Este lunes se vencieron los 60 días que tenía la administración Trump para mantener la operación militar en el Caribe sin la autorización del Congreso, tal como lo establece la resolución sobre poderes de guerra. A partir de ahora, Trump tendrá dos caminos: o detener la operación o justificar legalmente su continuación.
Desde la ONU advirtieron que los ataques lanzados desde principios de septiembre a supuestas narcolanchas, y que ya han dejado un saldo de más de 60 muertes, no tienen ninguna justificación. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos calificó dichas agresiones de «inaceptables», además de llamarlas «ejecuciones extrajudiciales». También solicitó que sean detenidas en forma inmediata y que se deben investigar esos ataques. Contempla la posibilidad que sus autores sean procesados y condenados.
Las naciones integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) manifestaron su rechazo al despliegue y las amenazas de Estados Unidos, y defienden a esta región como una zona de paz.
Tan solo el gobierno de Trinidad y Tobago apoya estas maniobras. Pero tanto los actores políticos, como así también el resto de la ciudadanía de dicho país los rechaza, porque esta situación los ha afectado seriamente. Los pescadores ya no pueden salir a pescar, los familiares de las víctimas no son atendidos, y a todo esto se le suma que perdieron un importante acuerdo gasífero con Venezuela por las amenazas militares.
Desde los Estados Unidos, legisladores de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos solicitan más información. Desde el Departamento de Guerra admiten que no pueden revelar a quienes han matado, porque no lo saben.
La situación del conflicto también afecta al mercado petrolero. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el precio del petróleo aumentó luego de los informes publicados por el Miami Herald y el Wall Street Journal. Ambos aseguraban que era inminente un ataque contra Venezuela.
Con posterioridad a los informes, Trump salió a decir que no está considerando ataques contra Venezuela, e inmediatamente Marco Rubio acusó al Miami Herald de divulgar una historia falsa. En forma paralela, la directora de Inteligencia Nacional aseguró que la estrategia de cambio de régimen había terminado porque eso solo le había generado a Estados Unidos más enemigos que aliados.
El Senado estadounidense tiene prevista para esta semana una nueva votación en la que se buscará limitar los poderes de guerra de Trump, y evitar que ataque a Venezuela sin la autorización del Congreso. La votación anterior, la primera sobre este tema, fue hace un par de semanas, y no prosperó por tan solo tres votos de diferencia.
En Venezuela, tanto el Gobierno, como la Fuerza Armada y gran parte de la población, incluso la opositora se mantienen firmes en defensa del país. El presidente Maduro alerta que el plan de Estados Unidos es justificar una guerra para apropiarse del petróleo venezolano.
A su vez, Rusia reafirmó su sólido apoyo a Venezuela y aboga por la preservación de América Latina como una zona de paz. Esto es lo ocurrido hasta el momento. Habrá que ver cómo continúa el desarrollo.
Dado que Donald Trump notificó el 4 de septiembre al Congreso sobre el primer ataque a una supuesta lancha que transportaba drogas a EE.UU, el tiempo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 lo obliga a cesar sus operaciones. Al presidente se le agotó el tiempo, y la historia comenzó a enredarse
