A continuación, ofrezco este resumen de la presentación realizada ante el Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas  y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dr. Marcos Orellana

Los derechos humanos, tantos los civiles como los relacionados con el acceso a un ambiente sano, a un trabajo digno, a una alimentación integral, al respeto de nuestra cultura, a estar informados sobre las características de las sustancias que manipulamos en nuestras tareas cotidianas, constituyen la base de poder lograr una vida plena dentro de aquello que denominamos el Buen Vivir.

En este caso, no acceder a un ambiente sano, tanto laboral como en nuestra residencia,  implica que se estén vulnerando los derechos humanos. En relación a esto, los Derechos Humanos, en su dimensión de derechos civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, sociales y culturales por otra, junto con los derechos de la naturaleza, deberían tomarse como esenciales para generar acciones, actividades, políticas públicas que resguarden la salud socioambiental y posibiliten una vida digna.

Plaguicidas

Los plaguicidas se han convertido en una tecnología de uso cotidiano en la agricultura, desarrollados por empresarios como por productores familiares. Diversos factores sociales, ambientales y productivos explican el progreso de este fenómeno. Esta situación determina que, de 30 millones de litros/Kg de plaguicidas utilizados en el año 1993 se halla pasado a más de 500 millones de litros/kg en los últimos años. La simplificación de los agroecosistemas, junto a la recreación de resistencias en insectos y plantas silvestres, ha incrementado la demanda de plaguicidas para sostener el crecimiento y desarrollo de los cultivos; además se utilizan de productos de elevada toxicidad, ambas situaciones se potencian a fin de contaminar los bienes comunes naturales y su consecuente incidencia en la salud.

La exposición humana a los plaguicidas puede ocurrir a través de la exposición ocupacional en el caso de trabajadores/as agrícolas en campos abiertos e invernaderos, trabajadores/as en la industria de plaguicidas y destructores de insectos domésticos.

En Argentina se comercializan 126 plaguicidas que pueden considerarse altamente peligrosos según los criterios de la FAO y los añadidos por PAN internacional. También se  comercializan 140 plaguicidas que se hallan prohibidos en otros países. A esto se le suma la posibilidad de que se comercialicen plaguicidas prohibidos en nuestro país, tal el caso del insecticida clorpirifos.

Los plaguicidas presentan riesgos para la salud y al ambiente desde su elaboración hasta su uso o eliminación. Generalmente hay un riesgo particular durante el almacenamiento, la manipulación y el desecho de envases.

Mujeres, niños y niñas

En la mayoría de las unidades de producción (familiares y empresariales) se reconoce el trabajo realizado por las mujeres, aunque no siempre es visibilizado, en todas las fases, sean productivas como domésticas y comerciales. Además, las mujeres son las máximas responsables en los espacios que garantizan la posibilidad de reproducción familiar y del predio, siendo el cuidado y la atención de otros miembros de la unidad doméstica y el mantenimiento de los cultivos alimentarios sus funciones principales.

Los niños y las niñas que viven en predios donde se realizan actividades agropecuarias suelen convivir con los plaguicidas, ya sea porque el almacenamiento de los agroquímicos se realiza dentro de la misma vivienda a falta de otro lugar, o porque durante la dosificación, y aún durante la aplicación y desecho de los envases, los niños y los adolescentes de la familia se encuentran presentes, acompañando o colaborando con sus padres.

La cercanía de los plaguicidas, ya sea en el ámbito laboral como en el doméstico, determina la ocurrencia de casos de intoxicación a edades tempranas, que aunque en muchos casos pasen desapercibidas en el diagnóstico, incidirán en las posibilidades de gozar de una vida plena.

También los niños por nacer se hallan expuestos a una serie de productos tóxicos, ya que son capaces de provocar intoxicaciones agudas y crónicas en las futuras madres y padres. Las mujeres manipulan plaguicidas antes, durante y con posterioridad al embarazo, con lo cual no sólo se exponen ellas, sino también a sus hijos en forma indirecta.

