Cuando el ajuste golpea a los más débiles y la protesta recibe palos, el poder pretende convertir la resignación en virtud y la obediencia en sentido común
El gobierno libertario de los Jamoncito´s boy viene impartiendo una especie de pedagogía que se expone con una perseverancia digna de mejor causa: enseñarle a la sociedad que reclamar sale caro, que defender derechos puede costar una lesión o una noche en una comisaría y que lo más conveniente es quedarse en casa, agachar la cabeza y agradecer que todavía quede algo en la heladera. Al estilo de los viejos (y no tanto) abominables patrones de estancias. El problema para Javier Milei es que la Argentina no está compuesta exclusivamente por espectadores dispuestos a contemplar cómo se desarma su vida desde una pantalla. Todavía hay estudiantes que defienden sus universidades, trabajadores que se organizan, jubilados que marchan y familias que se resisten a aceptar que la pobreza sea una fatalidad individual y no el resultado de decisiones políticas concretas.
Desde esta infame versión de la Casa Rosada nos pretenden vender el ajuste como una operación quirúrgica inevitable, casi una intervención técnica ejecutada por especialistas que no tienen tiempo para explicaciones. Pero detrás de cada cifra hay personas de carne y hueso, hogares que hacen malabares para llegar a fin de mes, jóvenes que postergan sus estudios y pacientes que ven peligrar sus tratamientos. No existe equilibrio fiscal capaz de convertir ese padecimiento en una buena noticia para quienes lo soportan, mucho menos cuando los sectores más vulnerables vuelven a ser los primeros –y casi únicos- convocados a pagar una fiesta a la que jamás fueron invitados.
El oficialismo necesita, sin embargo, algo más que recortar presupuestos y desarmar políticas públicas. Necesita disciplinar a garrotazo limpio a quienes podrían cuestionar ese rumbo. Para eso, la represión cumple una función que excede la dispersión de una manifestación: busca instalar la sospecha de que protestar es peligroso, que la calle pertenece al poder y que cualquier ciudadano que se atreva a levantar la voz deberá asumir las consecuencias. Los gases, los bastonazos y los disparos no son imágenes aisladas cuando se repiten sobre quienes ejercen su derecho a manifestarse. Son señales que el Estado envía incluso a quienes no estuvieron presentes, pero podrían salir a la calle la próxima vez.
La violencia institucional no comienza cuando aparece un uniformado con un escudo ni termina cuando se disipa el humo de una granada. También existe cuando una familia pierde los recursos que necesita para atender a una persona con discapacidad, cuando un estudiante debe abandonar la universidad o cuando un hospital público queda obligado a funcionar con recursos insuficientes. No hay cámaras que transmitan la angustia de una madre que pierde una ayuda indispensable. Esa violencia no necesita uniformes para producir víctimas: le alcanza con una firma, una planilla presupuestaria y la decisión de considerar prescindible aquello que sostiene la vida de los demás.
La democracia no consiste en que cada sector imponga su voluntad a los empujones. Consiste en que existan instituciones capaces de procesar las diferencias, límites para el ejercicio del poder y derechos que no dependan del humor del presidente de turno.
Cuando el Congreso debate, vota y rechaza una medida del Ejecutivo, cumple la función para la que fue elegido. Cuando la ciudadanía se moviliza para defender una universidad o reclamar medicamentos, también ejerce la democracia. El problema aparece cuando quienes llegaron al poder mediante las urnas creen haber recibido una autorización ilimitada para desentenderse de la ley, ignorar a los otros poderes y tratar a la sociedad como una molestia que debe ser administrada.
En ese escenario, cada movilización se convierte en una disputa por el relato. La discusión deja de girar alrededor de por qué protestan miles de personas y pasa a concentrarse en quién arrojó una piedra o quién podría haber actuado como infiltrado. Investigar hechos concretos e identificar responsables es legítimo. Lo que no resulta aceptable es utilizar la eventual presencia de provocadores para desacreditar a una multitud entera, borrar las razones de su reclamo y presentar toda resistencia como una amenaza al orden público. Así, el Gobierno deja de explicar sus decisiones y la sociedad termina discutiendo las imágenes que más le sirven al oficialismo para justificar la represión.
