¿Es posible la formación de profesionales para un país soberano con la universidades infiltradas por multinacionales?
Las fechas patrias que hacen reminiscencia a nuestros orígenes como nación nos llevan a hacernos preguntas obligadas: ¿Qué nación tenemos? ¿Qué nación queremos, para nosotros y nuestros hijos? ¿Qué significa ser un país independiente? Una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, ¿cómo se logra hoy en día? ¿Por dónde comenzamos?
La educación pública universitaria argentina es bien ponderada a nivel mundial por varios “rankings mudiales”, también es un hecho que estudiantes extranjeros viene a formarse a nuestros país. Entonces, ¿qué pasa que no podemos gozar en nuestra Patria de los frutos de esa cosecha? ¿Basta con el financiamiento económico? ¿Qué sucede con los y las jóvenes que se forman en nuestras casas de estudio (y digo nuestras porque adivinen de dónde salen los fondos con las que se financian), se gradúan y se van del país ? ¿Cuál es el perfil, por no decir el espíritu, del Universitario Argentino?
Si uno mira la historia argentina (y dentro de ella, la formación del sistema educativo) tiene indudablemente marcado un sesgo liberal. Con decir que quien fundó la tan laureada Universidad de Buenos Aires fue nada más ni nada menos que Bernardino Rivadavia. De ahí en adelante con matices y disidencias tenues, se ha asentado en la formación de los planes de estudios y la conformación del perfil profesional un ideario lejos de la leyenda colgada en los polígonos de tiro y que Raúl Scalabrini Ortiz tomaría como título de sus obras: “Aquí se aprende a defender a la Patria”. Porque claro, ¿qué es la Patria para sujetos como Rivadavia, que no dudaron en entregar la Banda Oriental al Imperio del Brasil, desentenderse del Alto Perú, y sabotear cuanto pudiera la campaña Libertadora del General San Martín? Más claro es el “Padre del Aula” Domingo F. Sarmiento quien talló en piedra de su obra “Facundo” la frase, “El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión”.
Muchas universidades nacionales argentinas están infiltradas por el imperialismo. Es decir: multinacionales extranjeras que financian proyectos de investigación, convenios y pasantías. Por mencionar algunas:
BAYER. La empresa multinacional alemana compró Monsanto en 2018. Tiene un amplio dominio en el mercado del agronegocio, controla las patentes de las patentes de las semillas extorsionando a los productores argentinos. Hace 20 años financia un posgrado en la UBA.
CARGILL. Una exportadora de granos norteamericana que controla gran parte de nuestro comercio exterior, financia pasantías en la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
GOLDEN MINING. La minera australiana que explota nuestra cordillera dejando un 3% de regalías, tiene un convenio con la Universidad de San Juan (UNSJ)
CHEVRON. La petrolera norteamericana firmó un acuerdo de colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Entonces, llegamos al punto: ¿Es posible la formación de profesionales para un país soberano con la universidades infiltradas por multinacionales? ¿Es posible que las universidades estén en pos de un proyecto nacional cuando las mismas están hasta la verija de proyectos financiados por agentes que protegen sus propios intereses?
¿Es posible pensar otro modelo? Esta última pregunta sí tiene respuesta. Ya se hizo, y adivinen por quién.
El 14 de marzo de 1974, durante la presidencia de Juan D. Perón, se sancionó la ley 20.654 que más tarde tomaría el nombre de su mentor: Jorge Alberto Taiana, ministro de Educación del Tercer Gobierno Peronista. En su primer artículo define a las universidades como “comunidades de trabajo” (lejos del ideario liberal individualista y sectario) y las mismas existen “con el fin de impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social y haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos».
Unos de los puntos troncales de la Ley Taiana es la prohibición a las casas de estudios para recibir financiamiento por parte de empresas internacionales (Art. 48), además de la veda para ejercer cargos docentes o administrativos en paralelo con funciones en empresas extranjeras (Art. 11). Todo ello “con el fin de mantener la libertad e independencia de sus actividades docentes e investigación”.
En 1973 Rodolfo Puiggrós fue nombrado interventor de la Universidad de Buenos Aires, que comenzó a llamarse Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires.
Al asumir, Puiggrós afirmaba: “La universidad no es un islote aislado de la sociedad argentina, como ha sido presentada antes con intenciones de introducir la ideología de los centros de poder. Nuestra intención es crear una cultural nacional. Se terminó con la vieja universidad libre pero sin pueblo, y siempre a espaldas del pueblo”. Creó el Instituto del Tercer Mundo con la dirección del padre Hernán Benítez (confesor de Evita) con Sergio Puiggrós, Dúmar «Tito» Albavi y Mario Hernández, entre otros. En esa misma época, Arturo Jauretche asumía como director de EUDEBA, la editorial de la UBA.
Demás está decir que la ley voló cuando la dictadura cívico militar de 1976 derrocó al gobierno peronista de Isabel Perón, y todo volvió para atrás. La vuelta a la democracia no retomó los pasos de la Ley Taiana, aunque los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sí pusieron en valor la política universitaria con la creación de nuevas casas de estudios y ayudas económicas para estudiantes entre otras. Todo ello hace al cuerpo, pero si el alma sigue siendo liberal, no resolvemos el problemas, más bien todo lo contrario.
En esa sintonía, unas preguntas para reflexionar: ¿Está mal exigirles a los estudiantes, graduados, y demás actores de la vida universitaria que devuelvan algo a la comunidad que contribuyó con el erario público a su formación? ¿No debería ser condición para la habilitación del título la realización de actividades en organismos públicos, gratuitas o becadas? ¿No deberían estos organismos tener un mecanismo de discriminación positiva en cuánto a asegurar un cupo de graduados de la Universidad Pública, a modo de alentar su inserción laboral? ¿Por qué el Estado no puede exigir? Bien conocida la frase de Perón: “La economía no es libre, o la maneja el Estado en defensa del Pueblo, o las corporaciones en perjuicio de éste”.
¿Queremos una educación al servicio del Pueblo o en perjuicio del mismo?
