La morosidad familiar llegó al 17,5% y millones acumulan deudas con billeteras virtuales, mientras crecen las denuncias por intereses abusivos.
La Argentina de Javier Milei suma una nueva postal de la crisis: las familias cada vez tienen más dificultades para pagar sus deudas. En junio, la morosidad alcanzó el 17,5% del dinero prestado a los hogares y encadenó 20 meses consecutivos de aumento, según un informe de la Universidad Austral y la consultora Eco Go.
El dato no es menor: el 26,1% de los deudores tiene algún grado de mora. La Rioja encabeza el ranking nacional, con el 24,5% del crédito familiar en situación irregular, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%).
Pero detrás de los porcentajes hay una transformación todavía más preocupante: millones de argentinos están recurriendo a billeteras virtuales para financiar gastos cotidianos y tapar agujeros que ya no pueden cubrir con sus ingresos.
Más de 6 millones de personas acumulan deudas con atrasos de 90 días o más en este tipo de plataformas. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para regular estos créditos, limitar prácticas abusivas y establecer mecanismos de reestructuración de deudas.
Juliano advirtió además que los intereses pueden oscilar entre el 100% y el 700%, y denunció una práctica que desnuda la lógica perversa del endeudamiento: ofrecer nuevos préstamos para que los usuarios puedan pagar los anteriores.
La bicicleta financiera, versión billetera virtual. Cambia el instrumento, pero la lógica resulta conocida: cuando el salario no alcanza, aparece el crédito; cuando el crédito tampoco alcanza, aparece otro crédito. Y cuando llega la cuenta, la deuda ya se convirtió en una trampa.
Frente a este escenario, un grupo de 27 diputados, encabezado por Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentó otra iniciativa destinada a proteger a quienes reciben prestaciones sociales frente al endeudamiento con billeteras virtuales.
El proyecto propone limitar las tasas de interés, impedir que los préstamos sean cobrados mediante débitos automáticos sobre la AUH y otras prestaciones alimentarias, y obligar a las plataformas a informar claramente el costo total de los créditos.
Mientras el Gobierno nacional insiste en presentar la estabilidad de algunas variables macroeconómicas como prueba de una recuperación que todavía no llega a la mesa de millones de hogares, la economía real cuenta otra historia.
Es la historia de familias que deben financiar el supermercado, pagar servicios con crédito y endeudarse para llegar a fin de mes. De trabajadores que reciben su salario y descubren que buena parte ya tiene dueño. De beneficiarios sociales que pueden terminar entregando una porción de sus ingresos alimentarios para cubrir préstamos con intereses descomunales.
El ajuste no solamente achica el bolsillo: también lo empuja hacia la deuda.
Y cuando el Estado mira para otro lado mientras las plataformas financieras hacen negocio con la desesperación, la supuesta “libertad” de elegir termina pareciéndose demasiado a la libertad de elegir entre endeudarse o no comer.
En la Argentina de Milei, el crédito empieza a funcionar como salvavidas y termina convertido en ancla.