La funcionaria narco prófuga sacude al Municipio de Morón, mientras Lucas Ghi intenta despegarse del escándalo y la oposición busca llevarlo al banquillo político.
De vez en cuando la vida
Afina con el pincel
Se nos eriza la piel, y faltan palabras
Para nombrar lo que ofrecen
A los que saben “usarla”…
Hay noticias que duran un día. Y hay otras que se convierten en una radiografía brutal del Estado, cuando la realidad decide arrancarle el maquillaje institucional a los discursos de ocasión. En Morón, el hallazgo de cocaína en robusta cantidad, armas y elementos de fraccionamiento en el domicilio de una funcionaria municipal terminó detonando algo más grande que una causa penal: dejó expuesto el tembladeral político de una gestión que ahora corre detrás de los hechos con matafuegos discursivos.
La protagonista del escándalo es Luna Suyai Ortigoza, hasta hace días directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio. Hoy está prófuga, con pedido de captura vigente, acusada de integrar junto a su pareja una estructura ligada al narcomenudeo que operaba en Castelar Sur.
El operativo de la Policía Federal, realizado el 22 de mayo tras una investigación iniciada por una denuncia anónima, incluyó seis allanamientos y terminó con el secuestro de más de un kilo y medio de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, celulares y un revólver calibre 32. Un combo bastante lejano a la sencilla imagen de militancia territorial que suele exhibirse en las fotos oficiales.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°9 de Morón y avanzó después de meses de tareas de inteligencia. Cuando los agentes llegaron a buscar a Ortigoza, ya no estaba. Tampoco su pareja, Ángel Daniel Paz, también con pedido de captura. Desde entonces, el Municipio ensaya una coreografía clásica del manual de supervivencia política: sorpresa pública, indignación televisada y una velocidad administrativa que jamás aparece para tapar baches, pero sí para despegar responsabilidades.
Lucas Ghi rompió el silencio en distintos medios y aseguró haber dado la orden de que “nada ni nadie interfiera” en la investigación judicial. La funcionaria fue desplazada de inmediato. El intendente habló de “compromiso con la verdad”, de lucha contra las mafias y de “desterrar entramados oscuros”. Una narrativa épica que, por momentos, parece escrita por el departamento de prensa de una serie policial de bajo presupuesto.
El problema es que la historia no termina en un allanamiento. Porque Ortigoza no cayó del cielo ni apareció espontáneamente en un escritorio municipal como una humedad administrativa. Ingresó al Municipio en 2020, fue creciendo dentro de la estructura estatal y en 2025 fue designada directora de un área sensible. Su madre ocupa actualmente un cargo jerárquico en una UGC de El Palomar y su hermana trabaja políticamente en la órbita provincial.
La pregunta es cómo nadie vio nada, cómo nadie “vio” movimientos cuando menos, extraños. Y ni que hablar qué hacía una funcionaria con droga en su casa… O peor: cuánto se mira realmente dentro de ciertos circuitos del poder, no importa cuándo ni dónde lo leas o relaciones a esto.
Ghi intenta sostener la idea de que se trataba de una conducta ocurrida en el “ámbito privado”, como si las fronteras entre el Estado y las redes personales fueran una muralla china y no un tejido de relaciones políticas, familiares y militantes que se conocen entre sí desde hace años. El argumento tiene un problema de origen: cuando el escándalo explota, todos descubren de golpe que nadie sabía nada, nadie sospechaba nada y nadie tenía un mínimo indicio. Una epidemia súbita de amnesia institucional.
Mientras tanto, la oposición olió sangre política y decidió avanzar. Los bloques libertarios, sectores del PRO y otros espacios presentaron un pedido de interpelación para citar al intendente al Concejo Deliberante. Buscan explicaciones sobre el caso y pretenden convertir la sesión en un escenario de desgaste para el oficialismo, que ya no exhibe la solidez matemática de otros tiempos dentro del recinto.
La jugada no es menor. En Morón nunca abundaron las interpelaciones reales: suelen archivarse entre mayorías automáticas, acuerdos de pasillo y la elasticidad moral típica de la política municipal (y todas las demás también) argentina. Pero esta vez el escenario aparece más inestable. La fractura del bloque oficialista y el ruido interno le agregan tensión a una gestión que venía acumulando otros dolores de cabeza.
Porque el caso Ortigoza no es un rayo aislado. Hace apenas unos meses otra empleada vinculada al área de Seguridad había quedado detenida en una causa federal por extorsiones virtuales. Demasiadas casualidades para una administración que insiste en presentarse como víctima de hechos individuales. Y que enfatiza sostenerse sobre las banderas de la transparencia institucional.
La causa judicial seguirá su curso. Habrá que ver si Ortigoza finalmente se entrega, si aparecen nuevos involucrados y hasta dónde escala una investigación que ya dejó de ser policial para convertirse en un problema político de proporciones.
Frente a tamaña situación, sería de esperar que, lejos de verse empujado por presiones de la oposición o de “fuego amigo” a tales fines, el intendente municipal obrara de buen modo presentándose voluntariamente a dar su testimonio en el recinto legislativo distrital, y reencauzar esa área sensible con una renovación de autoridades, acaso consensuadas en este contexto con todas las fuerzas vivas allí presentes.
Ya nadie discute solamente una bolsa de cocaína. Lo que empezó como un allanamiento terminó revelando algo bastante más profundo: un entramado local donde los controles parecen funcionar mejor para repartir o denegar publicidad oficial que para detectar qué clase de actores políticos terminan ocupando cargos públicos.