Defender el derecho a la protesta tampoco significa celebrar cualquier acto de violencia. La movilización pacífica, la solidaridad y la persistencia democrática no necesitan convertirse en una competencia de golpes para demostrar su legitimidad. Pero tampoco se les puede exigir mansedumbre permanente a quienes pierden derechos, mientras se naturaliza que el Estado utilice su fuerza contra ellos. La responsabilidad principal de evitar la violencia recae sobre quienes ejercen el poder y disponen de las armas, los recursos y las instituciones para garantizar que las diferencias se tramiten sin represión.
Y es aquí donde la historia golpea la puerta del presente con una sentencia que conserva intacta su potencia política. Miguel de Unamuno, enfrentado al general franquista José Millán-Astray en la Universidad de Salamanca, dejó una frase que hoy merece ser arrojada, sin anestesia, sobre el escritorio de la Casa Rosada. No porque la Argentina de Milei sea una reproducción mecánica de la España franquista (al menos hasta ahora) sino porque la advertencia de aquel intelectual frente a la prepotencia militar y al sórdido grito “Viva la muerte” conserva su vigencia ante cualquier poder que pretenda sustituir los argumentos por la fuerza.
«Ustedes podrán vencer, pero jamás convencer. Podrán vencer porque les sobra la fuerza bruta para ello. Pero no podrán convencer, porque para convencer hace falta persuadir. Y para persuadir necesitan exactamente aquello que nunca poseerán: la razón y el derecho en la lucha».
La sentencia es un espejo que el oficialismo haría bien en mirar, aunque probablemente prefiera romperlo antes que reconocerse en él. Los espejos suelen tener la mala costumbre de de devolver en toda su crudeza la monstruosa deformidad de los villanos de todo tiempo. Una cosa es disponer de los votos necesarios para llegar al Gobierno y otra creer que esos votos habilitan a atropellar derechos, desoír reclamos y castigar a quienes se niegan a aceptar el empobrecimiento como mandato divino. La fuerza puede despejar una plaza y sembrar temor durante una jornada. Lo que no puede hacer es transformar una injusticia en justicia ni convertir el padecimiento de las mayorías en una causa noble.
Quizá lo que más incomode al Gobierno no sea la magnitud de una marcha, sino su persistencia. Una universidad que vuelve a llenar las calles, trabajadores de la salud que no abandonan sus reclamos o jubilados que se presentan semana tras semana, demuestran que el miedo no consiguió clausurar toda posibilidad de respuesta. Cada una de esas escenas contradice la fantasía de una sociedad resignada, dispuesta a aceptar como destino lo que en realidad es una decisión política. La paciencia popular no es un cheque en blanco y el silencio de una jornada tampoco equivale a una aprobación.
Milei podrá insistir con sus provocaciones y sus discursos de guerra contra quienes piensan distinto. Sus funcionarios podrán intentar convencernos de que toda demanda social es un privilegio indebido y cada derecho, una carga insoportable. Pero hay una diferencia elemental entre gobernar y someter, entre administrar recursos y desentenderse de las personas, entre sostener el orden democrático y utilizar el aparato estatal para intimidar a quienes cuestionan sus decisiones. Esa diferencia no desaparece por repetir consignas impostando la voz desde un atril ni por multiplicar las imágenes de una represión.
La historia no absuelve a los poderosos por haber ganado una batalla, ni convierte sus atropellos en razones por el simple hecho de haberlos impuesto. A Milei podrá sobrarle la fuerza del Estado, pero ninguna motosierra puede cortar las convicciones de un pueblo que todavía se reconoce en sus derechos y se niega a entregar su dignidad a cambio de obediencia.
Que resuene, entonces, la advertencia de Unamuno frente a los uniformes y la prepotencia: podrán vencer, pero jamás convencer. Cuando un gobierno necesita el miedo para sostener sus decisiones, la represión para acallar los reclamos y la fuerza bruta para disimular la ausencia de razones, su pretendida fortaleza empieza a mostrar las grietas. Y es de buen compatriota aunar esfuerzos para que mucho más temprano que tarde, esas grietas se conviertan en zanjas, luego en abismos, hasta que finalmente vuelen en mil partículas por todos los rincones del Cosmos, reducidas al polvo fundacional del que jamás debieron haber tomado cuerpo.
Y que nadie confunda el silencio con la derrota. Los pueblos no escriben su historia arrodillándose ante quienes los castigan, sino poniéndose de pie para defender aquello que les pertenece. Las bestias podrán tener la fuerza para imponer su voluntad. Lo que jamás tendrán, mientras persistan en este camino, es la razón de su lado.