La flamante Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) no es un simple acto administrativo, sino un atentado directo contra más de 6.600 cooperativas y mutuales que sostienen miles de puestos de trabajo en nuestro país
Mientras el gobierno insiste en venderla como una necesaria medida de ordenamiento y fiscalización, las organizaciones que representan al sector la denuncian como un brutal avance que profundiza la precarización laboral.
La suspensión inmediata de autorizaciones para funcionar ignora deliberadamente la realidad económica que atraviesan estas organizaciones: costos disparados, caída del consumo y achicamiento de contratos que imposibilitan cumplir con trámites burocráticos. No se trata de «mala fe», sino de sobrevivencia.
Esta resolución condena a la economía social al hambre burocrático, cercenando el acceso a facturación, créditos y licitaciones, es decir, a la fuente misma de trabajo digno. La CTA, CONARCOOP y otros actores han tomado posición, y llevan el conflicto a la justicia en defensa de un sector que este gobierno parece decidido a desarticular.
Es hora de exigir que el INAES se alineé con las necesidades reales, no con la fría lógica del ajuste y el control. La economía social no puede ser víctima del desinterés y la exclusión estatal.