La aplicación por parte de trabajadores familiares y/o contratados que desconocen las características químicas y toxicológicas de los plaguicidas incrementa el riesgo de sufrir una intoxicación. Por su parte, las comunidades que residen en territorios rurales y periurbanos donde se desarrollan actividades agrícolas intensivas, como la horticultura y la fruticultura, o extensivas como el cultivo de cereales y oleaginosas, también se hallan expuestas a los plaguicidas tanto en forma directa, producto de la deriva o arrastre de partículas por el viento, así como por la contaminación del aire, agua y suelo.

Si, ya de por sí, el trabajo infantil implica una violación a los derechos humanos dado que se restringe sus derechos a estudiar, a la recreación, a gozar del tiempo libre… la exposición a sustancias tóxicas, como los plaguicidas, implica una doble transgresión ya que se restringe el derecho a la salud, pudiéndose hipotecar el desarrollo de una vida plena a futuro, dado que la exposición a estos tóxicos puede implicar el desarrollo de enfermedades tanto agudas como crónicas, en este caso por ejemplo, las enfermedades que afectan el sistema embrionario y el desarrollo infantil.

En este sentido, mencionamos los derechos que se vulneran durante las fases de registro y aprobación, la comercialización, el almacenamiento, dosificación, aplicación y desecho de envases de plaguicidas.

a-A vivir en un ambiente sano, dada la convivencia permanente con los plaguicidas y sus envases, ya en los lugares de almacenamiento como durante la aplicación.

b- A gozar de una salud y vida plena, dado que la exposición a plaguicidas genera enfermedades agudas y crónicas. Además hemos detectado que cuando las personas afectadas acuden al médico no se hacen los registros hospitalarios pertinentes.

c- A gozar de una salud reproductiva plena, ya que los plaguicidas afectan la fertilidad de mujeres y hombres. Las niñas también son afectadas pudiéndose producir adelantos en sus fases de desarrollo hormonal

d- A acceder a una información confiable y fidedigna sobre las características químicas y toxicológicas de los plaguicidas, máxime en los casos que se producen enfermedades de tipo epigenético

e- A acceder a adecuadas condiciones laborales tal que puedan disminuir el riesgo de una intoxicación.

f-A acceder a una alimentación sana y nutritiva dado los altos niveles de contaminación con plaguicidas que pueden tener los alimentos. Se vulnera la soberanía alimentaria.

Es probable que para una parte de los residentes, tomadores de decisión y los productores/as de la Argentina se hayan naturalizado los “accidentes” relacionados con el manejo de plaguicidas. Es así como frente a los casos de intoxicación aguda, el nacimiento de niños con malformaciones o la pérdida de biodiversidad se toman como «parte inherente» o «propia» de las actividades agrarias.

Cabe destacar que cuando nos referimos a que algo es «natural» nos referimos a que es propio o relativo a la naturaleza, también a aquello que está conforme a la propiedad o calidad de las cosas, o aquello que sucede con cierta regularidad.

Debemos desterrar esta naturalización, generando cambios tanto a nivel político como en el acceso a la información toxicológica y a adecuadas condiciones de trabajo.

Resulta evidente que se vulneran la mayoría de los derechos humanos, tales como: a gozar de una vida saludable, a obtener una alimentación sana, a obtener pautas relacionadas con la salud integral tanto corporal como en los aspectos psicológicos, a gozar de un ambiente sano, a trabajar en condiciones dignas, a ejercer una actividad económica decente, con creatividad, y en la cual se respeten las pautas, hábitos y conocimientos relacionados con la cultura propia de cada productor y comunidades.

Es nuestra obligación generar cambios sustanciales que no sólo implican mejorar el acceso a la información, prohibir la aplicación de plaguicidas Altamente Peligrosos, cambiar las condiciones de vida y trabajo de las familias que desarrollan actividades agrícolas, desterrar el trabajo infantil, sino además propiciar las condiciones de desarrollo de la agroecología como paradigma productivo, social y de respeto por toda forma de vida que nos conduzca a una existencia plena que merezca ser vivida.

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