La presentación, dirigida al intendente Lucas Ghi, solicita documentación sobre la designación de Luna Soyai Ortigoza, los controles previos a su nombramiento y las medidas adoptadas por el Municipio tras el escándalo que sacudió a la administración local.
El escándalo que envuelve a la exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, Luna Soyai Ortigoza, continúa generando repercusiones políticas. A poco más de un mes de que el caso tomara estado público, el dirigente del Partido GEN, Facundo Perrone presentó un pedido formal de acceso a la información pública para que el Ejecutivo municipal responda una serie de interrogantes sobre la actuación de la administración local.
La solicitud, ingresada en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 7187/2005, está dirigida al intendente Lucas Ghi y reclama el acceso a documentación vinculada con el nombramiento, desempeño y desvinculación de la exfuncionaria.
En los fundamentos del pedido, Perrone sostiene que el allanamiento realizado por la Policía Federal el pasado 21 de mayo en un inmueble de Castelar, donde presuntamente residía Ortigoza, abrió «interrogantes legítimos» sobre los mecanismos de selección, control y permanencia de funcionarios dentro del Municipio. A partir de ello, solicita que la gestión comunal aporte documentación oficial que permita despejar dudas.
¿Qué información es la que se reclama?
El pedido exige conocer, entre otros puntos:
- El decreto de designación de Luna Soyai Ortigoza y el expediente administrativo correspondiente.
- Los antecedentes curriculares y toda la documentación presentada al momento de asumir el cargo.
- El procedimiento seguido para su nombramiento y los funcionarios que intervinieron en esa decisión.
- El acto administrativo mediante el cual fue apartada de sus funciones o, en su defecto, la constancia de su situación laboral actual.
- Las comunicaciones internas generadas entre el Departamento Ejecutivo y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad desde que estalló el caso.
- Las medidas administrativas adoptadas para investigar el funcionamiento del área bajo su responsabilidad.
- El detalle de los actos administrativos firmados durante su gestión y de las políticas públicas implementadas.
- Información sobre eventuales familiares de la exfuncionaria que pudieran desempeñarse dentro de la estructura municipal.
El documento también hace referencia a declaraciones públicas del intendente Lucas Ghi, quien sostuvo que la designación de Ortigoza había cumplido con los procedimientos administrativos habituales. Precisamente por ello, el pedido busca conocer cuáles fueron esos controles y quiénes los llevaron adelante.
Un pedido que trasciende la oposición
Más allá del origen político de la presentación, el acceso a la información pública constituye un derecho ciudadano. En este caso, el reclamo no apunta únicamente a conocer el recorrido administrativo de una exfuncionaria, sino también a establecer si existieron mecanismos de control suficientes dentro del Estado municipal para prevenir una situación que hoy genera un fuerte costo institucional.
Según la normativa vigente, el Municipio dispone de un plazo para responder la solicitud. Si la información no fuera suministrada, o la respuesta resultara incompleta, el solicitante podrá recurrir a las instancias administrativas y judiciales previstas por la legislación.
El silencio también comunica
El caso de Luna Soyai Ortigoza ya dejó de ser solamente un expediente judicial para convertirse en un problema político. Porque mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan, la sociedad tiene derecho a exigir algo mucho más inmediato: saber cómo una persona llegó a ocupar un cargo de responsabilidad dentro del Municipio, quién avaló su designación y qué controles existieron antes de que el escándalo explotara.
La pregunta ya no es únicamente qué hizo Ortigoza. La pregunta también es qué hizo -o qué dejó de hacer- el Estado municipal para que esa situación ocurriera.
El pedido de acceso a la información pública abre una oportunidad para despejar dudas. Si la gestión de Lucas Ghi está convencida de que actuó correctamente, responder debería ser apenas un trámite administrativo. Si, en cambio, decide refugiarse detrás de tecnicismos, demoras o silencios, no hará más que alimentar aquello que dice querer combatir: la sospecha y toda clase de suspicacias.
Porque la transparencia no se declama en conferencias de prensa ni se construye con comunicados o grandes actos públicos. Se demuestra abriendo expedientes, exhibiendo documentos y respondiendo preguntas incómodas.
El Municipio tiene ahora una oportunidad inmejorable para demostrar que no hay nada que ocultar. Si decide desaprovecharla, será difícil convencer a los vecinos de que el verdadero problema era una exfuncionaria y no un sistema que, como mínimo, falló en sus controles.
Porque los funcionarios pasan. Los expedientes se archivan. Pero la memoria de los vecinos suele durar bastante más que los comunicados oficiales… ¿O quizás no? Para esos dilemas, sólo el tiempo tendrá la respuesta.
Mientras tanto, y como solía ironizar el inolvidable Enrique Pinti: «Al final del camino… sólo quedan los artistas». Ciertos políticos, en cambio, suelen quedar en los archivos. Y los archivos -para desgracia de algunos- tienen la pésima costumbre de no olvidar.