La iniciativa impulsada por el oficialismo libertario busca eliminar restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros y modificar normas clave sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. El proyecto reaviva un viejo interrogante: ¿hasta dónde puede llegar el mercado cuando lo que está en juego es la soberanía?
La próxima semana el Senado tendrá sobre su mesa uno de los proyectos más controvertidos del actual gobierno. Bajo el sugestivo nombre de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», el oficialismo propone una profunda reforma de la legislación vigente que, entre otros cambios, flexibiliza las condiciones para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales en la Argentina.
El debate no gira únicamente en torno a la propiedad privada. En el fondo, la discusión es mucho más profunda: quiénes podrán ser dueños del territorio nacional y qué margen conservará el Estado para intervenir cuando el interés público entre en tensión con los intereses del mercado.
Según trascendió, las principales diferencias con los bloques dialoguistas (esos simpáticos Kueider de la vida que nunca escasean) pasan por el límite de tierras que podrán comprar los capitales extranjeros y por la necesidad -o no- de contar con la autorización de las provincias, el Gobierno nacional o el propio Congreso para concretar esas operaciones.
No se trata de un detalle menor: La tierra no es una mercancía cualquiera. Es un recurso estratégico, vinculado a la producción de alimentos, las reservas de agua, los bienes naturales y el desarrollo de las economías regionales. Relajar los controles sobre su adquisición implica reabrir un debate que la Argentina ya atravesó durante décadas.
Pero el proyecto va mucho más allá. También introduce modificaciones en las leyes de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, configurando un paquete de reformas que fortalece la protección de la propiedad privada por encima de otras consideraciones sociales, ambientales y territoriales.
Desde la Casa Rosada se presenta la iniciativa como una señal de seguridad jurídica para atraer inversiones. Sus detractores, en cambio, advierten que detrás de ese discurso puede esconderse una nueva etapa de concentración de la tierra y de debilitamiento de las herramientas que históricamente permitieron al Estado regular el acceso y uso de recursos considerados estratégicos.
El Senado tendrá ahora la responsabilidad de decidir si esta reforma representa una oportunidad para el desarrollo económico o un paso más hacia la mercantilización irrestricta de un patrimonio que, más allá de los títulos de propiedad, pertenece al interés colectivo de todos los argentinos.