Tras la presentación del Sindicato de Trabajadores Municipales, el bloque de Fuerza Patria reclamó suspender los ceses y denunció que los empleados están siendo utilizados como «variable de ajuste». A las críticas también se sumó Martín Sabbatella, quien calificó la decisión como «cruel e insensible».
Si algo le faltaba al gobierno de Lucas Ghi en medio de un escenario político cada vez más complejo era abrir un conflicto con los trabajadores municipales. Y, sobre todo, que ese conflicto terminara unificando cuestionamientos provenientes no sólo de los gremios y de la oposición tradicional, sino también de un sector que hasta hace pocos meses integraba el propio oficialismo.
La decisión del Departamento Ejecutivo de enviar 170 telegramas a trabajadores municipales para disponer el cese de su relación laboral con el objetivo de acogerse a los beneficios jubilatorios sumó en las últimas horas un nuevo capítulo político. Luego de la presentación realizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales, el bloque de concejales de Fuerza Patria Morón difundió un duro comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por la medida y reclamó que sea suspendida.
El pronunciamiento no pasó inadvertido.
No se trata de un bloque opositor tradicional, sino del espacio que surgió tras la fractura del oficialismo y que desde entonces se ha convertido, en los hechos, en un actor decisivo dentro del Concejo Deliberante. Cada votación importante obliga hoy al Ejecutivo a negociar en un escenario muy distinto al que imaginaba al comienzo de la gestión.
En su comunicado, Fuerza Patria sostuvo que los trabajadores fueron notificados mediante telegramas «sin respetar el debido procedimiento administrativo que resguarde los derechos laborales y previsionales de cada trabajador y trabajadora», cuestionando no sólo la decisión política sino también el mecanismo elegido para implementarla.
Pero el aspecto más contundente del documento aparece en su definición política.
Los concejales reclamaron que el Ejecutivo «cese con esta medida» y la revise junto a cada trabajador y las organizaciones sindicales, advirtiendo que «los trabajadores municipales no sean utilizados como variable de ajuste frente a una crisis que golpea a las familias municipales».
La frase tiene un peso político contundente. En momentos en que el oficialismo local cuestiona recurrentemente las políticas de ajuste del Gobierno nacional, y que destina ingentes sumas de dinero, sin ir más lejos, a celebraciones en ámbitos públicos, ahora es un bloque integrado por dirigentes provenientes de su propio espacio el que acusa al Municipio de aplicar un criterio similar sobre su planta de personal.
Sabbatella endureció el tono
A ese cuestionamiento se sumó el exintendente Martín Sabbatella, quien eligió sus redes sociales para expresar una crítica aún más severa.
«La decisión de jubilar de facto a trabajadores y trabajadoras del Municipio de Morón es un acto profundamente cruel e insensible», escribió, al tiempo que denunció que los ceses se realizaron «sin respetar el debido procedimiento administrativo» y reclamó que el intendente revierta la medida «de forma urgente», recordando que «la jubilación es un derecho del trabajador, nunca una herramienta de persecución o descarte».
Que la crítica provenga de quien fue durante años el principal referente político del espacio gobernante agrega una dimensión que trasciende el conflicto laboral y se instala de lleno en la disputa política del peronismo y el progresismo local.
Una disputa que largamente trasciende las fronteras de Morón, claro está. Como todo el mundo ya lo sabe.
Un conflicto que trasciende los telegramas
La controversia por los ceses no aparece aislada.
Llega después de meses marcados por una creciente fragmentación política, donde el oficialismo perdió cohesión interna, debió afrontar un Concejo Deliberante mucho menos equilibrado y comenzó a enfrentar cuestionamientos provenientes de dirigentes que hasta hace poco compartían el mismo espacio político.
La presentación del Sindicato de Trabajadores Municipales abrió el conflicto gremial. El pronunciamiento de Fuerza Patria lo trasladó al plano legislativo. Y las declaraciones de Sabbatella terminaron por darle una dimensión política difícil de minimizar.
Más allá de cuál sea el desenlace administrativo de los 170 ceses, el episodio deja expuesto un dato que empieza a repetirse con frecuencia en Morón: los problemas del Ejecutivo no provienen en su mayor parte desde la oposición, lo cual sería mucho más cómodo de afrontar y dar respuesta desde el entorno del intendente Ghi. La problemática se magnifica cuando queda harto claro que la mayoría de los problemas que afronta el Ejecutivo distrital, o bien nacen dentro del universo político que alguna vez sostuvo a la gestión. O bien son el producto de recurrentes errores auto-infligidos.
Y cuando las diferencias dejan de discutirse puertas adentro para hacerse públicas, el desafío ya no consiste solamente en administrar un conflicto, sino en recuperar una conducción política que hoy aparece sometida a una presión creciente y en inocultable declive.