El organismo fijó un plazo de cinco días para responder sobre el acceso a anexos y decretos
Pocos días después de que desde este medio abordáramos el debate sobre el acceso a la información pública a raíz de las omisiones detectadas en el Boletín Oficial de Morón, el diferendo institucional sumó un nuevo capítulo en el plano provincial. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires dio trámite a una actuación formal (N.º 497802/26) mediante la cual solicitó precisiones al Departamento Ejecutivo encabezado por el intendente Lucas Ghi.
El requerimiento, rubricado por la Secretaría de Atención y Desarrollo Territorial del organismo provincial, fija un plazo de cinco días hábiles para que la Comuna brinde explicaciones sobre la falta de publicación de anexos y la difusión sintetizada de decretos y resoluciones. La medida se produce tras la presentación realizada ante el Tribunal de Cuentas por el exconcejal Francisco Mones Ruiz, cuyo relevamiento expuso que numerosos actos administrativos carecían de sus respectivos textos complementarios en la plataforma digital.
En su presentación, el organismo constitucional recordó que la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza local 4492/02 exigen la publicidad íntegra y correlativa de los actos de gobierno, un principio respaldado por la Constitución bonaerense para resguardar el derecho a la información de los vecinos.
Lejos de exacerbar contrapuntos políticos, la intervención de la Defensoría abre una instancia para que el gobierno local aporte los fundamentos técnicos de sus procedimientos o subsane las eventuales fallas detectadas. En una democracia republicana, garantizar la consulta irrestricta de las normas no constituye una concesión administrativa, sino la premisa indispensable para afianzar la transparencia e institucionalidad comunal.