En los últimos números de huellas comentamos la acción de los ciudadanos del distrito de Pergamino, o por lo menos una parte de ellos, a fin de generar ordenanzas que pongan límites a la utilización de plaguicidas, protegiendo la salud humana.
Como ya se mencionó, el objetivo es lograr restricciones al uso de plaguicidas en el marco de un paradigma de producción agroecológico que integre a los seres humanos al ambiente y posibilite producir alimentos de alta calidad real. Este objetivo puede incluir varias fases.
Según los vecinos, un primer logro constituye el de posicionar un tema en las agendas políticas, en las discusiones de la comunidad y en los medios de comunicación local, de tal manera que se constituya en un problema socioambiental que amerite ser reconocido, tratado y analizado desde múltiples perspectivas y dimensiones, donde se requiere armonizar la producción de alimentos con la protección de la salud socioambiental.
Un participante de las acciones manifestó: “Todo el trabajo consiguió posicionar el problema, que se hable de los plaguicidas, aunque no se participe en actividades públicas o no estén dispuestos a denunciar ante la justicia”.
Las idas y vueltas…
Para llegar al estado actual de reglamentación en el uso de plaguicidas se requirió de varias acciones, dentro de un proceso de encuentros y desencuentros entre los actores participantes.
El primer proyecto, redactado y presentado por la asamblea de ciudadanos, proponía la prohibición de las aplicaciones de plaguicidas cerca de las zonas pobladas, estableciendo una distancia de 500 m para las que se realizan por vía terrestre y de 3.000 para las aéreas.
A fines de 2014, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe las pulverizaciones con plaguicidas a 100 metros de las zonas urbanas, previendo multas para quienes no cumplan con la reglamentación. La cuestión de las multas económicas que prevé la ordenanza, para quien infrinja la norma de no pulverizar en los 100 metros que rodean a las áreas urbanas, también ha suscitado resistencias por parte de los productores.
El texto final promovía la creación de una “zona de exclusión” (en la que se prohíbe aplicar cualquier producto) de 100 metros a partir del límite de la zona urbana, y una “zona de amortiguamiento” de 500 metros a partir del fin de la zona de exclusión (en la que solo se puede fumigar con productos clasificados por el SENASA como clase IV o banda verde).
Ante ese panorama, tres meses después, el intendente vetó el artículo que establecía el metraje de prohibición de las fumigaciones, proponiendo evaluar una restricción de 50 metros o menor, y lo elevó al Concejo Deliberante para un nuevo tratamiento. Luego de volverse a debatir, el proyecto de ordenanza fue aprobado con la redacción original, sin contemplar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.
El día 3 de abril de 2019, el juez Carlos Villafuerte Ruso prohibió las pulverizaciones a menos de 600 metros en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad, a partir de las investigaciones ya mencionadas en este artículo, efectuadas por la Dra. Virginia Aparicio del INTA.
El día 3 de septiembre de 2019, el mismo juez Carlos Villafuerte Ruso, del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a partir de nuevos estudios que arrojaron la presencia de daño genético en los seres humanos, realizados por la Dra. Delia Aiassa, amplió la zona de restricción al uso de plaguicidas al fijar un límite de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas.
Las miradas de los ciudadanos
Para los miembros de las organizaciones, la batalla cultural se ha ganado, dado que el tema de las problemáticas ambientales en general, y las aplicaciones de plaguicidas y su efecto en la salud en particular, es tema de conversación dentro de las comunidades y entre los ciudadanos. Así afirmaron: “cuando hablamos en la comunidad, con remiseros y almaceneros, en el diálogo reconocen este problema, pero falta afianzarlo… consolidarlo”.
La normativa vigente determina la prohibición de pulverizaciones en el distrito Pergamino y zonas urbanas, estableciendo un límite “restrictivo y de exclusión” de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas.
Según las personas entrevistadas, las disposiciones se cumplen, aunque algunos dudaron de que se haga un contralor efectivo en el territorio. Así se expresó una productora agroecológica del distrito: “en mi comunidad se cumple, los productores no quieren correr el riesgo de sanciones, aunque cuesta que se cumpla”, pero también se expresó: “a veces no se denuncia, nos callamos, porque a veces entendemos a quienes aplican venenos”.
