Los sistemas agroalimentarios: Un nuevo embate para cambiar la ley de semillas en la Argentina

Usted, yo y todos aquellos que lean esta nota, cada día necesitamos alimentarnos para poder vivir, es decir cumplir con nuestras funciones vitales, aquellas relativas a sustentar nuestro cuerpo y espíritu.

En muchas ocasiones ignoramos no solo la procedencia de los alimentos sino además la complejidad e interacciones de actores y procesos, que van de la provisión de insumos hasta el consumo.

Los sistemas agroalimentarios están constituidos por una serie de fases interrelacionadas; la provisión de insumos como las semillas, los plaguicidas, los abonos, la producción en sí misma (desde la siembra a la cosecha),  la comercialización en diferentes tipos de mercados, la elaboración (por ejemplo las harinas, aceites, etc.), el transporte y el consumo en nuestros hogares. Estos sistemas están constituidos por diferentes productores, con diferente dotación de capital y organización del trabajo, diferentes modos de producción respecto a la sustentabilidad socioambiental, así como distintos modos de articulación entre sí.

Desde que los seres humanos comenzamos a ser agricultores/as, las semillas constituyen la base de los sistemas productivos y de alimentación, y si bien son miles los productores/as que  atesoran, conservan, intercambian sus propias semillas muchos otros dependen de su provisión por parte de empresas semilleras multinacionales para iniciar cada ciclo productivo. Asistimos a procesos de  concentración, extranjerización e integración de las empresas semilleras, es decir son cada vez menos y con más poder económico, son extranjeras y producen además de semillas diferentes tipos de plaguicidas y fertilizantes sintéticos.  

La Ley de Semillas vigente en la Argentina desde marzo de 1973 posibilita una mejora continua dado que, si bien otorga derechos al obtentor,  quien introduce una mejora evidente en una determinada variedad preexistente (por ejemplo, tamaño de un fruto), no impide que otros investigadores puedan tomar dicha variedad e introducir otras modificaciones. No hay derechos de patente. A su vez, la ley no imposibilita que los productores conserven sus propias  semillas, luego de la cosecha, para una nueva siembra (derecho de re-uso).

En los últimos treinta años las empresas semilleras han presionado a los gobiernos, a fin de introducir cambios que otorguen una mayor cantidad de derechos a los obtentores (y a las empresas) a fin de, por un lado restringir las posibilidades  de una mejora continua por parte de los productores e investigadores, y por otro de conservarlas e intercambiarlas entre productores. Históricamente las empresas no han estado solas: las acompañan algunos medios masivos de comunicación, como las radios Mitre, Continental y Rivadavia, así como los diarios Clarín y La Nación. 

Nuevamente asistimos a un embate a fin de que argentina modifique la ley de semillas y adhiera de UPOV ’91, teniendo como fondo la recreación de acuerdos comerciales con la Unión Europea así como los probables convenios sobre propiedad intelectual  con los Estados Unidos de América y el ingreso del país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV), ACTA 1991 busca proteger la propiedad intelectual de las empresas “dueñas de las semillas” extendiendo los plazos de protección que poseen, así como determinar limitaciones para que otros investigadores y productores puedan introducir nuevas mejoras. Asimismo se limitan las actividades por parte del sector público, relacionadas con el cultivo o distribución de semillas.

¿Cuáles son los argumentos que esgrimen las empresas para adherir a este sistema?

1- Se potencializara la investigación y mejorará el desarrollo genético de las variedades cultivadas. 2- se elevaría la productividad y  los rendimientos de los cultivos. 3- Se incrementarían las cosechas y se acabará con el hambre.4- Se elevaran los ingresos monetarios para los productores, elaboradores  y el estado, sin olvidar a las mismas empresas semilleras.5-Se incentiva la  inversión e innovación tecnológica por parte de investigadores y las empresas semilleras. 6- Se mejorará la adaptación y resiliencia al cambio climático.

Se requiere discutir a fondo como queremos mejorar los rendimientos agrícolas a partír de la sustentabilidad ambiental,  la equidad entre actores junto a las implicancias culturales y de derechos para aquellos pueblos y comunidades que han posibilitado una mejora continua en las semillas, que desde las variedades silvestres hasta las actuales son la base y sustento de nuestra alimentación.

Esta situación implica rediscutir algunos preceptos básicos.

1. El cambio de ley y la adhesión a UPOV implica restringir  una mejora verdaderamente continua y participativa acorde a las verdaderas necesidades de los habitantes de nuestro país y en la consecución de la soberanía alimentaria, a partir del trabajo de todos los actores sobre las características de las semillas y por ende en las plantas obtenidas.
2. En sentido amplio, no se valoriza el trabajo integral que han realizado las comunidades delos pueblos originarios y criollos que en diferentes territorio del planeta tierra han logrado  que las plantas silvestres pudieran cultivarse a partir de la observación, experimentación, cultivo y cuidado colectivo. Introduciendo mejoras evidentes en la productividad, la resistencia a enfermedades, el aprovechamiento del agua, etc.  No  se valoriza el aporte no solo en términos económicos sino también culturales. ¿si hay que pagar regalías por el re-uso de las semillas, cuánto de ese dinero corresponde a las comunidades que atesoraron, cultivaron y mejoraron esas semillas?
3. Los rendimientos productivos obtenidos a partir de la siembra de diferentes especies agrícolas son la expresión de varios factores. En este caso  además de las características genéticas de las semillas inciden las características y propiedades del suelo donde son sembradas (por ejemplo el contendedme materia orgánica y nutrientes), el clima en especial las lluvias y temperatura y sobremanera  el manejo productivo. En este caso es importante como y de qué manera los productores, a partir de sus propios conocimientos, han establecido diferentes modos y épocas de siembra,  modos de elaboración de abonos y de preparados para el manejo de insectos y enfermedades.   
4. La tecnologías no son neutras, por el contrario responden a los interese de aquellos que las recrean y difunden. Estas tecnologías si bien pueden ser eficientes en algunos aspectos, por ejemplo dimensiones económicas, pueden tener  efectos culturales, sociales y ambientales negativos. Vale recordar que no debemos tener “miedo “a la tecnologías sino realizar pertinentes, participativas y abiertas evaluaciones sobre su eficiencia, los aspectos económicos  y socio ambientales.
5. Restringir el derecho al re-uso merma la posibilidad de utilizar semillas propias obtenidas a partir de personales o colectivos sembradíos. Semillas que ya se pagaron. ¿Se nos puede obligar a pagar por las semillas que son nuestras?
6. Se debe repensar la asociación de ideas entre el desarrollo tecnológico, el progreso y el bienestar de todos los seres  vivos que cohabitamos el planeta tierra. Históricamente el progreso económico de algunos sectores de la población, a partir del uso de determinadas tecnologías, implicaron un retroceso en las condiciones laborales y en la calidad de nuestros alimentos.  

La discusión sobre la ley de semillas debe ser amplia, posibilitando la participación e involucramiento de todos los actores del sistema, incluidos nosotros, los consumidores, dado que no solo está en juego el acceso a los alimentos sino la calidad de los mismos.

Existen dimensiones alimentarias, espirituales, sociales en la valoración de las semillas recreadas por las comunidades de pueblos  originarios, recordando que no es lo mismo el valor que el precio. Se deben reconocer sus derechos y establecer un marco amplio que posibilite la innovación  por parte de sectores e instituciones del estado, como el INTA , las universidades, además de los productores y consumidores junto a sus propias organizaciones.