Con el argumento del “superávit”, el Gobierno aplicó un ajuste de 2,5 billones de pesos sobre salud, educación, provincias, ciencia y obra pública mientras avanza con nuevas privatizaciones. El tufo fétido a Pizza con Champagne noventoso ya se torna inaguantable.
La motosierra ya no distingue ramas, troncos ni bosque entero. En nombre del “equilibrio fiscal”, el gobierno de Javier Milei desplegó una poda monumental de aproximadamente 2,5 billones de pesos mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del vocero multitasking y multipropietario deslomado Manuel Adorni y del ministro Luis “Toto” Caputo, el hombre que parece administrar la economía nacional con la misma sensibilidad social con la que un Excel elimina columnas vacías… (y más adelante se volverá a ir a broncearse en alguna playa paradisíaca, aparentemente como si nada).
El recorte avanzó sobre subsidios energéticos, transferencias a provincias, educación, salud, obra pública, rutas, ciencia, cultura, programas sociales y hasta Parques Nacionales. Sí, incluso los yaguaretés entraron en la lógica del déficit cero. Si un puma quiere patrullaje, que genere dólares.
La explicación oficial, repetida como mantra por el Gobierno y sus usinas digitales de entusiasmo financiero, es que el ajuste busca sostener el superávit fiscal y cumplir las metas pactadas con el FMI. Traducido al castellano de a pie: se achica el Estado mientras se agranda el altar de los mercados.
Uno de los golpes más fuertes cayó sobre provincias y municipios, que perdieron más de 970 mil millones de pesos por eliminación de transferencias y paralización de obras públicas. La motosierra pasó por fondos para servicios sociales, gastos corrientes y programas regionales. Además, quedaron congeladas obras de agua y saneamiento en provincias como Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut. La Argentina del futuro libertario parece venir con menos caños, menos cloacas y más posteos motivacionales sobre meritocracia.
En educación, el ajuste superó los 78 mil millones de pesos. El Gobierno suspendió fondos para obras en universidades nacionales y redujo partidas destinadas al Plan Nacional de Alfabetización, becas estudiantiles, infraestructura escolar y el Fondo de Compensación Salarial Docente. También hubo recortes en universidades como las de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos. Todo muy coherente con la nueva pedagogía oficial: “si no podés estudiar, siempre podés abrirte un canal de streaming para defender el libre mercado”.
La salud pública tampoco zafó de la licuadora presupuestaria. La poda supera los 63 mil millones de pesos y afecta programas de medicamentos, tratamientos oncológicos, prevención de enfermedades y políticas vinculadas al VIH, hepatitis y tuberculosis. También hubo recortes en el Incucai y en el instituto Malbrán, donde quedaron frenadas obras y proyectos de laboratorios. En la Argentina libertaria, el virus aparentemente deberá autorregularse por oferta y demanda.
Ni las Fuerzas Armadas escaparon del ajuste. Más de 46 mil millones de pesos fueron recortados, incluyendo la eliminación de fondos para helicópteros navales destinados a Puerto Belgrano. El achique impacta en entrenamiento, mantenimiento y equipamiento militar. Parece que hasta los halcones del discurso oficial descubrieron que la motosierra no reconoce uniformes.
Parques Nacionales perdió más de 2.500 millones de pesos para mantenimiento, patrullajes, prevención de incendios y preservación ambiental. En cualquier momento los brigadistas tendrán que apagar incendios forestales soplando fuerte y haciendo una vaquita por Mercado Pago. (mejor paramos con el sarcasmo porque podríamos estar facilitando «malas ideas»…)
Y mientras nos entretienen con las mil y una fechorías que se adormecen en los pasillos judiciales y entre bambalinas de duras negociaciones con el Círculo Rojo, Jamoncito formalizó la privatización de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico del país. El consorcio integrado por Genneia y Edison Energía pagó unos 356 millones de dólares en una operación oficializada por Luis Caputo y presentada como otro paso del “ordenamiento” estatal. Traducido del dialecto libertario al castellano básico: siguen rematando activos estratégicos mientras venden la motosierra como si fuera una epopeya moral y no una liquidación por cierre nacional.