Los entrevistados pertenecientes a la asamblea ambiental también manifestaron que hay que continuar con las actividades de sensibilización para que las normativas se cumplan efectivamente, incluso para avanzar en la prohibición de plaguicidas específicos como el herbicida 2,4-D.
Respecto a la estructura, fondos y personal asignado al contralor de la ordenanza, las personas entrevistadas, miembros de la asamblea ambiental, manifestaron que es insuficiente, dada la superficie bajo cultivo existente en el distrito, la cantidad de plaguicidas aplicados y la responsabilidad que deben asumir. Se destaca la necesidad de “una mejor articulación con las instituciones provinciales y nacionales, aprovechando conocimientos, personas y recursos económicos”.
Desde las autoridades municipales enunciaron las dificultades para realizar un control verdaderamente efectivo del cumplimiento de la normativa. Así se afirmó: “Es imposible para el Municipio tener un control exhaustivo de la zona; habría que poner un ejército de personal para esta tarea. El control es por parte del Ministerio de Agroindustria y del Municipio en relación a las recetas agronómicas que los ingenieros agrónomos están obligados a presentar de forma previa a la aplicación de cualquier agroquímico, a la cual la cautelar del Juzgado Federal alcanza”(1).
Las dificultades
Una de las dificultades que encuentran las organizaciones es la de enfrentarse con las políticas públicas nacionales y provinciales, enmarcadas en la promoción de la producción agraria basada en monocultivos de cereales y oleaginosas, dentro del marco de un modelo de desarrollo extractivista.
Se han generado instrumentos desde las políticas que favorecen la liberación de semillas transgénicas, junto al registro, comercialización y utilización de plaguicidas altamente peligrosos. Entonces, pareciera que las organizaciones van a contramano de lo que necesita el país para iniciar un sendero de desarrollo basado en la exportación de granos.
Al interior de los municipios, una dificultad relevante es la falta de un ordenamiento territorial actualizado. En ocasiones, las ordenanzas que determinan la utilización del suelo y la localización de industrias y las residencias de la población son obsoletas y no tienen en cuenta los cambios operados en las zonas periurbanas respecto a los asentamientos humanos y las actividades productivas.
También entre las dificultades se hallan la baja sensibilización y la falta de información respecto al efecto de los plaguicidas en aquellos que ocupan cargos electivos o administrativos en los municipios, aspecto que impide llevar adelante soluciones integrales.
Así se expresó: “Reconocen que hay problemas de salud, pero no se adjudican a los plaguicidas” o “hay una negación del problema, no se toma conciencia de ello”. También: “debemos conectar más el accionar de los fitosanitarios, su toxicidad y su efecto en la salud… hacer más campañas, más informes, ponerlo en la agenda sin descuidar los aspectos productivos”.
Otro factor es la escasez de tiempo y recursos económicos para llevar adelante las actividades de monitoreo, sensibilización y capacitación. Así nos dijeron: “La falta de tiempo atenta con la capacidad del grupo de realizar más actividades. Mayormente, todas y todos tienen empleos y familias, situaciones que insumen mucha energía personal”.
También se afirmó que “dependemos del agro, es un pueblo agrícola… quien no tiene un familiar trabajando en las empresas”. Igualmente, es escaso el apoyo desde las políticas públicas para llevar adelante emprendimientos de tipo agroecológico.
Las organizaciones destacan la dificultad de presentar y recorrer predios con producciones agroecológicas sustentables y viables, de tal manera que los productores convencionales las tomen como ejemplo a seguir.
Está claro que el modo de organización, su persistencia y los vínculos creados dependerán de todos y de cada uno de los miembros, en este caso, de la historia particular de las personas, sus intereses, sus tiempos de trabajo, su cosmovisión respecto del ambiente y la relación establecida con los bienes comunes naturales, su lugar de trabajo, su estado de salud, etc.
No está de más aclarar que, mientras algunos pueden involucrarse en dichos procesos no solo generando ideas sino “poniendo el cuerpo”, otros lo hacen participando en las acciones.
[1] https://laopinionpergamino.com.ar/nota/-40439/2019/09/para-el-municipio-la-ampliacion-de-la-restriccion-territorial-ldquodejo-de-ser-razonablerdquo