación cumple con la normativa vigente, deberá fundamentarlo con argumentos verificables. Y si existen omisiones, corresponde subsanarlas sin vueltas. Porque la transparencia no se demuestra con discursos, placas institucionales ni fotografías de funcionarios inaugurando obras: se demuestra permitiendo que cualquier vecino pueda revisar los actos de gobierno sin pedir permiso. Es la más saludable manera de fortalecer, en los hechos, la participación democrática tantas veces declamada.
Esta nueva discusión distrital, ahora focalizada sobre el Boletín Oficial, abre otro interrogante que ninguna gestión puede considerar menor: ¿Qué valor tiene la publicidad de los actos de gobierno cuando una parte de su contenido no está al alcance de la ciudadanía?
En los próximos días, desde este medio ofreceremos un reportaje «al hueso» a Francisco Mones Ruiz, exconcejal y referente local de la Coalición Cívica, para profundizar en esta investigación y abordar otras problemáticas que, según sus planteos, erosionan la calidad institucional de Morón. Habrá documentación, preguntas concretas y espacio para examinar responsabilidades. Porque el control democrático no consiste en aceptar la versión del poder ni en dar por probada cada denuncia, sino en exigir que los hechos puedan conocerse, discutirse y verificarse. Y cuando la información pública parece necesitar autorización para hacerse pública, la primera obligación del periodismo es preguntar, ni más ni menos… por qué pasa lo que pasa.
