Cuando el Gobierno no puede convencer, aprieta. Cuando no puede imponer, reprime. Y cuando pierde, busca culpables en cualquier parte. O decide comenzar a disparar a los ojos, para que su propia ciénaga se revele cada día más profunda.
Hay una escena que empieza a repetirse con una obstinación casi patológica: el Gobierno de Javier Milei anuncia que va a pasar por encima de todo y, de pronto, descubre que debajo de sus botas todavía queda una sociedad capaz de decirle que no.
Pasó con la universidad pública. Pasó con el Garrahan. Pasó con las políticas previsionales. Y ahora volvió a pasar con la tierra.
La pretensión de profundizar la extranjerización y aflojar todavía más los límites sobre la propiedad de bosques y terrenos incendiados encontró una resistencia que el oficialismo no tenía anotada en su libreto. O al menos creyó que la podía avasallar sin mayores dificultades. El Senado le puso un freno. Parcial en la totalidad de la ley, pero freno al fin. Las calles hicieron lo suyo. Y la épica de la motosierra terminó chocando contra una realidad bastante menos marketinera: hay cosas con las que en Argentina todavía no se jode.
Entonces apareció el otro rostro del modelo.
Porque cuando el discurso ya no alcanza, llega el gas. Cuando la argumentación se queda sin argumentos, aparecen los proyectiles, los gases y los uniformes. Y cuando tampoco alcanza el uniforme, aparecen hombres de civil con armas largas apuntando contra manifestantes. Como cazadores humanos de la más vil película de terror gore.
Después vendrá el relato de los “lúmpenes”, los “violentos”, los “terroristas disfrazados de profesores, intelectuales, científicos e investigadores”. Porque siempre resulta más sencillo inventar un enemigo que explicar por qué una parte de la sociedad decidió dejar de aplaudir.
Pero hay una diferencia entre gobernar y administrar una guerra permanente contra la propia población.
Gobernar supone construir consensos, incluso con quienes piensan distinto. Lo otro es otra cosa: es confundir el Estado con una trinchera y convertir cada protesta en una amenaza existencial.
Y ahí aparece la verdadera debilidad del Gobierno.
No es que Milei haya perdido todo su poder. Es peor para sus propios delirios, ya que empieza a descubrir que el poder tiene límites.
Por eso las culpas saltan de un lado al otro. Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, los senadores que no obedecieron, los opositores, los periodistas, los científicos, los artistas, los trabajadores, los “zurdos”, los supuestos infiltrados. Cualquiera sirve para explicar una derrota que el oficialismo se resiste a llamar por su nombre.
Y hay algo todavía más incómodo para el relato facho-libertario: la derrota no llegó solamente desde la oposición partidaria. Llegó desde una sociedad que, aun fragmentada, todavía conserva algunos reflejos colectivos.
Eso explica el valor simbólico que adquirieron las movilizaciones, las banderas de Malvinas y la defensa de la tierra. No porque de pronto haya aparecido una nueva identidad política perfectamente organizada, sino porque debajo de tanta propaganda individualista persiste una idea bastante sencilla: hay cosas que no deberían tener precio.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta otro problema: el desgaste. Y no es un desgaste como el que atravesaron todos los anteriores: Este es un desgaste de los cocoritos fachos que se la dan de súper-machitos. Es el típico desgaste de los que, cuales ratas de alcantarilla, cuando llegan a comprobar que las cuentas no les cierran ya bajo el amparo de nadie, se las toman y buscan refugio en paradisíacas playas o países “amigos” por algún tiempillo prudencial… hasta que la sociedad olvide. Si es que ello ocurre.
Sus propios números de opinión empiezan a registrar un malhumor creciente, mientras la oposición continúa atrapada en sus internas y parece convencida de que basta con esperar que Milei se desgaste solo. Es una apuesta cómoda y, probablemente, peligrosa, escasamente racional y de dudosa empatía por las urgencias desesperantes de amplias franjas de nuestro pueblo. Porque una sociedad desencantada no necesariamente se convierte automáticamente en una sociedad opositora.
Atentos, porque ese vacío puede ser el principal salvavidas del Presidente. Pero también puede ser una bomba de tiempo. Porque cuando no existe una alternativa clara, el descontento busca otros canales: las calles, las redes, los símbolos, las pequeñas batallas cotidianas. Y allí aparece algo que ni los estrategas oficiales ni los algoritmos pueden controlar completamente: la necesidad de pertenecer a algo colectivo.
La derecha puede segmentar millones de datos, fabricar enemigos a medida y convertir cada diferencia en una guerra cultural. Puede incluso intentar transformar al vecino que protesta en una amenaza nacional. Pero no puede decretar que una sociedad deje de recordar, de indignarse o de defender aquello que considera propio.
La motosierra prometía cortar todo. Y en parte lo ha ido logrando. Pero ahora empieza a descubrir que algunas cosas no se cortan con una motosierra. Se defienden. Y cuando el poder necesita reprimir para imponerlas, quizá el problema no esté en quienes protestan.
Quizá el problema sea que, por primera vez, la motosierra también está empezando a tener miedo. Y en plena crisis de ira demencial, hasta puedan acabar cortándose sus propias piernas.
