Ésta debilitó la autonomía estratégica del país y facilitó la imposición de un programa económico orientado a la apertura irrestricta, la desindustrialización y la subordinación financiera como parte del nuevo pacto democrático…
Ese proceso no se agotó con la dictadura, sino que continuó y se profundizó en democracia, a través de reformas estructurales, privatizaciones y reconfiguraciones institucionales que consolidaron el nuevo orden económico, al mismo tiempo que erosionaron las bases materiales del trabajo organizado y del Estado social hasta nuestros días.
Este proceso fue una pieza clave del proyecto neoliberal; debilitar al sujeto colectivo del trabajo no solo en la fábrica, sino también en la formación, en el sentido común y en la identidad social. La actual ofensiva contra el sindicalismo y la reforma laboral en el nombre de la “modernización”, retoman exactamente esa tradición y esa acumulación, ahora sin eufemismos: completar, por vía normativa, jurídica y política, una transformación que comenzó hace décadas en el plano cultural, económico y organizacional.
Dicho sin rodeos; la defensa del movimiento obrero organizado no es una consigna nostálgica ni una demanda corporativa; es una condición de posibilidad para cualquier proyecto nacional con vocación de soberanía, justicia social y democracia real.
La reforma laboral en debate no busca corregir desajustes ni modernizar la producción, apunta a terminar de quebrar al sujeto histórico que, con sus límites y contradicciones, fue el principal límite al poder económico en la Argentina. Frente a ese intento, la CGT —aun desgastada, aún fragmentada— sigue encarnando una continuidad histórica que no pudo ser extinguida ni por la agenda global, ni por la dictadura, ni por el neoliberalismo de los ’90, ni por las restauraciones conservadoras posteriores. Más cerca en el tiempo, la CGT continuó siendo un blanco sistemático, incluso por parte de sectores que se autodefinen como populares pero que nunca lograron comprender que sin organización obrera no hay democracia social efectiva ni proyecto político con capacidad de perdurar. Un progresismo de matriz cultural —todavía dominante en ciertos espacios— que adopta acríticamente el relato de la “burocracia sindical” como explicación totalizante, sin advertir que esa narrativa, lejos de ser emancipadora, funciona como un dispositivo de deslegitimación del único actor colectivo con capacidad real para disputar poder y establecer límites al capital.